España no es un Estado fallido

Las exageraciones y el dramatismo no sirven para nada. Hay que reformar nuestro sistema con serenidad e inteligencia, forzando la mano de los dos partidos mayoritarios

Foto: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (EFE)

En el extranjero se dice que los españoles tenemos tendencia al dramatismo. Los estereotipos suelen ser injustos; pero a la vista de la narrativa política de los últimos tiempos puede que éste sea cierto.

En las redes sociales, la prensa e incluso en el parlamento, se habla ahora de que España es un estado fallido, un fracaso, de que vamos hacia la republica bolivariana de Venezuela, e incluso algunos apuntan a los prolegómenos de una guerra civil. Un subidón de dramatismo.

Ese dramatismo contrasta con el hecho de que casi todo lo que está ocurriendo ahora en el sistema político español ya había ocurrido antes: Pedro Sánchez no es el primer presidente de Gobierno que utiliza las instituciones en beneficio político propio; ni el primero que hace concesiones a los nacionalistas a cambio de apoyo político para su partido; ni el primero que es incapaz de solucionar una crisis económica sin tirar de la caridad de Europa; ni el primero que revive los fantasmas de la guerra civil con fines partidistas; éste no es el primer Gobierno que politiza a la Justicia; y tampoco es el primero que debilita a la Corona, porque también la debilitaron los que hicieron la vista gorda.

España se utiliza a menudo como ejemplo en Europa de cómo no se deben de utilizar los fondos europeos

Es cierto que España está en una situación muy difícil. Parte de esa situación, el efecto de la pandemia, es algo que compartimos con muchos otros países. Y otra parte es autóctona: la ausencia de reformas sustanciales durante los últimos treinta anos nos ha llevado a tener una clase política que ahora, frente a las dificultades de la pandemia, es, en su mayoría, incapaz de crear confianza y de buscar el bien general sobre el suyo propio. Como los problemas estructurales siempre afloran cuando sobrevienen problemas coyunturales, la crisis del coronavirus ha hecho que las enormes fracturas de nuestro sistema político parezcan ahora insostenibles.

La parte positiva es que al admitir por fin abiertamente las deficiencias de nuestro sistema, podemos empezar ahora a lidiar con ellas. Pero los exabruptos, el tirarse de los pelos, las exageraciones y el dramatismo no sirven para nada. Hay que reformar nuestro sistema con serenidad e inteligencia, forzando la mano de los dos partidos mayoritarios cada vez que hay una oportunidad de hacer un cambio positivo concreto.

Salir de esta situación requiere que todos los españoles que estén en posición de hacerlo se mojen

Una de esas oportunidades es la despolitización de la justicia. No se trata de lograr un acuerdo sobre la base del sistema que tenemos ahora con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Ni por supuesto de modificarla para darle todavía más poder a los políticos, como propone Sánchez.

De lo que se trata es de darle la vuelta a la Ley de 1985 que arrebató a los jueces el poder constitucional de designar a 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se lo dio a los políticos. Esa ley nunca tuvo que haberse aprobado; y su aprobación nunca tuvo que haberse permitido por el Tribunal Constitucional.

Hace un mes, Pablo Casado se manifestó a favor de devolver ese poder a los jueces; lo hizo tarde, y seguramente con fines partidistas, pero lo hizo. Pedro Sánchez se ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones a favor de despolitizar la justicia, tanto en entrevistas como en el parlamento. Entre los dos tienen mayoría suficiente como para darle la vuelta a la Ley del 85.

Algún periódico se ha manifestado abiertamente a favor de esa reforma. Pero es incomprensible que toda la prensa y medios de comunicación, que critican regularmente y con aspavientos la politización de la justicia, no hayan publicado editorial tras editorial y artículo tras artículo pidiendo con claridad que se derogue ese punto de la Ley del 85 y se devuelva a los jueces el poder constitucional de nombrar a esos doce miembros del CGPJ, que es lo que votaron los españoles cuando aprobaron la Constitución.

Otra oportunidad de hacer un cambio positivo concreto es en la manera en la que se distribuye el dinero de las ayudas europeas. España se utiliza a menudo como ejemplo en Europa de cómo no se deben de utilizar los fondos europeos; y no solo por la corrupción, sino porque durante décadas muchos políticos españoles han empleado cientos de millones de euros europeos no para crear crecimiento económico y puestos de trabajo, sino para sus fines políticos propios.

Para que esto no vuelva a ocurrir se necesita un organismo independiente que controle que ese dinero se emplea en generar valor económico añadido a largo plazo. En el PP Casado ha propuesto una agencia presidida por un socialista; en el PSOE Nadia Calviño tiene amplio conocimiento de los sistemas de control independientes que se utilizan en muchos otros países.

Alguna asociación empresarial se ha manifestado abiertamente a favor de que el dinero del fondo de reconstrucción europeo se distribuya y evalúe de forma independiente. Pero es incomprensible que todos los muy influyentes grandes empresarios españoles que acuden regularmente a los actos del Gobierno no se hayan manifestado pública, abierta y reiteradamente a favor de ello.

Los problemas que tenemos en el sistema político español son graves, pero no se van a arreglar rasgándonos las vestiduras ni dramatizando. Salir de esta situación requiere que todos los españoles que estén en posición de hacerlo se mojen, poniendo presión a los dos partidos mayoritarios para que lleguen a acuerdos puntuales sobre reformas políticas concretas.

En versión liberal
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