A vueltas con el federalismo

De todos es sabido que el PP no quiere ni ver el federalismo. “Si no quieres caldo, toma tres tazas”, parece ser el empeño de los socialistas con su propuesta de Estado federalizante. El corrector de Microsoft Word no reconoce el apellido federalizante; tratándose de una empresa estadounidense, cuyo Estado es claramente federal, debe ser que allí o se es federal o no se es, pero una de sus empresas más multinacionales no sabe lo que es federalizante. Y es lógico que el PP no apueste por algo que, según el PSOE, es más de lo mismo, es decir, más Estado autonómico. Si los populares se abstuvieron en el referéndum constitucional de diciembre de 1978 porque no querían el Título VIII y porque se negaban a aceptar que el artículo 2 hablara de Nacionalidades, menos aún van a querer participar en un proceso de reforma constitucional que, supuestamente, amplía esos conceptos y ese Título. Les sale más rentable el regalo que el PSOE quiere hacerles y que no es otro que quedarse como los guardianes de las esencias constitucionales y estatutarias que como ya queda dicho, ellos no quisieron. Si el PSOE apuesta por el federalismo y, por lo tanto, por una reforma de la Constitución, los populares con decir no, se quedan de custodios de la Constitución y del Estado de las Autonomías. Si Fraga levantara la cabeza daría gracias a los estrategas que han diseñado tan singular negocio.

El sistema incluye la posibilidad de transferir o delegar competencias que son de carácter estatal sin necesidad de una modificación Constitucional ni estatuaria, lo que representa una posibilidad tan amplia y abierta como se decida en cada momento

También es conocido que los nacionalistas vascos y catalanes siempre han tenido aversión a la idea federal del Estado. Ellos, que alardean de haber sido la punta de lanza de la modernidad, saben mejor que nadie que el Estado federal no admite la asimetría, ni los hechos diferenciales, ni nada que rompa con la igualdad financiera y competencial de los Estados miembros. Ellos que tantas veces han mirado para Alemania o para EEUU conocen que en el territorio teutón el Estado más pequeño o con menos población, como Bremen, con apenas seiscientos mil habitantes, tiene las mismas competencias y el mismo sistema de financiación que Baviera, con algo más de doce millones de habitantes y una historia muy particular y muy diferenciada del resto de Estados federados. También saben que en EEUU el principio de ordinalidad brilla por su ausencia. Y no sólo no se cumple, sino que, además, el cambio en las posiciones de los Estados entre el ránking de recaudación tributaria per cápita y el de gasto federal per cápita es incluso mayor que en el caso de las CCAA españolas. Es fácil averiguar, manejando el Informe de la Tax Foundation, que 21 de los 25 Estados que más impuestos federales per cápita pagan, pierden posiciones en el ranking de ingresos federales per cápita, incumpliendo de esta forma el citado supuesto principio de ordinalidad. Mississippi pasa del 50º lugar (el último) en el ránking de impuestos federales per cápita pagados, al 10º en el de ingresos federales per cápita; Louisiana pasa del 49º al 12º; Virginia Occidental, del 48º al 11º; Arkansas, del 47º al 30º; y Kentucky, del 45º al 18º. Es llamativo el caso de Nuevo México que pasa del puesto 46 en el ránking de impuestos federales pagados per cápita, al 4º en el de ingresos per cápita recibidos del Gobierno federal.

La Constitución Española contempla una posibilidad descartada en los Estados federales, y que se recoge en el Artículo 150.2: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”. Es decir, que el propio sistema incluye la posibilidad de transferir o delegar competencias que son de carácter estatal sin necesidad de una modificación Constitucional ni estatuaria, lo que representa una posibilidad tan amplia y abierta como se decida en cada momento. Por esta vía, que no existe en los Estados Federales, se ha transferido por ejemplo la competencia de tráfico a la Generalitat de Cataluña. Ya sé que esta es la excusa que utilizan quienes desearían cerrar el estado autonómico. Para mí, el problema de España no es ni las autonomías ni el no cierre del sistema. El problema no es el modelo que es uno de los más avanzados del mundo, sino que en nuestro país existen nacionalismos fuertes cuyas reivindicaciones no tienen límites, su praxis es excluyente, y su lealtad institucional mínima.