Ideología de género, queer, cyborg y otros primores legislativos (y II)

Veíamos la semana pasada cómo en España eran Ley algunas de las más disparatadas propuestas del feminismo radical, una de ellas el cyborg, conducente a algo bastante parecido al mundo feliz de Aldous Huxley, como relata el Abogado del Estado Jesús Trillo-Figueroa en su interesante libro “La ideología de Género” (Madrid 2009, Libros Libres).

Cierto, la Ley 14/2006 introdujo sin base científica alguna el concepto de preembrión, una novedad legislativa que lo desposee jurídicamente de su condición de ser humano deviniendo por tanto legalmente posible su manipulación y destrucción o erigirse en objeto de tráfico mercantil lícito. Posteriormente la Ley 14/2007, bajo la expresión jurídica y pretendidamente científica de “transferencia nuclear terapéutica” —empleada entre otros por Bernat Soria— ha hecho legal en nuestro país lo que la ciencia denomina clonación reproductiva, en palabras de Jouve de la Barreda, toda una eminencia. La técnica es legal en algunos países aunque Naciones Unidas se posicionó en contra entendiendo que atentaba contra la dignidad humana, postura que apoyó Estados Unidos hasta la llegada al poder de Obama.

Pero las preocupaciones de la Perspectiva de Género no empezaron con los Gobiernos socialistas sino que ya la Ley 50/97 del Gobierno en su artículo 22.2 obligó a que en la elaboración de anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos hubiese siempre un informe acerca del impacto de género de la norma. Asimismo los planes de lucha contra la violencia doméstica de los Gobiernos de Aznar insisten en la educación como instrumento fundamental esencial. Los ideólogos eran acreditadas feministas radicales. El problema es si la educación en el odio entre los sexos que fomentaría es la manera más eficaz de acabar con la violencia en el hogar. Según constató Octavio Paz, parece que los efectos han sido justo los contrarios.

El totalitarismo amable

En 1997, el XXXIV Congreso del PSOE introdujo el principio de paridad. Leire Pajín se pronunció claramente diciendo que no bastaba que fuesen mujeres sino que además debían ser feministas —radicales— se entiende: ninguna otra postura ideológica.

Desde los años setenta las revoluciones de la izquierda en vez de ser violentas y desde arriba son pacíficas y desde abajo, muy en línea con el maoísmo (y en este punto el confucionismo). Cierto, al poco de ganar las elecciones el PSOE, Peces Barba reclamó la necesidad de una asignatura que se perpetuase en el tiempo y que se orientase a educar —léase adoctrinar—. Así lo recogieron las disposiciones adicionales de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma tan inconstitucional que sólo se entiende como expresión de una ideología, y no del ejercicio ecuánime de legislar sin criminalizar en distintos grados por razón del sexo de las personas. La Ley llega a definir lo que llama el “síndrome de la mujer maltratada”, algo que carece de fundamento científico y que se describe como “maltrato en las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral”. ¿Y ellos? El tema es lo suficientemente grave como para exigir que se aborde con rigor y solvencia intelectual.

Las previsiones de la LO 1/2004 se desarrollarían en la LO 2/2006 que crea la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos son de sobra conocidos. Sin embargo, lo que se ha explicitado menos, es que nuestro socialismo parece acoger la distinción de Gramsci entre “intelectualidad orgánica” —encargada de hacer que calen ciertas ideas— y “hegemonía”. Ésta no es sino la organización del consenso, el dominio del pensamiento sobre la política… y la consiguiente perpetuación en el poder. En su carácter indispensable han insistido Alicia Miyares y Celia Amorós, feministas radicales que aunque relativamente desconocidas para el gran público, están entre los ideólogos españoles más influyentes de los últimos tiempos.

Entiende Alicia Miyares que el Estado no puede ser sustituido en su función educadora, y por supuesto también en el terreno de la educación sexual. No sólo que no se puede confiar esto a la familia sino que es necesario que ésta, como institución social, desaparezca. En este sentido la Ley 15/2005 “del divorcio exprés” simplemente vino a dar cauce a ciertas aspiraciones pero sin aportar soluciones a los problemas de base que conducen al drama humano que es el fracaso de una familia. El mismo sentido tuvo la Ley 13/2005 “del matrimonio gay” y la adopción en el seno de este tipo de familias, o el reconocimiento de hijos por la madre no biológica en las parejas lesbianas de la Ley 14/2006 de reproducción asistida: todo ello un absurdo contra natura y que no remedia la esterilidad natural de estas parejas.

Nada de esto sin embargo es nuevo. La Conferencia de El Cairo de 1994 sobre población ya entendía la familia como lugar de represión de la mujer condenada a la casa y a la procreación. Asimismo se consideró la superpoblación como freno para el desarrollo, abogándose por la esterilización y el aborto libre. A tanto llegó la histeria que el informe NSSM200 del Gobierno Kissinger defendía la reducción por esta vía del número de “enemigos de EEUU”: vamos, que era cuestión de seguridad nacional.

A la de El Cairo siguió la Conferencia de Pekín de 1995, donde la CE, EEUU y Canadá claramente defendían la ideología de género, frente a los países más pobres centrados en problemas de igualdad real, no de ideología. La portavoz de la CE fue Cristina Alberdi. Desde entonces ha cambiado radicalmente de postura, y hoy suscribe la denominada por la ONU “perspectiva de género”, que aboga por pasar de la igualdad nominal a la real, lo que es absolutamente deseable: “techo de cristal”, “brecha salarial” del 20%... Inadmisible.

Amable, pero totalitarismo al fin y al cabo

La introducción de la agenda del feminismo radical requiere justificar la ruptura de una serie de consensos éticos, lo que se aborda desde un relativismo moral que tiene el atractivo, aparente, de fomentar la libertad. Nada más falso: la “ampliación de derechos” de Zapatero esconde la imposición del pensamiento único. Todos los totalitarismos se basan en fomentar el odio y la división: entre clases (marxismo), entre razas (nazismo), o entre sexos: caso del feminismo radical. Los términos se resignifican, llegado el caso se recurre al desdoblamiento (el famoso “todos y todas” ignorando la existencia tanto de la RAE como de las palabras epicenas) y se juega con el siempre socorrido y eficaz victimismo.

Pero al final lo que de verdad importa es “quién es el amo”, y como pone de manifiesto Trillo-Figueroa y a la vista del desarrollo legislativo español de los últimos años parece que sólo quepa descubrirse ante el feminismo radical y decir: “chapó”, porque han logrado mucho… eso sí, a costa de la libertad de los demás.