Greenpeace se persona como perjudicada por el espionaje de Villarejo para Iberdrola

Greenpeace se personará este viernes ante el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional como parte perjudicada en la pieza del caso Villarejo en que se investiga el espionaje encargado al comisario. La organización ecologista quiere que se determine si la eléctrica pagó por seguimientos que encajarían con la comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Quiere así averiguar si la asociación y su entonces responsable de la campaña nuclear, Carlos Bravo, fueron espiados desde 2007 por el policía jubilado en el contexto de la campaña por el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).

Greenpeace menciona el denominado informe 'Front', en el que se señalaba a determinadas personas, como Bravo, como una posible amenaza para la central nuclear de Cofrentes. A la vista de informaciones como la publicada en este medio, donde se apuntaba a que la eléctrica contrató presuntamente al policía en 2007 para averiguar si dos representantes sindicales de su central nuclear de Cofrentes (Valencia) habían filtrado a organizaciones ecologistas un informe interno que admitía importantes deficiencias en distintas áreas de la instalación de la central, la asociación reclamó mantener un encuentro con el presidente Ignacio Sánchez Galán.

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Se requirió una explicación sobre las noticias aparecidas en los medios y se exigió a Iberdrola un desmentido público sobre su implicación en el espionaje a los activistas de Greenpeace que luchaban por el cierre de nucleares como la de Cofrentes. Propusieron como gesto que la eléctrica demandase a Villarejo. "Desafortunadamente, no han fructificado las gestiones realizadas con la consejera delegada de Iberdrola España para celebrar esa reunión", indican fuentes de la organización, que agregan que esta negativa desencadenó la decisión de personarse en los tribunales para que se investigue la relación entre Villarejo e Iberdrola, con el fin de esclarecer hechos que tachan de muy graves.

“Es incomprensible e inaceptable que Iberdrola no haya demandado a Villarejo con la misma rotundidad con que sus servicios jurídicos y la misma empresa siempre han actuado contra Greenpeace para salvaguardar la imagen de la seguridad de sus plantas nucleares en general y la de Cofrentes en particular, o para dañar a quienes denunciaban sus centrales de carbón, como la de Pasaia. Especialmente durante los años 2007 hasta 2015. No se entiende muy bien que no hayan hecho lo mismo en este caso. Al menos por decencia y salud democrática”, indica Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

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“Resulta demoledor enterarse de que a una empresa como Iberdrola se le acuse de recurrir a actividades presuntamente ilegales como el espionaje y el hostigamiento a ecologistas y sindicalistas para evitar las críticas a la peligrosidad de las centrales nucleares y que no haga nada al respecto. Personalmente, considero que la actuación de Iberdrola en este asunto es inadmisible, deleznable y absolutamente antidemocrática”, manifiesta, por su parte, Bravo.

En opinión de Greenpeace, los casos de espionaje y acoso a quienes trabajan por la justicia social y ambiental suponen una alarmante merma de la calidad democrática de nuestro país y debilitan la credibilidad de nuestras instituciones. "Por ello, resulta imprescindible que las organizaciones sociales puedan ejercer su labor con garantías de que las grandes empresas como Iberdrola juegan limpio, asumiendo con naturalidad e higiene democrática su exposición al escrutinio de la ciudadanía", indican.