Un juez del PSOE en los ERE

Final de traca para los ERE. No ha tenido otra ocurrencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dejar en manos de un juez propuesto por el PSOE la instrucción de los aforados de la Junta de Andalucía que han ido a parar a ese tribunal. ¿Alguien podía calcular un despropósito mayor para acabar de minar la imagen de la Justicia? Pues ha ocurrido, como si fuera una jugada de diseño para echar por tierra la credibilidad y el trabajo honesto, riguroso e independiente de tantos miles de jueces y fiscales, que deben ser los primeros que se irriten con este tipo de carambolas.

El mismo juez que, hace dos años, dictó el sobreseimiento libre de Sánchez Gordillo cuando fue acusado de amenazas y coacciones durante una huelga general para que cerraran varios establecimientos y empresas. El líder jornalero llegaba a un supermercado, por ejemplo, y les decía que tenían que cerrar, “por las buenas o por la malas”. O cerraban o tiraban todas las estanterías por el suelo –“Espero que nos entendamos”, remataba Sánchez Gordillo–. ¿Estaba claro? Pues sí, estaba claro y grabado, pero el juez que se hizo cargo del caso dictó un sonoro carpetazo porque, a su juicio, Sánchez Gordillo “no se había excedido”. Ese juez se llama Miguel Pasquau, el mismo que ahora tendrá que juzgar a los aforados de la Junta de Andalucía en los ERE.

Podrá decir el afectado, Miguel Pasquau, que al criticar que el caso de los ERE haya caído en sus manos se está prejuzgando cuál será su dictamen final y, sobre todo, se está poniendo en duda su honestidad como ponente del Tribunal andaluz en este proceso. Pero no es a la persona, al profesional, a quien se censura en este caso, sino al sistema que permite que se consume un despropósito así en el TSJA. De lo que estamos hablando, en fin, no es de un juez concreto, sino de las consecuencias perversas de la politización permanente de los tribunales. Porque para estar hablando hoy de Miguel Pasquau, antes tuvo que aprobarse una ley que permitiera que fueran los partidos políticos los que designasen como jueces de los Tribunales Autonómicos a personas que nisiquiera tenían la condición de juez.

Ninguno de ellos va a repetir en las listas para que nadie pueda desmentir a Susana Díaz en su discurso de luchadora implacable contra la corrupción

Eso fue lo que ocurrió con la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, en la que se establece, artículo 330, que “en la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada tres plazas se cubrirá con un jurista de reconocido prestigio” nombrada con el tradicional sistema de cuotas que se reparten los partidos políticos. Miguel Pasquau era en 2001 profesor de Derecho Civil de la Universidad de Granada cuando lo nombraron, a propuesta del PSOE, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Alguno de los exconsejeros de la Junta de Andalucía, imputados en los ERE, estaban ya entonces en el Parlamento andaluz y votó a favor de que Pasquau fuera nombrado magistrado.¿De verdad que alguien puede pensar que es ético que ese magistrado juzgue a quien lo votó? Pues ese el caso de Francisco Vallejo, uno de los cuatro exconsejeros imputados en los ERE junto a Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio.

Hay más, de todas formas. Lo que ha ocurrido con esos exconsejeros es que el Parlamento andaluz, en su última sesión y de tapadillo, los incluyó en la Diputación Permanente para que no perdiesen su condición de aforados, ante la disolución de la Cámara andaluza y la convocatoria de las elecciones. Se trata de una sutil combinación de doble lenguaje y de cinismo.

Ninguno de ellos va a repetir en las listas para que, públicamente, nadie pueda desmentir a la presidenta andaluza, Susana Díaz, en su discurso de luchadora implacable contra la corrupción en su partido. Pero junto al discurso público y a la exclusión de los imputados de las listas electorales, el PSOE los incluyó en la Diputación Permanente para que, como acaba de suceder, un juez que fue propuesto también por el PSOE se haga cargo del asunto. Si no hubiera sido así, los cuatro exconsejeros estarían declarando ya ante la juez Alaya, pero se les ha prolongado el aforamiento el tiempo justo para que eso no suceda.

 ¿De verdad que alguien puede pensar que es ético que ese magistrado juzgue a quien lo votó? 

Eso es, por ejemplo, lo que solicitó el Fiscal Superior del propio TSJA, que este tribunal se declarase incompetente para asumir el caso de los exconsejeros y que lo dejara en manos de la juez Alaya. El razonamiento del fiscal parecía inobjetable: dado que los cuatro exconsejeros van a dejar de estar aforados el 16 de abril, cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz, “resulta materialmente imposible que el Tribunal Superior de Justicia pueda designar Magistrado Instructor que dicte, en su caso, Auto de Apertura de Juicio Oral, antes de que pierdan su condición de aforados las personas citadas”. ¿Lógico, verdad? Pues lo que ha hecho es la sala de lo Civil y Penal es lo contrario, asumir la causa, a sabiendas de que les queda un mes y medio de aforamiento, y ponerla en manos del citado Miguel Pasquau, el juez nombrado por el PSOE.

Veremos, en todo caso, qué ocurre finalmente y en qué queda la extraña carambola del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con los ERE cuando expire el aforamiento de los exconsejeros. De momento, como se decía antes, es una vez más la imagen de la Justicia la que se ve perjudicada. Sostiene el magistrado Miguel Pasquau en su blog personal, llamado Es peligroso asomarse, que uno de los problemas fundamentales de las corrupción política es que, “además de sus daños directos, tiene graves efectos secundarios cuando se convierte en un estado de opinión (…) y le damos elrango de hábito del sistema”. Debería pensar que es estado de opinión no comienza con los escándalos, sino mucho antes. Con el abuso de los aforamientos en los instituciones y la politización constante de la Justicia.