Muere un empresario de la Gürtel que llevaba tres años esperando ser juzgado

En junio de 2016, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decretaba la apertura de juicio oral de una de las piezas más importantes del caso Gürtel: los tejemanejes de la trama de Francisco Correa en el municipio madrileño de Boadilla del Monte: el magistrado procesaba a 27 personas y declaraba la responsabilidad del PP como partícipe a título lucrativo, ya que se benefició en distintos actos electorales por valor de 204.198,54 euros. El juez instructor también impuso a todos los acusados fianzas que suman 150 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil. Tres años después, no hay fecha fijada para el juicio de esta pieza de este importante caso y ya no se sentarán 27 personas en el banquillo sino 26.

Porque una de ellas, el empresario Rafael Naranjo Anegón, ha fallecido. El pasado 12 de septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaba el archivo definitivo de la causa contra Naranjo después de que su hijo, también procesado en esta pieza, acreditara correctamente que su padre había muerto. La Audiencia ha decretado su "total y definitiva extinción de su responsabilidad penal". En noviembre de 2016, hace casi tres años, el juzgado ya sabía que sería muy difícil juzgarle porque el empresario había enfermado y se le había diagnosticado "demencia sobrevenida".

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David Fernández

Fuentes jurídicas señalan que esta es una de las consecuencias de dilatar tanto una instrucción (el caso se destapó en 2009) y de prolongar tanto el comienzo del juicio una vez finalizada la investigación, que concluyó en 2016. Es decir, que por 'circunstancias de la vida' algunos de los procesados no se puedan sentar finalmente en el banquillo. Ya se dio por ejemplo el caso en esta misma pieza de Boadilla, cuando el juez De la Mata citó en 2015 como imputado a un exconcejal de Boadilla del Monte que llevaba varios meses muerto. Tuvo que deshacer su error y desimputarle por fallecimiento.

En el caso de Naranjo y su hijo, ambos están imputados desde julio de 2010 por haber pagado comisiones a la red de Francisco Correa a cambio de suculentos contratos en administraciones públicas. Todo ello antes de que vendieran Sufi, su empresa, a Sacyr. La red de Correa apodaba 'naranjito' a Rafael Naranjo y 'el niño del dinero' a su hijo Gonzalo. Sufi, en una UTE con la empresa FCC, se llevó la adjudicación del servicio de limpieza y mantenimiento de las calles que sacó a concurso el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuando era alcalde Arturo González Panero, alias 'el Albondiguilla', también procesado.

Boadilla era entonces 'territorio Gürtel'. Sufi se llevó el contrato en 2004 por 2,6 millones anuales por seis años. A cambio del contrato, Sufi pagó comisiones y distintos actos publicitarios que la empresa Special Events (de Francisco Correa) organizó para el PP de Madrid. La comisión pactada fue de 172.800 euros en efectivo y 84.818,47 euros mediante facturas falsas. La empresa Sufi también fue investigada en una de las derivadas del caso Gürtel que se investigó en Toledo. Sufi SA fue la adjudicataria del servicio de recogida de basuras que el Ayuntamiento de Toledo sacó a concurso en 2007 bajo mandato del alcalde José Manuel Molina (del PP).

Esta adjudicación, de 14 años de duración y un importe de 85 millones de euros, fue investigada después de que Luis Bárcenas declarara que Sufi donó al PP 200.000 euros a cambio de esta concesión. Según Bárcenas, la encargada de gestionar esa operación fue la entonces secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. En julio de 2015, Bárcenas aportó al juzgado el recibí de 200.000 euros emitido por el PP de Castilla-La Mancha. En la causa se dilucidó también si ese dinero se empleó para financiar la campaña electoral de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007. En junio de este año, la Audiencia Provincial de Toledo archivó definitivamente el caso.