El desbordamiento constitucional

Un buen amigo, prestigioso catedrático de Derecho Público, repite desde hace meses —si no años— que estamos asistiendo a un desbordamiento de la Constitución. No sé exactamente a lo que se refiere, pero lo que ha sucedido estas dos últimas semanas con la aprobación de la sentencia del Tribunal Constitucional me ha dado alguna pista sobre el sentido de esta expresión.

En efecto, no creo que mi amigo solo se refiera a que muchas leyes y decretos que nadie ha recurrido son inconstitucionales, sino también al maltrato, y hasta el desprecio, que reciben la Constitución y el orden constitucional por parte de algunos políticos y periodistas, no digamos ya en las redes sociales.

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Así, vamos deslizándonos por una peligrosa pendiente, primero de forma suave y después más abrupta, que conduce hacia la desfiguración del Estado constitucional de derecho, a un desequilibrio de poderes en favor del poder ejecutivo y, especialmente, a un intento de evitar el control jurisdiccional justificándolo con una de esas expresiones mágicas: no hay que judicializar la política. ¿Qué significa en realidad esta expresión? Que los gobiernos —y las administraciones públicas— puedan y deban actuar sin frenos legales y no estén sometidos a ningún poder que los controle. Aún no hemos llegado a ello, todavía estamos en la fase del desprestigio del derecho, pero si continuamos por este camino, todo llegará.

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Ya llegó, hace años, a Cataluña. Primero hubo una sostenida campaña de prensa, antes y después de la sentencia del TC sobre el nuevo Estatuto de 2006. ¿Cómo puede ser que unos jueces, que carecen de la legitimidad democrática que solo da la elección popular, se opongan a un texto legal del máximo nivel autonómico, aprobado por las Cortes Generales y ratificado, sobre todo eso, por el pueblo de Cataluña? Esto no es una democracia, decían, sino el gobierno de una oligarquía, la de los jueces, es decir, lo más opuesto a una democracia.

Puede decirse que con estas ideas ninguno de aquellos que las proclamaban —políticos y periodistas— aprobarían el primer curso de Derecho, pues ignoraban lo que era una democracia constitucional y la división de poderes, además del principio de legalidad. Es decir, ignoraban —o quizá, más bien, les interesaba ignorar— todos estos principios básicos de un Estado de derecho.

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Pero la idea cundió entre mucha gente que no tenía por qué entender de esas cuestiones, a veces las ideas elementales y falsas son las que más éxito obtienen. Diez años después, la situación en Cataluña es la que es: por ejemplo, con los impuestos de todos los españoles se pagarán las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas si los jueces no lo impiden, siempre que una parte legitimada lo impugne. España, afortunadamente, va con retraso respecto a Cataluña, pero algo se está tramando por parte de algunos, quizá con la complicidad de otros, algo así como un lento asalto al Estado, en el más puro estilo de las llamadas democracias iliberales, como Polonia y Hungría. También allí empezaron desprestigiando el derecho. Me temo que esta puede ser la intención del ruido armado alrededor de la sentencia sobre el primer estado de alarma.

Por un lado, a pesar de ser un materia polémica y de difícil aplicación —la distinción entre limitación o suspensión de derechos—, el retraso del tribunal en dictar la sentencia no contribuye a su prestigio, menos aún las filtraciones a la prensa que se han producido. Téngase en cuenta que la sentencia no se hizo pública en su totalidad —y aún faltaba, incomprensiblemente, el voto particular de un magistrado— hasta el pasado lunes 19 pasadas las 10 de la noche. Hasta entonces, solo se conocía el fallo y la apretada mayoría con que fue aprobada: seis a cinco. Pero desde dos semanas antes, el texto ya había llegado a algunos medios de comunicación y se había situado en el centro del debate público sin ninguna base cierta y segura.

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Hasta la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, jueza de profesión, en su primera comparecencia como tal ministra, se atrevió a decir que no la compartía pero la respetaba. ¿Cómo podía decir que no la compartía si todavía no la había podido leer porque no estaba publicada oficialmente? ¿La conocía porque se la habían filtrado? ¿O bien decía que no compartía el fallo, que sí era conocido, sin haber leído la argumentación que está en los fundamentos jurídicos, todavía no publicados? Forzosamente sabe, como jueza que es, que no se puede tener formado un criterio sobre el fallo de una sentencia sin haber atendido a los fundamentos, que es donde está la motivación de la misma. ¿Cómo pudo así afirmar que no la compartía? No tuvo un buen estreno la ministra, en adelante, esperemos que mejore.

Por último, los medios de comunicación han repetido de nuevo el mantra de la división entre magistrados conservadores y progresistas, precisamente en una sentencia que demuestra lo contrario: para quienes admitan esta división, que no es mi caso, ambos están en los dos lados. No se trataba pues de apoyar al Gobierno o no, se trataba como siempre de una discusión jurídica de carácter técnico, tal como hemos mencionado antes: qué es limitación (o restricción) de derechos, qué es suspensión. Dejémoslo para otro día, por supuesto.

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P. G.

Solo hacer notar que el ponente de la sentencia, Pedro González Trevijano, que formaba parte de los seis mayoritarios, fue designado magistrado a propuesta del PP, así como también el presidente del Tribunal, Juan José Gonzáles Rivas, uno de los cinco minoritarios. Por tanto, quienes siguen insistiendo en esta dicotomía, al menos en esta sentencia, dan informaciones falsas. Además, sostener que la vicepresidenta Encarna Roca se ha convertido en conservadora es desconocer del todo la personalidad de esta magistrada, una de las más independientes juristas, como todo el mundo (jurídico) sabe.

La ofensiva para desacreditar el derecho es peligrosa. Puede ser el comienzo del deterioro de las instituciones y, por consiguiente, de la seguridad jurídica. Quizás a todo ello se refiere mi amigo al hablar del desbordamiento constitucional.