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Alaya se despide de los ERE
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Javier Caraballo

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Alaya se despide de los ERE

Llegó la hora. Después de cuatro años de investigación y cientos de miles de folios de sumario, la juez se va a despedir del caso, que va al Supremo

Foto: La juez Mercedes Alaya (EFE)
La juez Mercedes Alaya (EFE)

Llegó la hora. Después de cuatro años de investigación y cientos de miles de folios de sumario, la juez Mercedes Alaya se va a despedir del caso de los ERE. Al menos en parte, porque la instructora ya se ha asegurado una nueva pieza para seguir investigando; sin embargo, el tronco fundamental de la trama de los ERE lo va a empaquetar, lo están empaquetando ya, y algunos furgones policiales lo trasladarán en breve hasta el Tribunal Supremo, donde debe concluir la investigación.

En cuanto la juez Alaya acabe el auto de remisión al Supremo de la causa, que será enciclopédico, como todo en este procedimiento, saldrán de la Audiencia de Sevilla una hilera de cajas con los 180 tomos de la investigación, en torno a trescientos mil folios, que contienen más de 200 imputaciones. Sólo la imagen que puede adivinarse, las cajas apiladas, ordenadas en algún pasillo del juzgado, los ordenanzas cargándolas en los furgones, todo eso, esa estampa por sí misma tiene la fuerza de la mayor trama de corrupción institucional conocida en España.

No ha habido en España otro juicio por corrupción que se asemeje a este por la dimensión que ha adquirido en esta fase de instrucción desde que, en el otoño de 2010, se comenzó la investigación en el juzgado de Mercedes Alaya. Podría pensarse que todo empezó por una mera casualidad si no fuera porque la juez Alaya en todo este tiempo ha dado muestras sobradas de una constancia estajanovista.

En las pesquisas de un escándalo anterior, el de Mercasevilla, se descubre que la Junta concedía subvenciones millonarias a algunas empresas, como a la citada Mercasevilla, que no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), como era preceptivo. A partir de ahí y hasta la actualidad, la instrucción de los ERE, con las derivaciones que se han generado, ha sido una montaña rusa de sobresaltos continuos.

El detalle, que podría parecer insignificante, de la publicación de las subvenciones en el BOJA dio lugar a la revelación por parte del entonces director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, de la existencia de un “fondo de reptiles” en la Administración andaluza. El Gobierno andaluz había diseñado ese fondo para poder repartir subvenciones sin control alguno, sin fiscalización posible.

Pero no eran sólo algunas empresas las beneficiadas, no; en cadena se fue descubriendo que ese pozo de dinero oscuro incluía prejubilaciones de cientos de miles de euros a gente que jamás había pisado una empresa, comisionistas que se levantaban comisiones millonarias por un trámite, sindicalistas que se pavoneaban del dinero acumulado, políticos, como el tal Guerrero, que cargaba a los fondos de Empleo sus fiestas de alcohol y cocaína.

Es curioso repasar ahora la primera reacción de la Junta de Andalucía en aquel momento, en los primeros meses de 2012, cuando se conoció el escándalo de la cocaína pagada con el dinero de los parados. Ya había trascendido que en muchos de los ERE se incluían intrusos, pero el Gobierno andaluz y por extensión el PSOE no le concedía más importancia que una lamentable anécdota. “La información demuestra que no estamos ante ningún caso de corrupción generalizada, sino ante un comportamiento indebido de una persona”, dijo entonces el portavoz socialista, Mario Jiménez.

Otros compañeros suyos, en otras reacciones similares, se mofaban, incluso, de las exigencias de la oposición (“han pinchado en hueso”, decían), pero la declaración anterior es oportuna porque afirma justo lo contrario de lo que en realidad ocurrió durante diez años en la Junta de Andalucía: corrupción generalizada.

Una instrucción siempre cuestionada

Lo complejo de un asunto así, tan extenso, en una comunidad de dimensiones similares a la de un país como Portugal, es que por el obsoleto sistema judicial español toda esa investigación recaiga sobre los hombros de una sola persona: la juez Alaya. Por sí mismo, por las dificultades y limitaciones del sistema, la precariedad rampante de la Justicia española y de los cuerpos policiales, es inevitable que la instrucción de este tipo de macroprocesos acabe enredándose y originando defectos procesales que, a la larga, pueden dar al traste con buena parte de la causa. Pero es que, además de todo eso, la investigación de los ERE, para lo bueno y para lo malo, ha dependido de la compleja personalidad de la instructora, Mercedes Alaya.

Muchas de sus decisiones, cuestionadas primero de forma tibia y luego de forma abierta y abrupta, empezarán a dilucidarse a partir de ahora, en la recta final del caso, cuando el Supremo decida qué hacer con el inmenso sumario que le va a llegar.

Instrucción inquisitorial, informes y declaraciones de testigos que se ocultan a las partes, dilaciones de años en las declaraciones de algunos imputados, demoras ideadas para retener el proceso… Todas esas acusaciones han sobrevolado la instrucción, pero la que tendrá que resolver el Tribunal Supremo con carácter prioritario es la del aforamiento de una decena de imputados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y varios de sus consejeros, entre ellos algunos señalados como ‘cerebros’ de la trama de los ERE.

Cuando el Supremo se pronuncie, la causa puede dividirse en decenas de procesos paralelos en distintos tribunales, atendiendo al aforamiento de algunos procesados y, fundamentalmente, a la estratificación de la trama de los ERE. Eso sin contar con que Alaya seguirá investigando una ramificación más de los ERE, las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía entre los años 2011 y 2012. Lo que empaqueta y envía al Supremo es el grueso de la investigación, hasta ahora ceñida a los años que van de 1999 a 2010.

Cuatro años después, ya desfilan las cajas desde Sevilla a Madrid, y en el traqueteo silencioso de esas furgonetas irá creciendo una angustia honda por que el caso acabe deshaciéndose, como tantos otros. Diluido en la nada de recusaciones, invalidaciones, revocaciones y prescripciones. Nadie ahora se atreve a pronosticarlo. ¿En qué va a quedar todo? Esa la duda, sí. Hoy sólo se dibuja una raya en el suelo: cuatro años después, Alaya se despide de los ERE.

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