Qué verdades y mentiras se han escuchado durante la moción de censura de Podemos

*Estamos siguiendo en directo la segunda jornada de la moción de censura. Última actualización: 13:45 horas.

La moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy —la tercera de la democracia tras la de Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980 y la de Antonio Hernández Mancha contra González siete años más tarde— ha comenzado esta mañana en el Congreso de los Diputados. A lo largo de la jornada de ayer y de la de este miércoles los portavoces parlamentarios debatirán sobre los argumentos defendidos por la coalición morada y el plan de gobierno presentado por 'el nuevo Pablo Iglesias' para relevar a Rajoy en La Moncloa. Estas son las verdades, mentiras e imprecisiones pronunciadas por sus señorías durante el transcurso de las intervenciones parlamentarias.

Rafael Hernando

Falso. El protavoz del PP en el Congreso miente al afirmar que las partidas de Educación y de Sanidad de los Presupuestos Generales del Estado. Ni en Educación, ni en Sanidad, la cantidad asignada a los Presupestos de 2017 es la mayor de la historia. De hecho, desde que Mariano Rajoy gobierna, la cantidad asignada a ambas partidas se sitúa, como poco, en 500 millones de euros reales (ajustados a la inflación) menos a la asignada en 2011, último año en que elaboró los presupuestos el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo demuestra el análiiss de los PGE de 'Dónde van mis impuestos'.

España es el octavo país con mejor atención sanitaria del mundo de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto de Evaluación y Métrica Sanitaria de la Universidad de Washington (EEUU) y publicado por la revista 'Lancet'. España recibe una calificación de 90 puntos y se sitúa por detrás de países como Andorra (95 puntos), Islandia (94) y Suiza (92). El informe evalúa la competencia sanitaria de 195 países entre los años 1990 y 2015. Para ello, estudia las tasas de mortalidad de 32 enfermedades a las que se puede hacer frente con una adecuada atención médica.

Albert Rivera

La afirmación de Albert River es correcta. De acuerdo con el barómetro del CIS de febrero de 2017, el líder morado consigue una nota de 2,87, siendo incluso peor valorado que Mariano Rajoy. Quien, a su vez, está a pocos puntos de ser el presidente del Ejecutivo peor valorado de la Democracia.

En la jornada de ayer, Iglesias incluyó entre sus propuestas una Ley de Contratación del Sector Público. Rivera rebatió hoy que ese texto legislativo "ya está hecho". Como seguramente sabrá el líder de Ciudadanos, el hecho de que una ley haya superado el primer debate parlamentario, no implica que se haya aprobado. En febrero, toda la oposición manifestó sus discrepancias con varios aspectos de un proyecto de ley que, por el retraso es la trasposición de la correspondiente directiva europea, ha motivado la apertura de un procedimiento sancionador por parte de Bruselas.

Es más, los problemas que Europa intentaba eliminar no es están teniendo en cuenta en el Congreso. Tal y como señala la Fundación Ciudadana Civio ,el anteproyecto se tramitó de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, la reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública pasó de forma exprés por las cámaras, después de un año y medio de retraso en su aplicación.

Basta una búsqueda por los titulares de prensa que dejaron las propuestas de Podemos para verificar que la afirmación de Rivera es una exageración retórica. El buscador de iniciativas del Congreso de los Diputados indica que Podemos y sus aliados presentaron decenas de propuestas de Ley en la actual legislatura. Entre otras, la de despenalización de la eutanasia, de legalización de algunas drogas ligeras o de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pablo Iglesias

Para compararse con Albert Rivera -que en 2014 ya era diputado en Cataluña-, Pablo Iglesias recordó que antes de llegar al Parlamento Europeo era profesor interino y su sueldo no llegaba a los mil euros. Es correcto, tal y como consta en la Declaración de Bienes que presentó en la Cámara comunitara. Sin embargo, en la misma declaración se puede ver que Iglesias también cobraba además "más de 5.000 euros al año" para sus apariciones televisivas, bien como presentador de televisión, bien como tertuliano. Gracias a ese ejercicio de transparencia al que obligan las instituciones europea, se puede afirmar que la frase de Iglesias no es exacta.

Primera Jornada de debate: verdades y mentiras

Irene Montero

La portavoz Montero se queda corta en su referencia al proyecto Castor. Así se estableció su complejo legado económico: la concesión otorgada por el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, incluía una controvertida cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la misma. El Gobierno ya abonó 1.350 millones de euros a ACS en 2014, que se suman a otros 110 millones pagados anteriormente. A eso hay que añadir otros 295,6 millones en concepto de 'derechos retributivos' por los dos años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. Total: 1.755 millones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es taxativa: la factura del desastre se socializará entre todos los españoles, hasta alcanzar los 4.731 millones de euros. Cifra a la que se llega añadiendo un 4,27% anual de intereses del pago de la indemnización por los 30 años de concesión a la concesionaria Escal UGS, participada por ACS en un 66,7%. A razón de 80 millones anuales, el pago a la concesionaria ascenderá a 2.400 millones extra en el año 2044. Lo que implicará invariablemente un sobrecoste en la factura del gas para todos los usuarios españoles, "ya de por sí de los que más pagan de Europa", subraya la OCU.

En su enumeración de casos de corrupción en los que está implicado en Partido Popular, Irene Montero ha hecho hincapié en los papeles de Bárcenas. La cifra que ofrece, de 1.615 millones de euros, es correcta, pero está muy fuera de contexto. El número aparece en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Según este organismo, las administraciones populares adjudicación a FCC construcciones 587 obras por un importe de 4.132 millones de euros en un periodo de 10 años, esto es, entre 2002 y 2012. Las obras se repartían en 1.615 contratos públicos.

No hay una partida contra la violencia machista como tal en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí recursos públicos que se dedican a ello. Como se puede comprobar en 'Dónde van mis impuestos', las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género están recuperando niveles cercanos a antes del primer Gobierno de Rajoy. Pero, comparados con 2010, se quedan más de siete millones de euros por debajo.

La portavoz morada ha dedicado una pequeña parte de su largo discurso a la situación en Cataluña. Ha recordado, con acierto, que el 30 de marzo de 2006 el pleno aprobó el proyecto de la norma constitucional básica para la autonomía catalana, con los votos a favor del PSOE, CiU e ICV. ERC y PP votaron en contra.

Tras su dimisión como fiscal anticorrupción, Manuel Moix volverá a ocupar el cargo de fiscal del Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entre salario (106.922 euros) y pagas extraordinarias (de más de 2.000 euros, dependiendo de la antigüedad), llegará a los 110.00 euros anuales. Estos datos los hace públicos el mismo Ministerio Fiscal.

Mariano Rajoy

El presidente de Gobierno ha hecho referencia a la reforma del Código Penal aprobada en el año 2015. El artículo 308 bis establece que el penado deberá asumir "el compromiso de satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido". El artículo se introdujo a propuesta del Partido Popular.

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de mujeres afiliadas ha alcanzado en mayo los 8,5 millones. Es la cifra más alta de la serie histórica.

La frase de Mariano Rajoy tiene, en realidad, muchos matices. El Gobierno no ha preparado ningún paquete regalo de 5.000 millones para las 17 comunidades autónomas para que estas lo utilicen para financiar los pilares de los servicios sociales públicos. Lo que sí ha ocurrido ha sido que, a través del ministro Cristóbal Montoro, ha asegurado que en el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para este año (que se aprobará a final de mes, tras su paso por el Senado) se incluirán casi 5.000 millones de euros más de financiación autonómica. La propuesta ha sido pactada con los socialistas y los mismos gobiernos regionales, tal y como ha subrayado Montoro, y debería entrar en vigor a comienzos de 2018.

Va camino de ello, señor Rajoy, pero aún no. Durante la crisis, el mayor número de hogares en el que todos sus miembros activos están en paro se alcanzó en el primer trimestre de 2014, rozando los dos millones de viviendas. Desde entonces, esta cifra se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta situarse por debajo de los 1,4 millones de hogares en los dos últimos trimestres, es decir, un descenso del 30%. Para que fuera correcto el dato aportado por el presidente del Gobierno, esta caída tendría que haber sido del 33%. Este porcentaje se alcanzará cuando el número de hogares con todos los miembros en situación de desempleo se sitúe por debajo de los 1,32 millones. Es decir, esta cifra aún debe reducirse en más de 70.000 hogares.

Pablo Iglesias

Una simple y rápida búsqueda en Google -cuya visualización utiliza los datos del Banco Mundial- muestra la veracidad de la afirmación pronunciada por el líder de Unidos Podemos. En 2015, último año disponible, el PIB español por habitante es 7.000 dólares menor que el que había ocho años antes, establecido en 32.710 dólares.

El diputado de Podemos ha subrayado un dato que hizo público la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de 2016. El año anterior, este organismo había multado y desmantelado 14 cárteles formados entre empresas españolas, imponiendo 549 millones de euros en multas. La mayor sanción correspondió a los fabricantes de automóviles, con una multa total de 131 millones de euros. En los cuatro años precedentes, Competencia había sancionado decenas de compañías por cerca de 1.000 millones de euros.

En este caso, decidimos no entrar en la intención ideológica de la frase del líder de Podemos —y por ello no se lleva un 'falso'—. Pero es interesante analizar el poder real de la mayor gestora de fondos del mundo, Blackrock, en España.

La potencia y presencia de Blackrock es indudable, ya que se trata del fondo que más accionariado controla entre las 35 cotizadas más importantes, el Ibex 35. De acuerdo con los datos del operador de mercados (BME), los fondos representan un 7,9% de las acciones de estas empresas, y Blackrock representa cerca de la mitad de esa porción: un 3,7%. Esto, en la práctica, supone unos 18.000 millones de euros.

Es cierto que en el último año y medio ha aumentado su presencia en el Ibex (en Telefónica, ya supone un 6,7%, y en BBVA, un 6,3%). Sin embargo, Blackrock no solo destaca por invertir a través de fondos con políticas independientes, sino también porque no ocupa ningún sillón en los consejos de administración del Ibex. Controla, pues, ingentes cantidades de dinero (y poder), pero sigue representando —por el momento— un pequeño porcentaje de las mayores empresas españolas.

El orden manifestado por Pablo Iglesias es correcto, pero no así los datos utilizados en su afirmación. De acuerdo a los últimos datos publicados por Eurostat, correspondientes a 2016, la temporalidad laboral española es del 21,5%, solo una décima por detrás de la de Polonia. Por su parte, la temporalidad en el conjunto de la Unión Europea se sitúa ligeramente por encima del 11%.

El dato español de porcentaje de niños por debajo del umbral de pobreza o en riesgo de exclusión social es de los peores de Europa. Uno de cada tres menores de 18 años se encuentra en esta situación. Pero no es el tercer país, sino el quinto, tal y como indican los últimos datos de Eurostat disponibles, relativos a 2015.

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