un juzgado condena al ayuntamiento

Rivas (IU) paga 150.000€ tras acusar a su jefa de personal de discrepar con los sindicatos

La sentencia desmonta muchos de los argumentos del despido. La extrabajadora señala que su puesto debía quedar libre para "recolocar a determinados apoyos políticos". El Consistorio lo niega

Foto: Pedro del Cura (en el centro), alcalde de Rivas, en un mitin de IU. (EFE)
Pedro del Cura (en el centro), alcalde de Rivas, en un mitin de IU. (EFE)

Nueva condena al Ayuntamiento de Rivas, el último gran bastión de IU en la comunidad de Madrid. El juzgado de lo social número 19 acaba de condenar al Consistorio por el despido improcedente de la directora de Recursos Humanos de su principal empresa municipal, RivaMadrid. El Gobierno local deberá indemnizarla con 152.530 euros. Hace mes y medio, otro juzgado también declaró irregular el despido de un jefe de servicio, al que Rivas tendrá que pagar otros 93.093,83 euros. Los dos fueron despedidos el mismo día, el pasado 8 de junio. Además, son pareja. Las dos sentencias están recurridas. Si no prosperan, el municipio sumará un gasto de 245.000 euros, dinero que ya está consignado en el juzgado.

Marta V. S., que llevaba 17 años en la empresa pública y 11 en el puesto de dirección, asegura que fue despedida por los mismos motivos que su compañero, por no avalar el periodo de prueba de otro empleado, miembro de CCOO. "El Consistorio también me acusó de llevarme mal con los sindicatos, lo que no es cierto. El día que me comunicaron el gerente no me dejó ni recoger mis cosas, mi agenda profesional, mis libros y mis gafas y otros objetos personales que aún se encontrarán en mi despacho. Más de seis meses después, no he podido ni volver a buscarlas", señala. El Ayuntamiento alega que la echó por reiteradas falsas de asistencia (21 en seis meses), por no entregar a tiempo un reglamento de trabajo, y por permitir que su pareja cobrara dos trienios de más que no le correspondían.

Izquierda Unida gobierna en Rivas desde 1991. En las últimas elecciones, las de 2015, la formación se integró en una alianza con Equo bajo la marca Somos Rivas, obteniendo la alcaldía con siete concejales. Podemos, bajo la marca Rivas Puede, quedó en segundo lugar obteniendo seis ediles. Aunque en un primer momento no entró en el Gobierno local, Rivas Puede decidió integrarse en el equipo municipal en mayo de 2017. Una concejala de IU, Sira Rego, es la consejera delegada de RivaMadrid, que se encarga de la limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de jardines. Sira Rego es también militante de CCOO.

Rivas también se ha hecho famoso por ser el municipio que inició el proceso judicial para que sea el banco y no los clientes quien pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, un largo camino que desembocó en todo un terremoto jurídico, político y social, que obligó al Tribunal Supremo a pronunciarse dos veces y al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar la legislación hipotecaria.

La concejala Sira Rego, en un acto de RivaMadrid.
La concejala Sira Rego, en un acto de RivaMadrid.

Marta entró en la plantilla de Rivamadrid en mayo de 2001 como auxiliar administrativo, ocupando diferentes puestos en el departamento de Recursos Humanos hasta alcanzar la dirección hace 11 años. Hasta que el 8 de junio de este año, cuando el Ayuntamiento le comunicó que la despedía alegando cinco causas disciplinarias. La primera, que había cometido 21 faltas injustificadas entre diciembre de 2017 y mayo de 2018. Solo en ese periodo. No antes en sus 17 años en la plantilla. La segunda causa es que, de repente, el Ayuntamiento descubrió que Óscar, su pareja y jefe de edificios de Rivamadrid, estaba cobrando dos trienios de más porque aparecía como si trabajara en la empresa pública desde junio de 1995, cuando realmente ingresó en julio de 2001. El Consistorio no se había dado cuenta en los 17 años anteriores.

La tercera fue que Marta no había entregado a tiempo el reglamento para regular la bolsa de trabajo de la empresa pública, un trabajo que le había solicitado su superior, Sira Rego. La cuarta, la desatención de sus obligaciones, "creando un clima de conflictividad social" con los sindicatos. La quinta y última, "la existencia de irregularidades en el proceso de promoción" del sindicalista que no consiguió la plaza. El Ayuntamiento consideró que Marta tuvo una "gestión hostil y arbitraria" en este asunto. Para la exdirectora de recursos humanos, así como para su pareja, este último punto es el meollo de la cuestión. "Las otras causas se crearon para enmascarar el principal motivo, que el miembro de CCOO, compañero de la consejera delegada, no pasó el periodo de prueba".

La sentencia judicial, fechada el pasado 23 de noviembre, desmonta muchos de los argumentos municipales. El juez señala que Marta no realizó la evaluación de ese trabajador, miembro del comité. "No se ha acreditado debidamente la existencia de una actuación tendente a perjudicar indebidamente a esa persona ni una ocultación de la decisión que se iba a tomar en relación al mismo". El Ayuntamiento la acusó de una gestión "hostil y arbitraria", que provocó que el trabajador afectado y su sindicato, CCOO, presentara una demanda por tutela de derechos fundamentales, demanda que al final no prosperó porque el sindicalista terminó ocupando el puesto.

CCOO presionó tanto que consiguió incluso que la empresa pública creara una comisión de investigación para ver qué había pasado. "¡Una comisión de investigación! Nunca había visto que se creara una comisión cuando otros trabajadores no han pasado el periodo de prueba, ni el pasado ni después de este caso, y los sindicatos nunca han reclamado este extremo en hechos similares", señala Marta. La propia consejera delegada de Rivamadrid es de CCOO. El trabajador, por su parte, logró que repitieran el proceso de evaluación y ha conseguido ya el puesto.

Uno de los camiones de limpieza de la empresa pública RivaMadrid.
Uno de los camiones de limpieza de la empresa pública RivaMadrid.

En cambio, todos fueron problemas para Marta. El Ayuntamiento la acusó de desatender sus obligaciones, "generando una problemática laboral y sindical muy graves para la compañía". Lo que para el juez no ha quedado demostrado. "Si bien es perfectamente entendible (y no tiene por qué ser ilegítimo) que entre una dirección de RRHH y los sindicatos existan discrepancias, dado que ambos defienden intereses contrapuestos en la relación laboral, lo que estimo que podría ser causa de despido es que ese enfrentamiento hubiese sido deliberada e injustificadamente buscado, actuando, además, en contra de los criterios de la empresa. No se ha probado que ese sea el caso, máxime si se aprecia que durante el mandato la directora de RRHH se ha suscrito un nuevo convenio colectivo".

La sentencia señala además que Marta no desobedeció a su superiora, la concejala Sira Rego, en la elaboración del reglamento de la bolsa de trabajo. "No se aprecia en este punto una desobediencia a las instrucciones de la consejera delegada que pueda permitir el despido de la actora". Y también la exime de ser la responsable de que por error Óscar (el jefe de servicio despedido) estuviera cobrando trienios que no le correspondían. En primer lugar porque cuando empezó a cobrar de más, en 2010, no eran pareja. Y en segundo lugar porque la encargada de realizar las nóminas declaró en sede judicial que Marta no le dio instrucciones para realizar ese incremento. Como la plantilla es de más de 500 trabajadores, la exdirectora de RRHH no tenía por qué conocer ese error, "al no ser lógico esperar que la responsable de RRHH comprobase en ese listado la antigüedad de todos y cada uno de los trabajadores". Si hubo negligencia, señala la sentencia, es una "falta no sancionable con el despido".

Lo único que admite el juez son las ausencias al trabajo, que "no pueden ser calificados como una falta muy grave". En rigor, señala la sentencia, "durante los días indicados en la carta de despido la demandante no faltó al trabajo, sino que o bien llegó tarde (en dos ocasiones) o bien abandonó el trabajo, volviendo después en 17 ocasiones y no haciéndolo en otra más". En consecuencia, no puede justificar el despido Marta. "Por el cargo que ocupaba debía realizar funciones fuera de la oficina, pues una de mis principales labores era la asistencia letrada de la empresa, pero puesto que no se me dejó acceder a mi agenda profesional no pude justificar donde me encontraba en esos días que me imputan falta de asistencia", asegura Marta

"Mi impresión personal de este asunto es que llegado el momento de saldar deudas políticas antes de las próximas elecciones municipales, existe la necesidad de recolocar a determinados apoyos políticos, y para ello hay que hacer hueco dentro de la esfera pública, aun a pesar de utilizar patrimonio y dinero de todos los ciudadanos de Rivas para ello". Jorge Rochet, gerente de RivaMadrid, señala por su parte que han recurrido la sentencia "porque lo que se discute ahora es la gravedad de los hechos, no que no se cometieran. La sentencia no dice que no hubiera irregularidades, sino que no las califica de muy graves. Por eso no anula el despido, solo lo declara improcedente".

Jorge Rochet, gerente de RivaMadrid, señala que han recurrido "porque lo que se discute ahora es la gravedad de los hechos, no que no se cometieran"

Rochet afirma que la dirección de recursos humanos es un puesto de confianza, de libre designación, "y que con las faltas e irregularidades que cometió no puede seguir trabajando". Niega que se trate de una venganza política, sino un tema estrictamente laboral. "Ella ha intentado negar y tapar unos hechos muy graves, como son encubrir una subida salarial irregular de un trabajador".

El Confidente

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