El pasado 27 de octubre Carles Puigdemont no se atrevió a convocar elecciones. La noche anterior lo había acordado con sus 'consellers'; se lo había comunicado al lendakari, Iñigo Urkullu, en labores de mediador; había elaborado un discurso para hacerlo público y sus colaboradores habían detallado a Jorge Moragas, entonces jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, el borrador de decreto de convocatoria. Pero no se atrevió.

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La versión casi oficial es que no lo hizo por la presión de ERC, pero es más cierto que fueron los de su partido los que le hicieron dar marcha atrás. De hecho, esa mañana hubo dos dimisiones en su equipo. Lo que no hizo ERC fue atreverse a decirle en público que era un error no convocar esas elecciones, puesto que se había llegado a un punto en el que nadie mejoraba su posición. Unos días antes, Puigdemont tampoco se había atrevido a la proclamación formal de la república catalana en el Parlament y poco después tampoco se atrevió a oponerse al 155 y se marchó a pasear por Girona, camino de Bruselas, sin arriar siquiera la bandera española del Palau de la Generalitat, obviando la declaración de independencia votada en la Cámara autonómica, aunque fuera de manera simbólica.

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Estas semanas, dirigentes del PDeCAT y de ERC no se atreven a decir en público que Puigdemont debe dar un paso a un lado, porque necesitan nuevos dirigentes para el futuro. Los encarcelados se atrevieron a decirle al juez que han tomado nota de los errores y que no volverán a hacerlo, pero no se atreven a pedirle al 'expresident' que renuncie a una investidura imposible que, además, puede llevar a todos de nuevo a la cárcel. Quedan a la espera de la renuncia de Puigdemont, quien tampoco se atreve a apartarse porque perdería el foco mediático y la mitología del "exiliado sobre el que cae la legitimidad" de la Generalitat, con tentación, incluso, de forzar unas nuevas elecciones.

Este martes, Roger Torrent puede atreverse a desoír al Tribunal Constitucional, como hizo antes Carme Forcadell, y celebrar el pleno de investidura con Puigdemont de candidato, a riesgo de ser encausado y forzar el retorno a la cárcel de otros. Como primer paso, Torrent ha aplazado la investidura de Puigdemont a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva las alegaciones del candidato, previsto para hoy.

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También puede atreverse a suspender finalmente el pleno para no pasar la línea roja de la legalidad y proponer otro candidato para iniciar otra etapa, como sostienen (en privado) la mayoría de los dirigentes independentistas, incluyendo los encarcelados. Haría lo que (en voz baja) dicen los dirigentes del PDeCAT y de ERC y lo que se atrevió a decir Joan Tardà, aunque fuera corregido luego.

Mariano Rajoy ya se atrevió, entre otras cosas, a forzar al Tribunal Constitucional hasta mucho más allá de lo razonable. Y ha demostrado que se atreve a mantener el 155 hasta que sea preciso o a recuperarlo cuando haga falta. Los suyos se atrevieron a decir que no había urnas cuando ya se habían repartido por toda Cataluña y ahora se atreven a hacer el ridículo y especular sobre la caída del cielo de Puigdemont, tras su llegada en ultraligero al tejado del Parlament. Pero no se atreven a asumir responsabilidades por los evidentes errores del 1-O.

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También cientos de miles de catalanes se atrevieron a salir a la calle siguiendo la ilusión de la independencia e intentaron votar en "condiciones adversas" en un referéndum (ilegal), y todavía nadie se ha atrevido a decirles que no habrá república catalana, al menos a corto plazo. Que lo que les dijeron es inviable, al menos de la forma en que lo intentaron y que les llevó a la calle.

Como tampoco nadie parece atreverse a buscar soluciones definitivas, más allá de las medidas paliativas que se basan en considerar el soberanismo como una enfermedad para el Estado que obliga a tomar la medicina de vez en cuando si se manifiestan los síntomas, y se aprende a convivir con ella, con la resignación de admitirla como incurable.