Desobedientes

Uno de los elementos que caracteriza la actual situación en Cataluña es la creciente izquierdización de los usos y hábitos de su vida política. He tenido la oportunidad de advertirlo, reiteradamente. El instrumento más poderoso de esta tendencia es la desenfadada generalización de la desobediencia civil.

En estos últimos meses, se han prodigado múltiples actos de contestación por todo el país. Es cierto que los dirigentes y cargos públicos de la CUP protagonizan la ofensiva. Pero también lo es que el resto de fuerzas independentistas no se han opuesto, ni mucho, ni poco. El PDeCat y ERC han bendecido con su silencio el auge de la respuesta anticapitalista de los cuperos. La opinión pública catalana asiste con un punto de indiferencia a la batahola que el continuo alboroto genera. No es que no preocupe este hecho, es que, en buena medida, la actitud de desobediencia y su corolario político se da por descontada. Es un proceder amortizado.

Los ciudadanos asisten a una representación donde, definitivamente, se ha impuesto la máxima de que el fin justifica los medios. Los partidos soberanistas que persiguen sus declarados objetivos aceptan que la desobediencia es un medio útil para progresar políticamente y, al final, es la única vía para, despreciando la legalidad vigente, enfrentarse al Estado español.

El peso de la actuación del Govern entorno al 'procés' es tan asfixiante que el resto de consideraciones de orden programático apenas tiene relevancia. El 'procés' y su eventual desenlace cercano ocupan todo el relato político en Cataluña. Se sostiene que formular críticas como las que apunto debilita inapropiadamente el frente único de la reivindicación soberanista y abre grietas en la respuesta unánime que debe darse al Gobierno español, si se quiere forzar la negociación. Es un modo de verlo que no comparto.

Hay que explicar que la desobediencia civil, más o menos generalizada, es para los independentistas una anécdota si se tiene en cuenta el fin supremo que se persigue: el Estado catalán.

En este orden de cosas, estamos viviendo un episodio transcendente. Junts pel Sí ha decidido cambiar el reglamento del Parlament de Cataluña para que la ley de transitoriedad jurídica pueda tramitarse por la vía de urgencia. Resulta imposible entender y aceptar que un proyecto de ley que se considera decisivo para el futuro de la nación sea guardado primero en los cajones y después tramitado por una supuesta vía de urgencia. Es inaudito que los instrumentos jurídicos para la desconexión no sean, a estas alturas, conocidos por la oposición.

La CUP agita la calle, día si día también, con el propósito de que la presente situación progrese en la línea de poner todo el sistema patas arriba

Sorprende observar cómo diputados que representan una parte significativa del electorado catalán se ven obligados a reclamar su derecho a discutir este proyecto de ley en condiciones y con garantías democráticas. No comprendo cómo los diputados de los partidos que conforman el Govern -Junts pel Sí- pretenden eludir el debate parlamentario en torno a una iniciativa capital. Si sus convicciones para la defensa de la independencia son sólidas y consistentes, el debate en sede parlamentaria es una gran oportunidad para convencer de su propósito a la ciudadanía catalana. Si los argumentos prosecesión son justos y fundamentados, ¿por qué no sostener un debate de altura en el Parlament? ¿Por qué abrazar una vía que rehúye la discusión de ideas políticas?

En este complejo contexto, la CUP va a la suya. Agita la calle, día sí, día también, con el propósito de que la presente situación -que en diversas ocasiones he caracterizado de prerrevolucionaria- progrese en la línea de poner todo el sistema patas arriba. Para ellos, el Estado propio es un buen pretexto para subvertir, sin concesiones, el orden democrático.

Su última campaña con las correspondientes huelgas de estudiantes en torno a la subida de las tasas universitarias ha generado actos violentos en los campus. El disparatado lema “Las libertades individuales se supeditan al interés colectivo” no necesita de ningún comentario adicional.

La desobediencia así practicada, es un instrumento al servicio de la revuelta. Por supuesto, un instrumento político. Con él se pretende denunciar e impugnar, una vez más, las bases de nuestro sistema de libertades. Una aspiración, por otra parte, absolutamente normal para una organización de naturaleza revolucionaria. Poco que debatir respecto a las pretensiones políticas de la CUP. Sorprende, en cambio, la aceptación, en ocasiones tácita y en otras explícita, de los partidos que sostienen el Ejecutivo catalán. La mayoría de sus dirigentes aceptan, resignados, la desobediencia como método y buena parte de los mismos admiten que, al final, sólo la desobediencia con mayúsculas posibilitará una declaración unilateral de independencia.

Mientras tanto, el consentimiento por parte del PDeCat y ERC de la actividad de los desobedientes responde a un preciso cálculo político. Este tiene que ver con el grado de ebullición del termómetro de la respuesta nacionalista. Subirá o bajará en función de las esperadas movilizaciones populares. Así están las cosas. Se espera con un punto de inquietud que el resultado de los juicios del 9N anime la respuesta de la ciudadanía en la calle. Y si esta es notable, el Gobierno español se verá obligado a tomar buena nota de ello y actuar.

La cuestión fundamental reside en obligar al Estado español a algún tipo de negociación que permita la celebración del referéndum o abra nuevos escenarios que justifiquen su no celebración. Para este fin, la desobediencia deviene esencial. Y tiene además un valor no menor. Las movilizaciones populares y un grado de desobediencia instalada en la ciudadanía podrían propiciar un error grave en la respuesta que el Estado se vea constreñido a dar ante una situación tremendamente complicada.

La respuesta política que los ciudadanos catalanes den en estas próximas semanas llevará a una nueva convocatoria electoral anticipada

En estas expectativas se concentra buena parte del éxito de la estrategia secesionista. No hace falta que añada que la estrategia del Gobierno español se basa, por el contrario, en una actuación que imposibilite que los independentistas aprovechen la respuesta inadecuada.

En definitiva, que condicionados, unos y otros, por este endiablado escenario político, el diálogo, la negociación y el acuerdo son poco menos que una fantasía con la que alborotan todos.

La desobediencia no disminuirá. Sucederá lo contrario. El referéndum no se celebrará. En mi opinión, lamentablemente, tampoco se avanzará en negociación alguna. Parecería que está escrito que ambos trenes se acercan imparables al choque definitivo. Y sin embargo, aún no es así. El desenlace está en manos de la ciudadanía. La respuesta política que los ciudadanos catalanes den en estas próximas semanas, llevará indefectiblemente, a una nueva convocatoria electoral anticipada. No hay una vía alternativa. Sólo en esta clave podrá reinterpretarse el 'posprocés'.