Trampas y ambigüedades del PP con la reforma de la Constitución

“Gobernar es hacer creer”, sostenía Maquiavelo. Mariano Rajoy ha hecho creer en varias ocasiones que estaba dispuesto a abordar la reforma de la Constitución, pero siempre su ambigüedad ha quedado convertida en maniobras para ganar tiempo. En contra de lo que podría parecer, la relación histórica del PP con los cambios constitucionales no es una historia de coherencia o de caminos rectos.

El último episodio es el de Pedro Sánchez, que anunció en octubre su compromiso con Mariano Rajoy para poner en marcha una comisión en el Congreso que terminaría en una reforma constitucional. Pero a la hora de la verdad, el líder socialista se ha quedado colgado porque el presidente del Gobierno y su partido han enfriado esa perspectiva de primer cambio constitucional profundo, 39 años después de la aprobación de la Carta Magna.

No es la primera vez que Rajoy y el PP juegan con la ambigüedad de la reforma constitucional, que dan a entender que apoyan o proponen, aunque, finalmente, siempre acaban rectificando.

Solo culminaron con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero la reforma limitada y exprés del artículo 135 en agosto de 2011 por exigencia de la Unión Europea y los mercados.

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Cronológicamente, esa relación llena de sobresaltos de Rajoy con las reformas constitucionales se inicia en 2006, cuando el PP hacía oposición a Zapatero. En una convención que coordinó Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta del Gobierno, los populares llegaron a aprobar un documento en el que se proponían hasta 14 reformas constitucionales muy concretas.

Por ejemplo, el PP de Rajoy proponía elevar a dos tercios la mayoría para modificar los estatutos de Autonomía; incrementar la mayoría para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial; fijar un núcleo de competencias exclusivas e intransferibles; clarificar las competencias del Estado en materias esenciales para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes, y modificar el artículo 150.2 para eliminar el supuesto de transferencia de competencias, entre otras reformas.

Luego, el PP olvidó esa propuesta y otras, como una apuntada en junio de 2011 por Sáenz de Santamaría para hacer vitalicio el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Esos cambios de posición los mantuvo el PP también en 2006 cuando Zapatero inició un intento de reforma constitucional muy limitada referida a eliminar la prevalencia machista en la sucesión de la corona, fijar el nombre de las comunidades, incluir menciones a Europa y cambiar el Senado. El Gobierno de Zapatero llegó a solicitar informe al Consejo de Estado y esta institución, presidida entonces por Francisco Rubio Llorente, emitió un documento muy detallado de análisis de las propuestas y sugerencias como el cambio de la regulación de las competencias estatales y autonómicas.

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El 27 de enero de 2006, Rajoy dijo en Roma: “El Consejo de Estado acierta y yo le apoyo”. El líder del PP dijo que ese informe le dejaba “muy reconfortado", porque recogía "algunas de las tesis que he defendido a lo largo de los años”. Rajoy resaltaba que "las reformas constituciones y estatuarias deben hacerse de acuerdo entre los grandes partidos nacionales; no se puede reformar la Constitución desde un Estatuto de Autonomía; hay que fijar las competencias del Estado con mayor claridad en la Constitución, y no podemos estar en un proceso de debilitamiento del Estado y quitarle competencias permanentemente”.

Sin embargo, Zapatero metió aquel informe en un cajón porque Rajoy cambió luego de posición y trasladó al presidente del Gobierno y líder del PSOE que no apoyaba seguir con esa reforma.

Desde entonces, cada 6 de diciembre, en cada recepción en el Congreso por el aniversario de la Constitución, como líder de la oposición y luego como presidente del Gobierno, Rajoy ha repetido con ambigüedad que es partidario de reformar la Carta Magna si se tiene claro sobre qué y si hay el consenso de 1978. Es decir, que no quería tal reforma y así ha actuado. En su mandato con mayoría absoluta rechazó abordar el cambio constitucional.

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El siguiente hito se produjo en agosto de 2015. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se pronunció en una entrevista a favor de la reforma de la Constitución y días después, el 8 de agosto de 2015, a la salida de su encuentro con el Rey en Palma de Mallorca, Rajoy dijo estar dispuesto a que en la siguiente legislatura se estudiaran esos cambios de la Carta Magna. Expresamente, se refirió al informe del Consejo de Estado como base de esa reforma. Ahora estamos ya en esa legislatura y Rajoy ha vuelto al no. Nunca parece verlo oportuno.

Los primeros meses de 2016, Rajoy mantuvo reuniones con Javier Fernández, entonces presidente de la gestora del PSOE, en las que se abordó la posibilidad de esa reforma constitucional, con la idea de establecer límites previos. Luego desapareció la gestora socialista, ganó las primarias Pedro Sánchez y aquello se olvidó.

Poco después, en agosto de 2016, Rajoy firmó con Albert Rivera un documento con 150 medidas para que Ciudadanos apoyara la investidura del líder del PP. El punto 122 señalaba: “El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia. A tal fin, se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006”. Es decir, expresamente, se admite abordar la reforma constitucional, con un guion que se parece mucho al objeto de la comisión ahora creada en el Congreso.

En varios puntos de ese acuerdo de investidura está implícito ese compromiso, por ejemplo, para eliminar los aforamientos, modificar el funcionamiento del Senado o limitar los mandatos del presidente del Gobierno. Pero, de nuevo, Rajoy ha frenado luego su compromiso expreso de abordar la reforma constitucional.
Y en octubre lo ha hecho otra vez, al aceptar la comisión de estudio propuesta por Pedro Sánchez, para luego enfriar la expectativa y dejar en el aire otra vez la reforma constitucional.