El candidato del PP que convirtió el chalé de sus padres en comisaría local por 72.000€

José María Fernández Fernández es el candidato del PP en el municipio madrileño de Serranillos del Valle (4.000 vecinos). Aspira a ser alcalde en un ayuntamiento al que lleva vinculado 16 años, primero en tareas de gobierno (edil de Festejos entre 2003 y 2011) y después en la oposición (2011-2019). En 2007, su entonces jefa de filas, la exalcaldesa Olga Fernández (condenada por la Audiencia Provincial de Madrid en noviembre de 2016 por comprarse dos bolsos con la Visa municipal), firmó un contrato con los padres de su concejal para instalar la comisaría de Policía Local en un chalé propiedad de la familia Fernández Fernández.

El contrato, al que ha tenido acceso El Confidencial, se firmó el 1 de octubre de 2007 entre la regidora y los padres de su edil de Festejos por un periodo de cinco años. El objetivo era instalar en el número 27 de la calle Madrid una comisaría local, ya que el municipio contaba entonces con 10 agentes. El precio se fijó en 14.424 euros anuales, distribuidos en 12 pagos mensuales. La comisaría estuvo tres años funcionando sin licencia de primera ocupación, ya que esta no se concedió hasta el 11 de junio de 2010. Olga Fernández perdió la alcaldía en 2011 tras un pacto entre el PSOE y los independientes de Antonio Sánchez Fernández, que tuvo que dejar el cargo en 2014 tras ser imputado en el caso Púnica.

Con nuevo Gobierno local, el ayuntamiento decidió finalizar el contrato en octubre de 2012. El consistorio se comprometió entonces a derribar los calabozos que se habían levantado en el chalé y su desescombro. También a reponer las puertas que había en el inmueble y que se cambiaron cuando llegaron los agentes y "tapar los agujeros realizados en las paredes del local, tanto interiores como exteriores, utilizando materiales de características de modo tal que la fachada quede lo más similar al actual", reza el acuerdo que se firmó entre el ayuntamiento y el padre del edil, que en 2012 había pasado a la oposición.

Es decir, que no solo los padres de Fernández recibieron 72.000 euros del ayuntamiento por el alquiler de su chalé entre 2007 y 2012, sino que además el consistorio luego tuvo que realizar obras para dejar la casa como la había encontrado. Fernández, en declaraciones a El Confidencial, asegura que no ve nada extraño en que el Gobierno del que formaba parte alquilara a sus padres esa casa. "Era el único inmueble en esos momentos en el municipio que cumplía los requisitos para instalar la comisaría. Además, la operación contó con el visto bueno del secretario".

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La familia del edil no solo hizo negocio en el número 27 de la calle Madrid. En el número 31, sus padres tenían una parcela que vendieron a una promotora privada para la construcción de chalés. Obras que consiguieron la pertinente licencia municipal. Pero este mismo mes de mayo, un informe del secretario del ayuntamiento detectó "incidencias en el conjunto de expedientes que se tramitaron y aprobaron". Lo que pasó es que para sacar mayor edificabilidad se sumó el porcentaje que correspondía a una parcela colindante —el número 29 (también propiedad de los padres)— a la del número 31, para construir así más pisos de los que legalmente se podían levantar.

Al final se construyeron 26 viviendas, de las que el concejal Fernández es propietario de una. Según el informe del secretario municipal, "la realización de esta transferencia de edificabilidad supone la adquisición de beneficios y derechos que no están previstos por las leyes. Por tanto, la misma debe considerarse como sujeta a un vicio de nulidad". Casualmente, el concejal fue empleado de la promotora de los pisos. "No lo oculto. Trabajé varios años de auxiliar administrativo y comercial, pero yo no trabajé en concreto en la promoción de estos pisos". Fotos a las que ha tenido acceso este diario muestran que el móvil que se anunciaba en esta promoción para que llamasen compradores interesados es del concejal. Además, los arquitectos municipales que aprobaron el proyecto trabajaron luego para la promotora.

El exceso de edificabilidad ha provocado que los propietarios no disfruten de las zonas comunes y verdes que les corresponderían según el plan urbanístico del municipio. De momento, las viviendas, vendidas y ocupadas, no corren ningún riesgo. El informe del secretario, fechado el 13 de mayo, señala que "teniendo en cuenta la aprobación de estos expedientes [2007], la prescripción de acciones de nulidad de la licencia y la existencia de terceros de buena fe obligan a informar que la declaración de nulidad de la licencia de parcelación, el estudio de detalle y del proyecto básico no debería ser ejercitada".

El Gobierno local (una coalición de los independientes Transparencia y Democracia y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos) informó el pasado 14 de mayo a todos los propietarios de que sus viviendas quedan en un vacío legal que se denomina "fuera de ordenación" hasta que se puedan legalizar a través de un nuevo plan urbanístico. No se les podrá conceder ninguna licencia más allá de las básicas para mantenimiento, y se comunicará al Registro de la Propiedad la nueva circunstancia de las viviendas, lo que obviamente reduce mucho su valor de venta. Los bancos no suelen tasar inmuebles que están fuera de ordenación.

José María Fernández asegura "que el ayuntamiento saca ahora esto para perjudicarme electoralmente. No entiendo que si el ayuntamiento conoce esto desde julio de 2018, el alcalde convoque a los propietarios el 14 de mayo por la tarde, días antes de las elecciones y cuando yo presentaba mi candidatura. Si se ha cometido algún error, yo no soy el responsable, seré un afectado más como propietario". Fernández insiste en que el no vendió estos pisos, aunque trabajaba para la promotora, y que el informe del secretario está equivocado. "¿Por qué entonces los bancos han concedido préstamos o el ayuntamiento ha empadronado a los vecinos, o cobra los impuestos de las viviendas? Todo es una maniobra política por las elecciones, orquestada contra mí. He puesto este tema en manos de mis abogados. Tengo la conciencia tranquila".

Desde el ayuntamiento, señalan que hasta la fecha no se había actuado porque nadie había informado de ello hasta ahora, y que todo se destapó cuando uno de los propietarios pidió una licencia para arreglar una chimenea. Es entonces cuando el secretario municipal, un funcionario habilitado nacional, hizo el informe jurídico. El actual equipo de gobierno está haciendo una ronda de conversaciones con el resto de partidos que se presentan a los comicios para solicitar al PP la retirada del candidato "que quiere volver a gobernar para hacer este tipo de jugadas lucrativas".

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Para rizar más el rizo, la promotora de los pisos, Promociones Inmobiliarias de Griñón, tiene como accionista a José Manuel Egea Cáceres, el candidato de Ciudadanos en el municipio madrileño de Leganés y número 62 de la candidatura de la formación naranja para la Asamblea de Madrid. Es uno de los referentes de Ciudadanos en la región y uno de los grandes deportistas de este país. Ha sido siete veces campeón del mundo de kárate y 13 veces campeón de Europa. Egea tiene el 20% de las acciones desde el 28 de septiembre de 2011. El juzgado de instrucción número 4 de Navalcarnero investiga esta empresa por fraude fiscal y tiene imputado a Egea por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

El pasado judicial de Serranillos

Serranillos del Valle tiene un pasado judicial y mediático muy importante. En julio de 2018, por ejemplo, el Tribunal Supremo ratificó la condena de seis meses de prisión y multa de 450 euros impuesta a Olga Fernández, exalcaldesa del municipio, por un delito de malversación. La ex regidora compró con una tarjeta Visa Oro, de la que era titular dicho ayuntamiento, dos bolsos en una tienda de la calle Serrano por importe de 370 euros. El Confidencial también publicó que su padre, que también fue alcalde, pagó con dinero público un máster a su hija.

Serranillos también ha sido escenario de la trama Púnica. El sucesor de Olga Fernández en la alcaldía, el independiente Antonio Sánchez Fernández, es uno de los imputados por la Audiencia Nacional. La trama campó a sus anchas en la localidad, amañando un contrato de eficiencia energética que hipotecó a la ciudad (4,7 millones durante 15 años) y falseando facturas para pagar el servicio de deportes, adjudicado a una de las empresas del cabecilla, David Marjaliza.