Susana Díaz, de ‘griñanini’ a presidenta de rectores

Si Susana no va a la Universidad, la Universidad va a Susana. Antes de que ascendiera al estrellato de la política nacional, a Susana Díaz la fustigaban en cada perfil político por su pertenencia al grupo de los ‘griñaninis’, aquellos jóvenes líderes del PSOE de Andalucía que no habían tenido más nómina que las de los cargos públicos que habían ocupado, entre otras cosas porque no tenían más oficio que la política. A duras penas, desde los escaños lograron una licenciatura que nunca ejercieron, como el caso de la ahora presidenta de la Junta de Andalucía que tardó diez años en acabar Derecho. Aquella circunstancia vuelve a tener relevancia ahora que Susana Díaz ha nombrado a su segundo gobierno, el primero en solitario, y ha sorprendido a todos con la designación de dos rectores de universidades andaluzas.

Si faltaba alguna demostración de la politización en la que se ha instalado la universidad andaluza, ha venido Susana Díaz a corroborar el dominio absoluto que ejerce el PSOE en los diez campus existentes en Andalucía. Los dos rectores más activos en la batalla contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se incorporan de golpe al ejecutivo socialista; Antonio Ramírez de Arellano y Adelaida de la Calle, rectores hasta esta semana de las Universidades de Sevilla y Málaga. Y de los dos, la segunda brilla con luz propia en la guerra contra Wert durante su cargo de presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades de España entre 2011 y 2013.

Arellano aprovechaba cada intervención para acusar a Wert de “frivolidad” y de querer “enterrar la excelencia” universitaria por motivos políticos. “Se están lanzando mensajes distorsionados y poco rigurosos para denigrar el sistema público universitario, una campaña que solo puede obedecer al desconocimiento más absoluto o al deseo de controlar políticamente a la Universidad”, dijo en un discurso institucional. En la misma línea, Adelaida de la Calle consideraba que la nueva ley de Educación “deja fuera del sistema a alumnos con recursos económicos escasos” y simboliza “la quiebra del principio de igualdad”.

Susana Díaz ha venido a corroborar el dominio absoluto que ejerce el PSOE en los diez campus universitarios repartidos por Andalucía

Una y otra crítica contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pueden considerarse legítimas y ajustadas a la defensa de la calidad de la enseñanza en la universidad española si, de forma paralela, se hubieran producido también discursos, campañas y manifestaciones en contra de la Junta de Andalucía, que ha llegado a adeudarle a las universidades andaluzas casi mil millones de euros. Pero esa equivalencia nunca ha existido. Mientras que se promovían ‘plantes’ de rectores al ministro Wert, en el caso del Gobierno andaluz todo era comprensión y disculpas. Y eso, a pesar de que en muchas universidades andaluzas los recortes en las universidades estaban muy por encima incluso de la media nacional. El verano pasado, Comisiones Obreras cifró en mil puestos de trabajo el recorte de funcionarios en las universidades andaluzas, unido a la precarización del empleo existente. "Esto es un destrozo. La situación es insostenible, no se puede hablar de universidad pública de calidad con estos recortes", decía CCOO al tiempo que acusaba a Susana Díaz de ignorarlos.

Recortes y falta de pago. Antes de las últimas elecciones, los rectores pidieron algún anticipo de la deuda de la Junta de Andalucía por la asfixia en la que se encontraban y que provocaba desde el atraso en el pago de becas, a la paralización de infraestructuras y equipamientos, pasando obviamente por la absoluta precariedad de los investigadores. La Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió a un plan de pago de la deuda que, en la actualidad, se acerca a los 600 millones de euros. Y en eso están; a la espera. Esa comunión, esa confluencia de intereses políticos, esa sintonía partidaria es la que ahora se rubrica con la decisión de Susana Díaz de sentar en su gobierno a dos rectores, un físico y una bióloga, para que se comprenda bien cómo funcionan algunas cosas en Andalucía.

El siempre recordado Félix Bayón decía que Manuel Chaves había inventado una máquina para componer gobiernos sin ninguna dificultad. Sólo tenía que introducir algunas variables políticas en la máquina y le salía el nombre del consejero. Por ejemplo, “de Huelva”, “varón” y “del sector oficial del PSOE”. Y zas, salía un nombre que cumplía lo fundamental que perseguían sus gobiernos, que respetaran las pugnas territoriales, los equilibrios de la paridad y la cadena de mando orgánica en el PSOE. No es que Susana Díaz haya recuperado la máquina de Chaves de los sótanos del Palacio de San Telmo, pero sí ha regresado a esos equilibrios del chavismo dentro del partido.

La ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ya en la línea de salida de la política, vuelve a la Junta de Andalucía a los 57 años, como una prejubilación

Cada agrupación provincial del PSOE tiene su representación, para que nadie se sienta discriminado. A esa base se le añaden luego independientes, para compensar, y se recrea una imagen de paridad que, aunque no sea exacta, sí es aproximada y cuenta, además, con el símbolo por excelencia de la propia Susana Díaz como la primera mujer que ha presidido el Gobierno andaluz. ¿Qué salen más consejerías de la cuenta? Tampoco eso es problema, cuando Susana Díaz gobernaba en coalición con Izquierda Unida, tenía sólo once consejerías y ahora que gobierna sola, las ha ampliado a trece. Más burocracia política, más voces de gobierno, para que el discurso de la austeridad sea creíble.

Equilibrios al margen, es innegable, en cualquier caso, que algunos nombramientos tienen un sello personal. El rescate de Rosa Aguilar, por ejemplo. La ex alcaldesa de Córdoba, ya en la línea de salida de la política, vuelve a la Junta de Andalucía a los 57 años, como una prejubilación, después de haber pasado por todas las instituciones del Estado. Quizá por eso, por ese espíritu de recta final de la política activa, Rosa Aguilar ha aceptado ahora Cultura, la Consejería que rechazó en 1999 cuando era alcaldesa de Córdoba y ambicionaba más en política.

Entonces quería más y le dieron Obras Públicas y Vivienda. Aceptó el puente de plata que le tendió Griñán para que abandonara Izquierda Unida y de allí pasó, a los pocos meses, al Gobierno de Zapatero. Ahora en Cultura contará, además de las parcelas propias de este departamento, con las competencias de Memoria Histórica, una de las pocas leyes aprobadas en la pasada legislatura por el Gobierno de coalición y que ahora tendrían que retomar, porque el proyecto decayó con la disolución anticipada del Parlamento andaluz.

Díaz repite en cada discurso que su prioridad es el empleo, pero lo primero que ha hecho es aprobar un ‘plan antidesahucios’. Queda en el aire lo demás

¿Volverá el Gobierno de Susana Díaz por el mismo sendero de políticas ya experimentadas en Andalucía? Desde luego, a la luz de la primera reunión de su Gabinete, parece claro que así será. Susana Díaz repite en cada discurso que su prioridad es el empleo, pero lo primero que ha hecho es aprobar un ‘plan antidesahucios’ que se sobrepone al que recientemente anuló el Constitucional. La novedad ahora es que la Junta se compromete a comprar las viviendas que vayan a ser desahuciadas. Una vez adquirida, se le entregarían a la familia afectada por el desahucio para que siga viviendo en ella, con un alquiler social.

Pero como acostumbra el Gobierno andaluz en este tipo de planes, más pegados a la demagogia que a la realidad, lo que queda en el aire es todo lo demás: a cuántas familias afectará, cuánto dinero se va a destinar al plan, cuánto tiempo pueden estar las familias con el alquiler social, qué ocurre en el futuro con la propiedad… Lo importante ahora es el mensaje: “Una medida de vanguardia que demuestra que la Junta de Andalucía está al lado de la gente”, dijeron tras aprobar el plan antidesahucios. Andalucía a la vanguardia, que es la frase que se repite siempre. A la vanguardia siempre. Con los rectores o con los desahucios.