Algarrobico, la mentira indestructible

Todo en el Algarrobico es mentira. Sólo es cierto lo que vemos a simple vista, la imagen conocida de un gran hotel inacabado, esa mole de

Foto: Algarrobico, la mentira indestructible

Todo en el Algarrobico es mentira. Sólo es cierto lo que vemos a simple vista, la imagen conocida de un gran hotel inacabado, esa mole de cemento que se levanta en la playa en Almería, a la espalda del Parque Natural del Cabo de Gata, pero todo lo demás es falso, engañoso, inexplicable, turbio o irresoluble. El Algarrobico, eso que vemos, es el espejismo de una chapuza política, el interruptus de un 'pelotazo urbanístico', la punta de un iceberg de mentiras. Tan patético resulta todo que lo extraordinariamente complicado es explicar que la última sentencia sobre ese proyecto de hotel lo que único que ha hecho es darle la razón al Gobierno andaluz, que, indignado, ha anunciado que la recurrirá para acabar de una vez con "la tropelía". ¿Alguien lo entiende? Pues de ese absurdo arranca todo.

Todo surge, en efecto, de la intención inicial de la Junta de Andalucía de urbanizar esa zona de litoral, en el municipio de Carboneras. Junto a un parque natural se promueven urbanizaciones, hoteles y campos de golf. En el caso del Algarrobico, la idea era construir 1.500 viviendas, un campo de golf y otros seis hoteles, además del que conocemos inacabado, que tiene 21 plantas, 411 habitaciones, piscinas y jardines. Y todo a 20 metros de la playa. Esa era la pretensión del Gobierno andaluz en la costa de Carboneras, de la misma forma que unos años antes había intentado una operación similar junto al parque de Doñana.

Y si en el caso de 'Costa Doñana', que así se llamaba la urbanización frustrada, existían extrañas implicaciones políticas, entre ellas Francisco Palomino, cuñado de Felipe González, entonces presidente del Gobierno, en el caso del Algarrobico existen otras implicaciones políticas que, por lo menos, parecen misteriosas. Carboneras, vamos a ver, es un pueblo pequeño de la provincia de Almería, de algo más de 8.000 habitantes. Sin embargo, el poder que ha desplegado siempre en el seno del PSOE su antiguo alcalde, el socialista Cristóbal Fernández, es extraordinario.

La única duda, como casi siempre, se limita a intentar calcular cuánto le puede costar este despropósito al bolsillo de los andaluces. Hace más de cinco años, se llegó a estimar la indemnización a la constructora en 300 millones de euros

Un sólo ejemplo bastará: a finales de 2006 el Tribunal Supremo condenó al citado Cristóbal Fernández por un delito electoral, la más elemental de las corrupciones, favores a cambio de votos. Pues bien, fue condenado (el alcalde y su hermana, que era teniente de alcalde), el 22 de noviembre de 2006 abandonó sus responsabilidades públicas y, en poco más de una semana, el 1 de diciembre, lo indultó el Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero para que se pudiera volver a presentar a las elecciones.

Podría entenderse que el PSOE local, en aquel tiempo, explicara a los vecinos lo sucedido con barbaridades batasuneras como que "a veces, la voluntad de los pueblos es quebrada por artimañas que, aun siendo inmorales, encuentra extraños acomodos temporales en el Estado de derecho". Y que el PSOE regional repitiera aquellos días que se trataba de "una sentencia injusta". Pero ¿qué poder tenía el alcalde de una localidad como Carboneras para que Zapatero lo indultara en poco más de una semana? Pues sucedió. Esa es la cuestión.

Por eso, por ese detalle, no es de extrañar todo lo demás, que la construcción del hotel Algarrobico contase con todos los parabienes municipales y regionales, las dos Administraciones implicadas en la aprobación de los sucesivos planes. Tan claro lo tenía el Gobierno andaluz que la sentencia que se ha hecho pública esta semana, en la que se declara la legalidad del hotel, lo que hace es recordar los argumentos de la Junta de Andalucía de entonces: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) elaborado por la Junta de Andalucía de 1994 consideraba urbanizable la zona de El Algarrobico, en el extremo norte del parque, ya que “su desarrollo no resultaba a priori contrario a los valores del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar”.

Ese era el razonamiento, el criterio político y medioambiental del Gobierno andaluz (del PSOE, que gobernaba entonces y ahora en Andalucía), y por eso en los recursos judiciales múltiples que hay planteados, la constructora, Azata del Sol, se limita a presentar la batería de licencias y permisos que le concedieron todas las Administraciones. Tan claro lo tiene la constructora que, por lo menos hasta hace poco, en el mismo cartel en el que se detallaba el proyecto de la obra, los propietarios, con evidente ironía, detallaban todas las licencias que habían obtenido en veinte años.

“Suelo Urbano, julio de 1987. Publicación en el Boletín de la Provincia, agosto de 1987. Plan Parcial, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en mayo de 1988. Proyecto de Urbanización. Aprobación inicial en julio de 1988; aprobación definitiva en 1997. Normas Subsidiarias: Aprobación definitiva, marzo de 1998. Licencia municipal: 13 de enero de 2003”.

Por tener, la constructora cuenta incluso con diversos beneficios fiscales, desde la exención de impuestos y tasas municipales hasta una ayuda, en 2002, de la Dirección General de Políticas Sectoriales del Ministerio de Economía para la construcción del hotel, considerado entonces “un elemento motor para el desarrollo económico y social de la zona”.

Durante todo ese tiempo, se pueden encontrar múltiples declaraciones de los responsables del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, como presidente de la Junta de Andalucía, o su consejera de Medio Ambiente y después presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, natural de Almería, por otra parte, en las que reiteraban que el hotel Algarrobico no suponía ningún “problema medioambiental, ni de flora ni de fauna”.

Y añadían que la posición de la Junta estaba respaldada “por estudios de la Unión Europea, por la Unesco y por científicos que han avalado la gestión medioambiental”. Tampoco le veían problemas legales. Decían: “Tiene derechos consolidados desde antes de la declaración del parque”, por tanto hay que “respetarlo” porque “cuenta con todas las bendiciones de las leyes”.

El poder que ha desplegado siempre en el seno del PSOE el antiguo alcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, es extraordinario

¿Qué ocurre, entonces, para que se haya llegado a la situación actual? Los únicos coherentes, y persistentes en denunciar la barbaridad urbanística del hotel Algarrobico han sido los movimientos ecologistas, fundamentalmente Greenpeace. Los ecologistas son los únicos que han mantenido siempre la misma postura con respecto a la mole de cemento junto al parque natural del Cabo de Gata. Pensaban que el hotel era ilegal y no pararon hasta que un juez de Almería decretó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras.

La ministra de Medio Ambiente de la época, Cristina Narbona, un verso suelto dentro del PSOE andaluz, se suma a la campaña contra el Algarrobico y, poco a poco, el criterio de la Junta de Andalucía fue girando hasta completar los 180 grados y defender exactamente lo contrario de lo que había sostenido. Como ahora, el Gobierno andaluz, con golpes de pecho, censura que un juez le dé la razón a lo que siempre ha defendido la Junta de Andalucía y se comprometa a luchar “con mano de hierro” contra ese símbolo de “la especulación urbanística”, contra esa “tropelía medioambiental”.

Todo, en definitiva, es mentira. La indefinición judicial, con sentencias en un sentido y en otro, obedece a lío monumental de la Junta de Andalucía, que ha aprobado normas en un sentido y en el contrario sobre la posibilidad de urbanizar en esa zona, y la única duda, como casi siempre, se limita a intentar calcular cuánto le puede costar este despropósito al bolsillo de los andaluces. En su día se hizo una estimación de a cuánto ascendería indemnizar a la constructora, que como queda claro se limita a presentar en los juicios las numerosas licencias y aprobaciones con las que cuenta.

Entonces, hace más de cinco años, se llegó a estimar la indemnización en 300 millones de euros. Eso sin contar con los más de 60 millones de euros que podría costar la demolición del hotel, construido sólo a falta de los interiores, y la restauración del entorno. Pero todo eso, en fin, también está calculado ya. De hecho, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya ha incluido la demolición del Algarrobico entre sus planes de creación de empleo. Lo dijo en el Parlamento andaluz en enero pasado y su anuncio se perdió en un mar de aplausos entre las filas socialistas.

Matacán
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