La financiación de los partidos políticos (III): gasto, endeudamiento e incumplimiento

El gasto es ciertamente inmenso y requiere tanto acudir al endeudamiento como a la corrupción. “Una vez en el Gobierno todo se podrá pagar, pues es tal la vinculación actual de política y negocios, que el dinero llegará al partido gobernante sin mayores problemas. Y si no se ganan las elecciones, pues se dejan de pagar los préstamos bancarios y se aumenta el endeudamiento, que al final será condonado, total o parcialmente.”

Incumplimiento y falta de control

“La fiscalización de los partidos en España”, escribe Pilar del Castillo, de cuyo trabajo se hace eco el autor, “ha tropezado con numerosos problemas debidos en ocasiones a una insuficiente regulación sobre la contabilidad que deben presentar los partidos; en otros casos porque los partidos han incumplido de forma generalizada y reiterada con la presentación de documentos justificativos de las cuentas presentadas; y finalmente, en otros momentos, por razones de tensión política en el seno del propio Tribunal [de Cuentas].”

Fue la Ley Orgánica del Régimen electoral general de 1985 la que estableció el control de los gastos electorales de los partidos y la Ley Orgánica de Financiación de los partidos políticos de 1987, reguló la supervisión de las finanzas por actividad ordinaria. El control se encomendaba al Tribunal de Cuentas, aunque ni se le dotó de los necesarios poderes, ni está siempre claro que los hubieran querido usar, dice Ariño. La dependencia política de los Consejeros del Tribunal de Cuentas respecto de los partidos que los nombran es absoluta, una vergüenza y un vicio grave de nuestra democracia que se extiende a casi todas las instituciones, dicho sea de paso.

Pero el mayor absurdo es que el Tribunal remite sus informes finalmente a las Cortes Generales para su aprobación definitiva… ¿No es absurdo que controlador y controlado al final sean la misma persona?

La financiación privada cubriría los gastos ordinarios y debería suponer al menos el 50% de los ingresos de los partidos, que se verían obligados a tomar contacto con la sociedad si quieren recibir sus aportaciones económicas. Los mecanismos de fiscalización y control deberían ser realistas y eficaces.

Finalmente, sería imprescindible romper el sistema de caja única, a fin de promover la democracia interna de los partidos, y no el control de los mismos por sus aparatos.