Europa y el encuentro de Ábalos y Delcy Rodríguez

El Gobierno de Pedro Sánchez está metiendo a la Unión Europea en un embolado sobre Venezuela. Y no solo por los vaivenes de Sánchez y sus ministros con respecto al reconocimiento de Guaidó como presidente, sino porque están haciendo que la Unión Europea proyecte una imagen de inefectividad y negligencia en materia de sanciones.

En noviembre de 2017, la Unión Europea impuso sanciones a Venezuela en una decisión del Consejo (como parte de la política exterior y de seguridad común o PESC) que incluye restricciones a la admisión (prohibición de visado o de viaje) de una serie de dignatarios venezolanos. En junio de 2018, la Unión Europea (otra vez mediante decisión del Consejo) incluyó a Delcy Eloína Rodríguez Gómez en la lista de personas con prohibición de acceso mencionando específicamente que ha "menoscabado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político".

Las personas que tienen prohibido el acceso no pueden entrar en el ‘territorio’ de los Estados miembros de la Unión Europea. Como bien explica la Ficha Informativa sobre Medidas Restrictivas de la Unión Europea emitida por el propio Consejo de la Unión, las sanciones se aplican dentro del territorio de la UE, ‘espacio aéreo incluido’. En el caso de España, eso implica que Delcy Rodríguez no tendría que haber entrado, no ya en ningún aeropuerto de España, sino tampoco en el espacio aéreo español.

Los ministros de Pedro Sánchez han hecho un montón de requiebros para intentar tapar esa violación del derecho comunitario. Pero la prohibición de acceso de la decisión del Consejo no admite excusas, porque solo contempla como excepciones el que el Estado miembro (España) sea organizador de una conferencia internacional, sede de una organización internacional o similar, o por razones de urgente necesidad humanitaria; e incluso en esos excepcionales casos, el Estado miembro en cuestión está obligado a informar puntualmente al Consejo.

Desde luego, la decisión del Consejo no contempla como excepción el que la visita dure poco, que se limite a decir ‘hola y adiós’ a las autoridades del país, o que se justifique porque hay muchos españoles viviendo en Venezuela y venezolanos viviendo en España, que son algunas de las peregrinas razones que se han aducido por parte de los ministros para justificar el encuentro entre Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos.

"Los ministros de Pedro Sánchez han hecho un montón de requiebros para intentar tapar esa violación del derecho comunitario"

Si una empresa europea, pongamos una línea aérea española o de gestión de un aeropuerto, hubiese operado o facilitado el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid, esa empresa habría violado las decisiones del Consejo de la Unión Europea sobre medidas restrictivas a Venezuela. La primera pregunta que harían las autoridades a esa empresa es por qué no se activaron los mecanismos de alarma en materia de sanciones de la empresa en el mismo momento en que el nombre de Delcy Rodríguez apareció en la lista de pasajeros; y se cuestionaría si, de manera más general, esos mecanismos de cumplimiento con la legislación de sanciones son los adecuados.

Pero también cuestionarían las autoridades el protocolo de actuación de la empresa una vez se descubrió que se había violado una norma comunitaria: una cosa es que fallen los sistemas de cumplimiento y otra muchísimo más grave (porque revela el débil marco ético de la empresa) es que, una vez se descubre internamente la situación, intenten taparla entre todos, ocultando así la violación de la norma europea. Esas preguntas y consideraciones que valen para una empresa española también valen para el Gobierno español.

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En el debate del Parlamento Europeo de la semana pasada, Josep Borrell intentó eludir la responsabilidad de las instituciones comunitarias e indicó (como ya había hecho con anterioridad) que la verificación del cumplimiento con la normativa comunitaria de sanciones corresponde a cada Estado miembro. También explicó que, aunque la Comisión tiene la misión de monitorear el cumplimiento de la normativa de sanciones por parte de los Estados miembros, tal rol de monitoreo no se extiende a las prohibiciones de visado y viaje (que dependen tan solo del Consejo porque son parte de la PESC). Por ello, la Comisión europea no tiene competencia para incoar un procedimiento de infracción contra España en este caso. En esto, Borrell tiene razón. Pero resulta que Josep Borrell no es solo vicepresidente de la Comisión Europea, sino también alto representante y presidente del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores.

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Por ello le corresponde a él explicar no lo que no puede hacer la Comisión, sino lo que puede y debe hacer el Consejo cuando uno de sus Estados miembros (España) está directamente involucrado en la violación de una norma comunitaria de prohibición de acceso. Los que nos dedicamos al derecho y reglamentación europeos, recordamos cómo hace unos años el portavoz de la Comisión llamó la atención públicamente a España en una rueda de prensa por no controlar las violaciones de sanciones (incluidas las restricciones de acceso) por parte de una empresa española suministradora de soluciones de tecnología a las líneas aéreas. Sorprende por tanto que en el caso de Delcy Rodríguez el Consejo (o el propio Borrell como su alto representante) ni siquiera haya amonestado a España por una infracción al derecho comunitario cometida y después camuflada nada menos que con la participación del propio Gobierno.

Desafortunadamente, esta situación no es excepcional, pues hay numerosísimos casos de infracciones del derecho europeo que se dejan pasar sin que las instituciones de la Unión Europea hagan nada al respecto. Aparte de las normas de competencia (sobre las que la Comisión Europea es implacable), cuesta Dios y ayuda que las instituciones comunitarias se dediquen a controlar si las normas se cumplen en todos los países de forma efectiva, porque es mucho más vistoso dedicarse a producir nuevas normas que a la ardua y aburrida tarea de controlar su cumplimiento.

Es fundamental que en la 'Conferencia sobre el futuro de Europa' que acaba de proponer la presidenta Von der Leyen se mejoren los mecanismos de cumplimiento para que las instituciones europeas dejen por fin de escaquearse de su función de control. A los representantes de las instituciones europeas, incluido Josep Borrell, les encanta presumir en los foros internacionales del compromiso de la Unión con el Estado de derecho, pero el Estado de derecho no consiste solo en emitir normas sino en asegurar su cumplimiento.