Sobre la reforma energética

Desde el principio de los tiempos, las compañías eléctricas en España han estado en contra de las reformas energéticas. No recuerdo ningún momento en el que el sector 'estuviera conforme' con la regulación. Ni siquiera cuando Rodrigo Rato les reconoció el déficit tarifario. Por lo tanto, era de esperar que la enésima reforma del sector, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta de Soria tras pacto con Montoro, no gustara.

Pero esta vez la reforma era impepinable. Tras la absurda y ruinosa legislación llevada a cabo en los gobiernos del presidente Zapatero por sus ministros -en especial Clos, ¿se acuerdan?- el sector de las renovables era sencillamente impagable. Había que 'racionalizar' una legislación abusiva para el consumidor que premiaba unas energías 'verdes' que nos llevaban a números 'rojos' de unos 7.000 millones de euros al año. Tal cual. Subvenciones para desarrollar tecnologías para países ricos en uno quebrado, y forrándose los de siempre. Que las subvenciones a algunas energías renovables eran una locura lo sabíamos todos.

Con todo, la reforma energética aprobada el 12 de julio por el Consejo de Ministros tendrá un efecto muy negativo para el sector, con un elevado impacto sobre los beneficios de las empresas y sobre las actividades a futuro de las eléctricas. Las compañías, pese a compartir el objetivo de buscar la estabilidad regulatoria y el fin del déficit de tarifa, van a sufrir en sus resultados. El reparto del esfuerzo para acabar con el déficit supone que la mayor parte del ajuste recae sobre el sector eléctrico y los consumidores.

Las empresas eléctricas tradicionales han asumido un esfuerzo cercano a los 4.500 millones de euros para acabar con el déficit sólo en 2013, por lo que se han convertido en los principales afectados por una situación que no han contribuido a generar y que ha sido fruto de los errores políticos fundamentalmente de la Administración Zapatero

Las empresas eléctricas tradicionales han asumido un esfuerzo cercano a los 4.500 millones de euros para acabar con el déficit sólo en 2013, por lo que se han convertido en los principales afectados por una situación que no han contribuido a generar y que ha sido fruto de los errores políticos, fundamentalmente de la Administración Zapatero, aunque ninguno de los presidentes de las grandes empresas del sector mostraron su enfado entonces. En privado decían barbaridades, en público se mantenían al margen de la polémica.

Y ahora, llega el 'palo'. Con un país en quiebra, en donde no es posible seguir financiando el déficit de tarifa, las consecuencias para el sector eléctrico se van a traducir en una mayor deslocalización e inversión internacional, una reducción de empleo e inversiones en España y un impacto significativo sobre la cotización bursátil de las empresas, dada la negativa acogida de las medidas por el sector financiero. El Gobierno ha renunciado a llevar a cabo un ajuste equitativo y, por ende, carga la reforma sobre los hombros del sector eléctrico y del consumidor. Con ello, renuncian a que el sector sea un motor de creación de empleo y riqueza -a juicio de las compañías-  ya que se trata de un sector intensivo en la utilización de capitales, que capta recursos en los mercados y no de los presupuestos.

El hecho de trasladar a los consumidores parte del esfuerzo que le habría correspondido a Hacienda -lo que conlleva una subida de peajes del 6,5% a partir del sábado pasado (3,2% de la tarifa media)- tiene graves implicaciones en la competitividad económica del país, ya que las grandes industrias y empresas verán incrementados sus costes energéticos. Todo ello sin olvidar el impacto sobre los hogares y pymes. El recorte a la retribución de la distribución implicará un drástico recorte de la inversión en la mejora de redes, lo que redundará en la calidad del servicio y en el empleo generado en esta área. La rentabilidad del negocio de distribución será inferior al coste los capitales, siguiendo una tendencia totalmente opuesta a la de los modelos regulatorios de los países de nuestro entorno.

En cuanto a las renovables -las verdaderas causantes del descalabro-, el impacto será elevado por el sistema de incentivos fijado de forma retroactiva, aunque perjudica más a la eólica. La reforma implica que se revisarán las rentabilidades históricas para que no superen el ratio del 7,5%. Esto afectará a las tecnologías más antiguas, principalmente la eólica, que inició su expansión en el año 2000. El sector fotovoltaico, que comenzó a instalarse en 2008 y la termosolar en 2010, son de forma increíble las menos perjudicadas. Una vez más, las tecnologías solares vuelven a ser las 'intocables' del ajuste, pese a su responsabilidad en la generación del déficit.