El doble rasero de Panamá con los retrasos y sobrecostes en sus grandes obras del Canal

El pasado viernes, con tres años de retrasos y un coste un 20% superior al inicialmente esperado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) inauguró el conocido como Puente del Atlántico, una faraónica obra que las autoridades del país centroamericano adjudicaron a un consorcio liderado por la francesa Vinci en octubre de 2012.

Entonces, el monto final de la obra se presupuestó en 377 millones de dólares, cifra muy inferior a los 454 millones de dólares que han terminado pagando las autoridades panameñas, y se determinó como fecha prevista de culminación de la obra el año 2016.

Cuando adjudicó el proyecto al consorcio francés, la ACP se vanaglorió de que el grupo de Vinci había hecho una oferta inferior a la del presupuesto oficial, según recogen las hemerotecas, arma con la que consiguieron desbancar al grupo español Acciona-Tradeco, que había puesto sobre la mesa 386 millones de dólares, y a Odebrecth-Hyundai, que ofertó 429 millones.

Al final, la ACP ha terminado pagando mucho más de lo prometido por cualquiera de estos consorcios, hechos que chocan frontalmente con su postura en el arbitraje por la obra del tercer juego de esclusas del Canal, proyecto de dimensiones y complejidad muy superiores a este.

Sin embargo, lejos de admitir que la infalibilidad no es una de sus virtudes, la ACP está intentando volcar toda la responsabilidad en el consorcio liderado por Sacyr que hizo la obra. Una disputa que ha llevado a las dos partes a verse las caras en arbitrajes internacionales por la demanda de 5.200 millones en sobrecostes.