El imparable deterioro del Estado de Derecho: una urgencia informativa

Sin Derecho no hay economía. Punto. Y esto es así porque el Derecho provee los cauces por los que debe discurrir nuestra convivencia, lo que incluye toda la actividad económica, al menos la que es legal. El comercio es intercambio y sin él no hay posibilidad alguna de creación de riqueza. Pero exige y de manera ineludible un marco jurídico razonable, fiable y creíble.

La racionabilidad impone que las leyes sean justas, sensatas, lógicas: que sirvan efectivamente para el fin que se proponen que, en todo caso, debe orientarse hacia la procura del bien común. La fiabilidad por su parte demanda que la norma esté elaborada con un mínimo de calidad que le permita tener cierta estabilidad de modo que cualquier modificación resulte medianamente previsible. La riqueza no se crea de la noche a la mañana: lo que es más, suele requerir de una planificación a largo plazo, incluida la de inversiones con frecuencia multimillonarias y que no se olvide, tienen lugar en mercados globales donde los países compiten entre sí por atraerse los grandes capitales.

Finalmente, la credibilidad es el broche que cierra todo el sistema, haciendo que las normas jurídicas sean tales y no una mera apariencia para mayor autobombo del que gobierna. La credibilidad del sistema implica que las normas se apliquen efectivamente, de manera igual para todos y en su recto sentido, sin que se den por válidas interpretaciones difícilmente explicables más que por la averiguación de los intereses más o menos inconfesables a que sirven. La regla general debe ser el cumplimiento espontáneo y de buena fe del Derecho, también por parte del más poderoso. El ordenamiento está pensado para que el litigio y la imposición coactiva de las normas con toda la fuerza del Estado de Derecho sea una excepción fruto de un proceso con todas las garantías incluida la ausencia de dilaciones indebidas. Cualquier cosa contraria a todo esto hace que el sistema resulte simplemente insostenible a largo plazo.

Muchos de los problemas subyacentes a la actual crisis económica —incluido el hecho de que no se vaya a salir de ella fácilmente— hay que buscarlos en que nuestro vigente marco jurídico ni es razonable, ni es fiable, ni es creíble. Esta es una percepción que el ciudadano medio tiene cada vez más clara, en especial cuando resulta víctima de unas leyes injustas, inútiles o ineficaces y que llegado el momento resulta que no eran iguales para todos. Igual de dañoso que una mala legislación resulta el indecoroso proceder de las Administraciones públicas cuando expiden sin rubor actos administrativos manifiestamente contrarios a la ley, sea a sabiendas o debiendo saber de su ilegalidad.

Resulta entonces particularmente grotesco que estos actos gocen, como todo acto administrativo, de una presunción de legalidad, fundamento de su inmediata ejecutividad que respaldan las exorbitantes potestades de autotutela de la Administración, entre ellas el expeditivo procedimiento de apremio que le faculta para dirigirse de manera directa e inmediata contra el patrimonio de los administrados. Ocurre además que exigir el cumplimiento de la ley es con demasiada frecuencia un ejercicio costoso e inútil, vistas, entre otras cosas, el monumental atasco que pesa como una losa sobre nuestro sistema judicial. Sabedores de ello, quienes pudieren derivar alguna ventaja por dejar de cumplir con sus deberes y obligaciones, se sentirán inevitablemente tentados a ponderar el beneficio esperable por incumplir frente a la probabilidad de resultar efectivamente demandados y en su caso, condenados.

Todas éstas son circunstancias que los operadores económicos descuentan de manera más o menos consciente. Cada uno decide a su nivel: unos respecto de inversiones que podrían generar de miles de puestos de trabajo directos e indirectos; otros muchos respecto de simples opciones de consumo. El resultado final es que toda la economía se ve afectada, ralentizada, incluso paralizada. La prima de riesgo puede llegar a ser enorme.

Los juristas obviamente no son ajenos a esta realidad. Es cada vez más frecuente que un elevado debate doctrinal se vea abruptamente interrumpido por llamadas de atención sobre cuestiones absolutamente elementales que deberían estar ya superadas; o que un autor al abordar un tema jurídico lo haga sintiéndose obligado a dar la voz de alarma. El problema es que las muy enjundiosas observaciones que puedan hacer los estudiosos del Derecho rara vez traspasan el umbral del ámbito académico o de las revistas especializadas no aptas para legos en leyes.

Ello, empero, no resta un gramo de importancia a lo que estas personas tengan que decir. Cuando con su inmenso y profundo conocimiento y experiencia están exponiendo los peligros reales del panorama desolador que presenta una materia, parece que nadie les escucha… ¡y eso que su valiosísimo consejo es gratuito! Mejor dicho, siempre hay quien les escucha, pero ni de lejos llegan a ser suficientes oyentes como para que quien ocupa el poder sienta la presión de la opinión pública.

Con la idea de superar esta situación ha nacido en el seno de la Editorial Iustel una nueva revista de nombre “El Cronista (del Estado Social y Democrático de Derecho)”, iniciativa que lidera D. Santiago Muñoz Machado, destacadísimo jurista y Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Se trata, como dice este autor, de “movilizar el pensamiento sobre el Estado, para proteger las instituciones de los maltratos a que las someten aventureros e ignorantes”. El Cronista intentará, “modestamente… mejorar la comunicación de la clase de los juristas con quienes se ocupan de las políticas públicas y empresariales de interés general, hacen las leyes y las ejecutan y aplican…”, aspirando a caer sobre la mesa de legisladores, jueces, altos, funcionarios, abogados y todos quienes puedan tener alguna relevancia a la hora de proponer y decidir acerca de las políticas públicas.

En efecto, el hecho de que los juristas técnicos no tiendan a aparecer de manera habitual en los grandes medios de comunicación ha derivado en que “el Estado va por un lado y quienes han contribuido de manera decisiva a crear sus fundamentos teóricos y resolver sus problemas, por otro”, quedando desaprovechados unos valiosísimos conocimientos y experiencias.

El derecho y los medios de comunicación

“El pensamiento jurídico es, sin duda posible, el componente más relevante de la filosofía del Estado”, afirma Muñoz Machado con razón, si bien “la opinión sobre el Estado de Derecho ha sido secuestrada y es expresada únicamente en los medios de comunicación” que tienden a imponer, cierto que legítimamente, una determinada línea editorial publicando, cuando lo hacen, (casi) exclusivamente las opiniones de los juristas ideológicamente afines a cada medio. Sin embargo desde el punto de vista del debate racional esta no es en absoluto la mejor solución. El Cronista se plantea como un pluridisciplinar “observatorio de vigilancia” de los problemas actuales del Estado de Derecho. La única línea editorial que se impone “es la que resulta de la simple aplicación de los valores recogidos en la Constitución”.

Pero para que llegue a poder cumplir más plenamente su función a El Cronista le falta saltar, al menos en sus contenidos esenciales, a los grandes medios de comunicación. Como se decía, sólo el conocimiento por “la opinión pública” de las cuestiones que recoge El Cronista podrá forzar un cambio en la preocupante evolución de nuestro Estado de Derecho hacia su irremisible deterioro. En este sentido El Confidencial es un medio ideal: su perfil político plural, independiente, racional y de búsqueda de informaciones relevantes para los operadores económicos provee un escaparate óptimo para la exposición clara, sucinta, sencilla y ordenada de lo que tienen que decir nuestras mejores cabezas jurídicas, esas cuyos honorarios profesionales… no estarán jamás al alcance del ciudadano medio. Su amplísimo y profundo conocimiento del ordenamiento, su experiencia ante o al frente de juzgados, tribunales, altas magistraturas del Estado o en la Administración les coloca en un punto de observación absolutamente privilegiado. Aprovéchese pues la oportunidad que se ofrece de poder otear el horizonte desde el mismo acantilado: nada más racional, nada más prudente…

Lo dicho para El Cronista vale para tantas otras de nuestras estupendas publicaciones jurídicas tan frecuentemente fuera del alcance del lector común: sea por su difusión limitada o por la extensión y el carácter eminentemente técnico de sus artículos. Se intentará poner a disposición del lector interesado una serie de informaciones concretas, muy relevantes y actuales, sin presuponer por su parte ningún conocimiento previo de Derecho. Ello exigirá simplificar las exposiciones e incluso aclarar conceptos y expresiones, aunque no debe necesariamente entrañar una pérdida de calidad, profundidad, rigor o precisión en torno al mensaje principal que se quiere transmitir. Se pretende que la percepción general, y a veces algo nebulosa del inexperto en Derecho acerca de que nuestro entero marco jurídico se desgasta a marchas forzadas, se vea iluminada por la toma de contacto con estas cuestiones.

El ejercicio no debería llevarle más de diez minutos de lectura atenta. Para el jurista avezado, se procurará ordenar la información a fin de que de un vistazo en un par de minutos y leyendo “en diagonal” pueda tener puntual noticia de cuestiones que aún no perteneciendo a su especialidad, le puedan resultar de conocimiento útil, cuando no inexcusable. Se trata, en suma, de dar noticia de cuestiones esencialísimas, puestas de manifiesto por nuestros más destacados juristas, con la intención de que el lector sienta que el tiempo, recurso escaso —a veces escasísimo— que dedica a pasarse por estas páginas de El Confidencial y que versarán sobre temas jurídicos de fondo verdaderamente le merece la pena.

Se hará todo esfuerzo posible por estar a la altura aunque sólo sea por aquello de que sin un Derecho que merezca el nombre de tal, no hay economía que valga. Siguiendo a D. Julián Marías: “Por mí que no quede”.