Paradojas andaluzas

Tendremos que pensar más serenamente si existe alguna relación casual entre la toponimia y la personalidad, pero, a ver, qué otra cosa podría esperarse que apareciera detrás de la ‘La revuelta del salchichón’ sino un choriceo. En el caso del director general al que ha sorprendido El Confidencial en ‘La revuelta del salchichón’, la coincidencia entre el topónimo y la circunstancia es extraordinaria porque nos ha descubierto cómo el responsable del desarrollo energético de la comunidad tiene una casa en la sierra en la que ‘piratea’ la luz y el agua.

Y todo porque la casa de campo en cuestión ha sido construida en zona no urbanizable, que es lo que redondea la extraordinaria peripecia de ese tipo, de nombre Luciano González, encargado de la nueva apuesta propagandística de la Junta de Andalucía, la ‘construcción sostenible’. Tres en raya: luz, agua y edificación. Todo ilegal en la casa del tío que se encarga de la legalidad.

Tan fantástico es el hallazgo que lo mejor del caso es que, en realidad, Luciano González trasciende de su figura; ese hombre es el prototipo más fiel del político que ha logrado hacer carrera en Andalucía (y fuera de esta región) con la exclusiva virtud de saber medrar en su partido. De su currículum al margen de la vida pública sólo se conoce que fue maestro de Primaria y que suspendió las oposiciones de Secundaria.

Maestro de Primaria que apenas ejerce y que logra llegar a una dirección general sin conocimiento específico del área que gestiona. Ese es el prototipo de político que representa Luciano González

Todo lo demás son idas y venidas, hasta que la coyuntura política se alinea en su favor y, por el reparto de cuotas de poder dentro del PSOE, el consejero del Gobierno andaluz que le corresponde a la provincia de Málaga es amigo o conocido y se lo lleva para un alto cargo en la Junta de Andalucía. Expresado en euros, 51.400 euros al año, repartidos en doce pagas, dos extraordinarias, un complemento de destino y otro complemento específico. A ese montante global habría que sumarle, en el caso de que así sea, algún trienio por su condición de profesor y una ayuda en especie para el alquiler de una casa en Sevilla, donde está la sede de la Consejería para la que trabaja.

Maestro de Primaria que apenas ejerce y que logra llegar a una dirección general sin conocimiento específico del área que gestiona. Ese es el prototipo de político que representa Luciano González.

Pero, además de prototipo de político, el caso de Luciano González, su chalé ilegal en la sierra de Málaga, es un ejemplo fiel del caos urbanístico de Andalucía, el descontrol absoluto que ha tolerado la Junta en los últimos treinta años. Las viviendas ilegales como la del director general de Energía se cuentan por decenas de miles en toda la región, especialmente en los lugares de mayor atractivo turístico. Tan enorme ha sido el descontrol que hace ahora dos años, cuando el Gobierno andaluz aún lo presidía José Antonio Griñán, se intentó impulsar un proceso de ‘amnistía’ de las viviendas ilegales.

El cálculo que se hizo entonces es que las viviendas ilegales en Andalucía podrían estar entre las 300.000 y las 350.000. De ellas, según el propio Gobierno andaluz, la inmensa mayoría, en torno al 80 por ciento, se trata de delitos ya prescritos, con lo que lo único que se podría hacer es reconocerlas jurídicamente, aunque no se incluyeran en la planificación, para que puedan acceder legalmente a los servicios de luz y de agua. Otro 10 por ciento de esas viviendas ilegales podrían ser asumidas perfectamente en el planeamiento y el 10 por 100 restante son casas que se han construido en suelos protegidos o en zonas inundables que nunca podrán ser legalizadas.

Las viviendas ilegales como la del director general de Energía se cuentan por decenas de miles en toda la región, especialmente en los lugares de mayor atractivo turístico

De cómo se ha llegado a esa barbaridad urbanística es a lo que nunca va a contestar el Gobierno andaluz. Sencillamente se ha permitido, se ha tolerado durante años y ahora se mira para otra parte. Podrían preguntarle, por ejemplo, al propio consejero de Presidencia de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios, que fue alcalde de Chiclana, en la provincia de Cádiz, desde 1994 a 2004, etapa en la que se multiplicaron las viviendas ilegales en esa ciudad. ¿Cuántas viviendas ilegales puede haber en Chiclana? Pues ni se sabe, pero desde hace años esta población se pone siempre de ejemplo como la mayor bolsa de casas ilegales de Andalucía, quizá de España.

Según algunas estimaciones, es posible que la mitad de los 80.000 vecinos de Chiclana viva en casas ilegales; por tener, los ilegales cuentan hasta con un partido político con representación municipal, el Partido Vecinal Regionalista, y con una concejal que está al frente de la delegación de Urbanismo. Hace unos meses, el actual Gobierno municipal, de coalición entre el PP con el partido vecinal, presentó un plan general para intentar normalizar la ilegalidad y el PSOE, en la oposición, se opuso. En fin.

Se entenderá que, en ese panorama desolador de viviendas ilegales, lo que resulta hasta cínico es que el mismo partido político bajo el que se ha desarrollado el descontrol urbanístico sostenga, sin solucionar el problema anterior, que el objetivo ahora de Andalucía es “abanderar en Europa” la construcción sostenible; “abanderar una oportunidad de especialización en el marco de las políticas europeas y para el desarrollo de actuaciones ligadas a nuevas soluciones constructivas”, que dice pomposo el responsable político de la cosa, José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. ¿Y quién es el responsable directo de la construcción sostenible? Pues sí, el tipo de ‘La revuelta del salchichón’. Paradojas andaluzas.