Ciudadanos o la teoría de los fluidos

El partido de Albert Rivera ha ido modificando su posición sobre la prisión permanente revisable, desde la petición de derogación y la crítica a votar su mantenimiento

Foto: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su intervención en el consejo general del partido. (EFE / Víctor Lerena)
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su intervención en el consejo general del partido. (EFE / Víctor Lerena)

En física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, que fluye bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea, según aseguran los tratados.

Ciudadanos tiene una historia corta y aún carece de gestión, pero ya va acumulando literatura como para considerarlo un partido fluido, que carece de rigidez y que tiene las características necesarias para adaptarse al continente en que está en cada momento, es decir, a la realidad y al contexto.

Lo ha hecho así, especialmente en los temas de Justicia, en los que ha defendido diferentes posiciones sobre asuntos idénticos. Por ejemplo, en las generales de 2015 presentó un programa novedoso en el que defendía, nada menos, que el Consejo General del Poder Judicial se convirtiera en una institución unipersonal y, además, elegida por el Parlamento. Es decir, se resolvía la politización de la Justicia con una elección directa, con una persona no sometida a órgano colegiado alguno.

Luego olvidó esa propuesta 'revolucionaria' y firmó acuerdos con otras posiciones diferentes o abiertamente contrarias. Lo ha hecho también sobre la Fiscalía y sobre otros asuntos vinculados a la Justicia en los sucesivos programas, en los pactos de investidura con PSOE y PP y en las iniciativas y votaciones del Congreso. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza, entre otras muchas.

El caso más evidente es el de la prisión permanente revisable. "Derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal", decía textualmente el folio 56 del acuerdo que hace dos años suscribió Albert Rivera con Pedro Sánchez. Ya entonces estaba pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por los socialistas, pero Ciudadanos quería la "derogación inmediata" y sin esperar.

Luego lo olvidó en el acuerdo de legislatura firmado con Mariano Rajoy, pero recuperó su rechazo a esta pena el 10 de octubre de 2017 en el debate de admisión a trámite de la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable en el pleno del Congreso. De hecho, la intervención más dura ese día fue la de la portavoz de Ciudadanos Patricia Reyes, con un alegato que incluía frases como estas:

"Populismo punitivo; ya lo decía el señor Legarda (PNV). Así es como llaman algunos a esta medida que impusieron ustedes, señorías del Partido Popular, a golpe de mayoría absoluta. No es mal término, pero yo prefiero llamarlo demagogia punitiva... La prisión permanente revisable es demagoga".

"La prisión permanente revisable es demagoga hasta en su denominación, la llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que en realidad estamos frente a la cadena perpetua. Ustedes siempre justifican esta medida alegando que muchos países europeos la incluyen en su legislación y citan algunos como Austria, Bélgica, Italia o Alemania. Y sí, son países que la tienen y la llaman cadena perpetua, abiertamente, sin tapujos, pero curiosamente en dichos países esta pena es mucho más beneficiosa para el penado que en España, porque en España la prisión se podría revisar con unas condiciones durísimas transcurridos 25 o 35 años de cumplimiento, mientras que en el resto de países, esos que abiertamente la llaman cadena perpetua, se podrá suspender mucho antes, a partir de los 15 años. Además, ninguno de esos países incluye en su constitución la obligación de que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y la reinserción social".

"Si la pena es permanente, es inhumana; y si es revisable, es imprecisa. Por tanto, en contra del principio de humanidad, implícito en la reinserción social, y en contra también de los principios de seguridad jurídica y de legalidad".

"Ya se habían hecho varias reformas para el cumplimiento íntegro de las penas, que prevén 40 años de cumplimiento sin posibilidad de revisión para los delitos muy graves. Ustedes bien lo sabían, pero, claro, estaban en campaña electoral. Este tipo de iniciativas tienen un gran impacto mediático, tienen que ver con crímenes que han tocado lo más profundo de nuestro ser, que han hecho que nos movilicemos —terrorismo, asesinatos de menores—, son crímenes que conmocionan a la sociedad al completo. No juguemos con ese dolor, hay muchas víctimas".

"No debemos trasladar la falsa creencia desde el legislativo de que un endurecimiento de las penas se va a traducir siempre en una mayor protección y seguridad para la sociedad, porque esto no es así. La seguridad no depende exclusivamente de la severidad de las penas que amenazan a ciertas conductas. Algunos expertos de Instituciones Penitenciarias señalan que incluso puede producir el efecto contrario. Señorías, ¿qué queremos, venganza o justicia? La venganza no casa bien con la democracia".

"Recibió informes negativos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía. Incluso se redactó un manifiesto en contra firmado por más de 60 catedráticos de este país. La propia doña Consuelo Madrigal, la que ustedes nombraron fiscal general del Estado, se manifestó en contra de esta medida y, aun así, pudo más el interés partidista".

"Para finalizar, un ruego: respetemos nuestra Constitución, que es, entre otras cosas, la que nos ha proporcionado una convivencia pacífica entre españoles estas últimas décadas. No se crean superiores ni a ella ni a sus predecesores, no rompan esa paz que tanto costó construir".

Pese a ese radical rechazo, los diputados de Ciudadanos se abstuvieron, lo cual es una forma más de fluir, aunque su abstención permitió la admisión a trámite de la misma proposición de ley del PNV que se debate el jueves en el pleno.

Después de aquel día, a Ciudadanos ya no le vino bien este debate y unió sus votos en la Mesa a los del PP para congelar durante meses la proposición con sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas.

Hasta que ahora Ciudadanos ha vuelto a actuar como un fluido, se ha adaptado a la realidad y ha permitido la tramitación, porque le venía bien en la competición con el PP por sus votantes tradicionales. Acontecimientos trágicos han reducido la densidad del partido de Albert Rivera y el fluido, además, ha cambiado su posición para anunciar su voto en favor de lo que hace bien poco consideraba en la tribuna del Congreso como "venganza", "demagogia", "injusta" e inconstitucional. El argumento es que hay que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero antes no quería esperar y, además, puede haber medidas constitucionales que se consideran injustas o contra las que se pronuncia un partido para derogar. El Tribunal Constitucional aún no ha empezado a estudiar el recurso y no tiene previsión de hacerlo en breve.

El otro argumento es el de las encuestas, pero tampoco hay constancia de que cuando Ciudadanos pedía la "inmediata derogación" hubiera una mayoría en contra de una medida que nunca se aprobó ni cuando ETA asesinaba masivamente.

La fuerza que ha cambiado la forma del fluido es que el PP se ha lanzado a una reforma legal para ampliar a más supuestos la prisión permanente, aprovechando acontecimientos trágicos, y Ciudadanos ha entendido que no podía quedarse atrás.

El jueves, Ciudadanos votará por mantener la prisión permanente revisable. O cadena perpetua injusta, según dijo aquel día su diputada, que está por ver si vuelve a intervenir en nombre de su grupo.

Y está por ver si cuando llegue al Congreso la propuesta de Rajoy para ampliar los supuestos vuelve a cambiar su forma y lo apoya. Por el momento, lo que dijo la diputada Reyes en el Congreso en 2017 contra la prisión permanente coincide con el voto particular de los tres vocales progresistas del Consejo Fiscal en su informe consultivo a la reforma que promueve el Gobierno.

Por cierto, que el Código Penal debe ser la palanca de la que echan mano todos los gobiernos, porque no hay Ejecutivo en democracia que no lo haya tocado. La ley más reformada de la democracia, y siempre para endurecerla.

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El patio del Congreso

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