Ética y discrecionalidad en la gestión pública

De todos es sabido que la industria de la información en España se ha convertido en una selva mediática en la que el consumo de medios es crecientemente selectivo por ideología. Cada grupo social tiende a leer, ver y escuchar solo a quienes potencian su sesgo de confirmación. La percepción de qué medios “mienten” o difunden noticias falsas depende sobre todo de la ideología del receptor: los medios afines casi nunca son percibidos como desinformadores, los contrarios sí. Esto se explica a través de tres elementos centrales que los autores de «Polarización política y medios de comunicación, su impacto en la democracia y en la sociedad» publicado en El Profesional de la Información, señalan: segmentación de audiencias (burbujas), sensacionalismo y sesgo, que alimentan el círculo polarización‑audiencias‑negocio. En ese círculo vicioso, también se diluye la exigencia ciudadana de rendición de cuentas sobre cómo se usan los recursos públicos.

En este escenario nos movemos quienes tratamos de potenciar el pensamiento crítico y la incredulidad ante noticias sensacionalistas, contrastando la información y acudiendo a las fuentes. Recientemente, ha surgido la polémica de Sarah Santaolalla, tertuliana activista de izquierdas, que denunció a Vito Quiles -agitador político relacionado con la ultraderecha– por acoso continuado y una supuesta agresión a la salida de un acto en el Senado. Pese a denunciar el hecho en X ‘desde el hospital’ y presentar denuncia, existe un vídeo del momento en que no se aprecia maltrato, aunque ignoro si hay otras pruebas.

Les confieso que hasta hace muy poco no sabía quién era ninguno de los dos. Los que tenemos horario de trabajo que abarca la mañana, no solemos estar muy puestos en celebrités de los magazines matutinos y vivimos felizmente al margen de las polémicas reales o fingidas con las que los programas azuzan la batalla de audiencia. Por tanto, no tengo una opinión formada de ninguno de ellos.

De lo que no estoy al margen es de las redes sociales. En estas últimas semanas ha sido imposible sustraerse a la polémica. X, el antiguo twitter, tan manoseado y colonizado por las cámaras de eco de pago que lo mueven, es un elemento perfecto de manipulación.

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No me interesa analizar en detalle el famoso incidente, puesto que los hechos se encuentran sub iudice en manos de la jueza de instrucción a la que acudió Santaolalla tras la supuesta agresión. Lo que sí quiero destacar es que la magistrada de instrucción nº 23 de Madrid dictó auto desestimatorio de la petición de medida cautelar de alejamiento. En el auto no se consideraba acreditada una situación de riesgo objetivo que justificase una medida tan restrictiva de derechos y recogía literalmente que «la levedad de las lesiones, que ni siquiera pueden ser objetivadas, no permiten determinar su relación causal con la situación de estrés y miedo alegada por la denunciante». Por tanto, una magistrada, oídas las partes y examinada la prueba documental y videográfica, determinó que no existía una situación de riesgo. Hasta aquí, nada que no suceda muchas veces en las que la parte denunciante, con una visión subjetiva del conflicto, cree ameritar una medida que el juez, con una posición más objetiva, no concede.

Al margen del daño social que estas polémicas engordadas a antojo de unos y otros producen, lo que me parece verdaderamente escandaloso es que el Ministerio del Interior haya ordenado a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que la Brigada Central de Escoltas disponga un dispositivo de protección para Santaolalla. El hecho de que, tal y como se ha dicho en prensa, no se trate de una escolta permanente, sino de acompañamiento en momentos puntuales en actos públicos o eventos con aglomeraciones, no resta un ápice de gravedad a la decisión. El problema no es ella, sino el criterio con el que el Ejecutivo decide qué asuntos merecen protección reforzada y cuáles se dejan a la intemperie.

El doble rasero del Ejecutivo en lo que a protección de víctimas se refiere es indecoroso

Los principales sindicatos de la Policía Nacional (JUPOL y SUP) han puesto el grito en el cielo y han reclamado transparencia sobre los informes técnicos que justificarían el despliegue de estos medios, que no ha llegado. El Ministerio del Interior ha guardado silencio sepulcral, como suele hacer siempre que está en el punto de mira. Los representantes sindicales, para justificar su indignación, han puesto el foco en aquellos casos de violencia de género en los que un solo policía debe asumir el seguimiento de decenas de víctimas. Por el contrario, en este caso, con una objetivación judicial de inexistencia de riesgo, se ha decidido destinar medios policiales para proteger a una tertuliana mediática afín al Gobierno.

Lo cierto es que el doble rasero del Ejecutivo en lo que a protección de víctimas se refiere es indecoroso. Aún estamos esperando la asunción de responsabilidades políticas con el escándalo de las pulseras antimaltrato, donde, por ahorrar unos euros, se rebajaron las exigencias técnicas de los dispositivos. Ahora sabemos que, además, en algunos casos, un único policía tiene bajo su responsabilidad la protección de más víctimas de las que humanamente puede asumir.

Como es habitual, la imprecisión legislativa deja al Gobierno un amplio margen para actuar con arbitrariedad. Según la Orden INT/859/2023, la Brigada Central de Escoltas protege a altas personalidades del Estado, testigos protegidos y ‘otras personas que se determinen’, fórmula que deja un amplio margen a Interior para decidir a quién se escolta. Basta una cláusula genérica y un protocolo interno poco transparente para convertir lo discrecional en caprichoso.

Hay que pedir cuentas al Ejecutivo sobre cómo se emplean los escasos recursos públicos en decisiones política y éticamente cuestionables

Con la degradación de las instituciones y del debate público hemos comulgado con ruedas de molino al aceptar que todo lo que tenga peregrino amparo legal y no sea delito, es correcto. La ética en la gestión pública y la obligación de neutralidad de los poderes públicos recogida en el artículo 103 de nuestra Carta Magna son mitología clásica.

No se trata de determinar que algo es válido y bueno porque la ley ni lo prohíbe ni lo castiga. Lo relevante es que hay que pedir cuentas al Ejecutivo sobre cómo se emplean los escasos recursos públicos en decisiones política y éticamente cuestionables como esta.

Llueve sobre mojado. Los sindicatos llevan años denunciando un déficit estructural de medios personales y materiales, desde chalecos y vehículos hasta plantillas suficientes en Seguridad Ciudadana y Tráfico. En algunas zonas como el Estrecho y el Campo de Gibraltar, la presencia policial es insuficiente y la infraestructura judicial artesanal, “de pueblo” para luchar contra el todopoderoso narco. Aún recordamos el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, con medios irrisorios frente a un enemigo mucho más poderoso.

En este escenario de carestía de medios y en plena ola de escándalos de presuntos delitos de agresión sexual y acoso dentro del cuerpo, es especialmente sangrante la decisión no explicada del Ministro.

Opinión

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El caso de la escolta a Santaolalla no es un hecho aislado. Recientemente hemos sabido que una empresa pública, AENA, cuyo objeto social es la “ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación, administración y gestión de los aeropuertos de interés general y titularidad estatal, así como helipuertos” ha anunciado un concurso literario que, por su cuantía, iguala el millón de euros del Premio Planeta para la obra ganadora. En un momento en el que muchas infraestructuras se han visto comprometidas por falta de mantenimiento, usar fondos públicos para un premio que excede las sumas simbólicas de otros certámenes y no responde al objeto social de la empresa nos obliga a replantearnos la ética en la gestión pública. O el gabinete que el ministro Óscar Puente ha reconocido tener, dedicado específicamente a rastrear referencias y críticas a su persona en los medios. ¿Es correcto usar recursos públicos en cuestiones personales de este hiperactivo tuitero?

Son muchos los ejemplos de utilización partidista, desviada y ajena al interés público de los fondos. El control que la Intervención General del Estado debe realizar sobre la acción del Gobierno se ve limitado por la dependencia orgánica del propio Gobierno y la capacidad de éste para nombrar a la cúpula. Mientras la discrecionalidad sea blindaje político y las cámaras de eco justifiquen cualquier decisión ‘porque lo hace de los míos’, seguiremos aceptando que no hay para pan, pero hay para peras.