Caso Malaya: llegará la sentencia, y faltarán culpables

No habrá que esperar a la sentencia. Ni siquiera tendremos que buscar una señal más en los gestos y muecas del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, durante el alegato final del juicio que ya ha quedado visto para sentencia. No, no hace falta ningún trámite más, ninguna indagación, ningún veredicto porque lo que ha quedado claro a lo largo de tantos meses de instrucción del caso Malaya es que nunca conoceremos toda la verdad de lo ocurrido en el caso de corrupción política de mayor repercusión social de cuantos ha habido en España.

El mayor por el saqueo literal de un ayuntamiento y por el montante económico manejado por la trama (la policía llegó a cifrarlo en 2.400 millones); el mayor porque sólo en este caso se ha disuelto por decreto una institución elegida democráticamente, sin esperar a que llegaran las urnas; y el mayor por la conexión explosiva de algunos de los elementos más sobresalientes del caso con personajes del colorín. Que si algo le faltaba a una podredumbre así era la confluencia de la política y la prensa rosa, la corrupción urbanística al lado de la basura del corazón.

En marzo de 2006 comenzó el rosario de detenciones y registros y en estos más de seis años transcurridos, después de decenas de detenciones, después de los cientos o miles de interrogatorios, el caso Malaya está ya visto para sentencia sin que, de verdad, sepamos cómo pudo ocurrir un robo así, sistemático y sostenido, durante tantos años sin que nadie, ninguno los organismos de control de los que está dotado el Estado, detectara nunca nada. Jamás. Todo ocurrió a la vista de todos; todo era tan evidente que la ostentación llegó a ser obscena. Así durante años y años, y nada.

Marbella estaba a la vista. También a la vista de los ciudadanos marbellíes que ratificaban, elección tras elección, a los corruptos en sus cargos. También a la vista de la prensa, es verdad, y con honrosas excepciones, muchos callaron ante los desmanes. Marbella estaba a la vista, sí, y ahora que el caso ha quedado visto para sentencia persiste el amargor de todas esas preguntas sin responder

Los que han estado ahí sentados en el banquillo de los acusados, esos noventa y cinco imputados, son la parte visible de este drama de corrupción y, acaso, los principales actores, los que se beneficiaron del saqueo en el grado que fuera, que eso lo determinará ahora la sentencia; son, digamos, las manos por las que pasaron los sobres de colores en los que, según se contaba entonces en Marbella entre la leyenda y la realidad, circulaba el dinero de las comisiones ilegales, dependiendo la procedencia profesional del extorsionado.

Pero eso, como se comprenderá, es un extremo, la parte visible. ¿Qué sabemos de todo lo demás, lo que subyace en un escándalo de corrupción como éste amasado durante tanto tiempo? Hacienda, por ejemplo. Lo que no hace falta que nadie le explique a ningún ciudadano español es el control que ejerce la Hacienda pública sobre todos nosotros cada año. El más mínimo descuido es susceptible de sanción; la más mínima duda en una empresa conduce a la inspección. Juan Antonio Roca, sin embargo, pudo reunir una inmensa fortuna (se hizo con un patrimonio “muy importante”, dice ahora la Fiscalía Anticorrupción) sin que, por lo visto, levantara la más mínima sospecha. Debe ser que, hasta que el caso reventó en los tribunales, se tomaban por válidas las explicaciones que daba Roca, como aquella, incluida en una declaración policial, de que le había tocado la lotería “más de ochenta veces”.

La fortuna de Roca pasó por la minuciosa maquinaria de Hacienda con la facilidad con la que el rayo de luz que atraviesa el cristal. Quizá por eso debemos entender, o admitir sin más, que tampoco la Policía sospechara nunca nada. Ni nadie en la Justicia. En 1991, ganó Jesús Gil la alcaldía de Marbella por primera vez y hasta 2006, dos años después de su muerte, no comienza el ‘caso Malaya’.

¿Y la Junta de Andalucía? ¿Hizo algo por detener el saqueo? Tan evidente como la fortuna de los nuevos ricos de Marbella, eran los ‘pelotazos urbanísticos’ y las ilegalidades que se cometían para la construcción masiva de viviendas (“me da igual que los terrenos sean zonas verdes, rojas o amarillas”, se jactaba, en público, el difunto Gil), y la Junta de Andalucía, que tenía la obligación de inspeccionar, controlar y sancionar los excesos urbanísticos jamás interpuso un proceso penal contra el Ayuntamiento de Marbella. Sólo en el último periodo de la vida de aquella trama de corrupción, cuando el caldero estaba a punto de estallar, o de rebosar, comenzaron a aprobarse algunos débiles expedientes de sanción.

Marbella estaba a la vista. También a la vista de los ciudadanos marbellíes que ratificaban, elección tras elección, a los corruptos en sus cargos. También a la vista de la prensa, es verdad, y con honrosas excepciones, muchos callaron ante los desmanes. Marbella estaba a la vista, sí, y ahora que el caso ha quedado visto para sentencia persiste el amargor de todas esas preguntas sin responder. Como una estela de hedor que no se disipa.