La mamandurria de las diputaciones

Las diputaciones constituyen, 'de facto', un modo de financiación ilegal de los partidos, en cuanto han acabado convertidas en agencias de colocación de los aparatos provinciales de esos partidos

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

Momio, bicoca, chollo, sinecura, mamandurria... ¿Por qué será que el castellano es tan rico en sinónimos para el que vive del cuento, sin darle un palo al agua? Sucede lo mismo con la curiosa, y preocupante, deriva que se le otorga en el lenguaje español a la ‘envidia’, cuando se le concede a ese mal social, acaso el aspecto más corrosivo de la mediocridad, la categoría de ‘sana envidia’. ¿Cómo va a existir una ‘envidia sana’? Con tal de no decir que se admira a alguien, en España somos capaces de cualquier cosa. Pero siempre ha sido así, eso es lo grave, y porque existe la sana envidia, se llega a deformar incluso al ladronzuelo y se le convierte en pícaro; un listillo. Y de ahí la proliferación de sinónimos para el que vive del cuento. Tanto es así que existe una palabra específica para el “sueldo que se disfruta sin merecerlo, ganga permanente”. Ese es el significado exacto de la mamandurria, que tiene como origen etimológico el acto mismo de chupar de la teta, y es por eso por lo que el término que le corresponde al mal de las diputaciones es justamente ese: mamandurria.

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Siempre que, como ahora, surge este debate, se esgrime como defensa de las diputaciones provinciales la labor de coordinación y apoyo que realizan en infinidad de pequeños pueblos en España para el mantenimiento de servicios básicos, que van desde el abastecimiento de agua hasta la ayuda financiera para proyectos de cierta envergadura, que son clave para el desarrollo de comarcas deprimidas. Se arguye siempre esa necesidad porque es cierta, incontestable, pero a lo que no se trasciende es al coste que tiene la prestación de esos servicios ni a la posibilidad de encontrar modelos de gestión que sean más eficaces para los pequeños pueblos que las necesitan y más rentables para el ciudadano que las financia con sus impuestos. ¿Hace falta apoyar a los pequeños núcleos rurales, sobre todo en regiones con poca densidad de población? Absolutamente: es imprescindible, irrenunciable, pero que esa necesidad acabe amparando y justificando a las diputaciones no es más que un agravio añadido de los privilegios de la clase política.

Se escudan en las necesidades de los pequeños municipios, que son reales, para ocultar el verdadero fin de las diputaciones provinciales: el pago de favores
La única realidad es que las diputaciones provinciales constituyen, 'de facto', un modo de financiación ilegal de los partidos, en cuanto han acabado convertidas en agencias de colocación de los aparatos provinciales de esos partidos políticos. ¿Por qué iban a coincidir personajes políticos tan alejados y enfrentados como Susana Díaz y Javier Arenas si no fuera porque los dos defienden el mismo interés, dejar las diputaciones como están? En cuanto ha surgido el debate, los dos han dicho lo mismo, que la supresión de las diputaciones provinciales supone un “ataque frontal a los municipios españoles, y de forma muy especial a los pequeños ayuntamientos” (Arenas) y que hay que “reconocer el papel que desarrollan las diputaciones, que son un factor de cohesión territorial y social, especialmente para los pequeños municipios” (Susana Díaz, a través de su portavoz). Se escudan en las necesidades de los pequeños municipios, que son reales, para ocultar el verdadero fin de las diputaciones provinciales: el pago de favores en las estructuras provinciales y el sostenimiento de las redes clientelares.

Tras las últimas elecciones municipales, en mayo del año pasado, comenzaron a proliferar, nada más constituirse las diputaciones provinciales, noticias por toda España que delataban el verdadero fin de esas instituciones como sostén de colocaciones de los partidos políticos. En Sevilla, por ejemplo, el presidente de la Diputación, que se llama Villalobos y tiene por currículum la fidelidad extrema con quien mande en el Partido Socialista, contrató como asesores a una veintena de cargos locales del partido, bien por favores que se debían internamente, bien porque se trataba de antiguos alcaldes que habían perdido las elecciones. El tal Villalobos tiene un sueldo de 69.000 euros, por encima del de la presidenta de la Junta de Andalucía.

Pero en Barcelona, igual: la noticia fue la rapidez con la que los partidos políticos designaron en la Diputación a los primeros 37 asesores, con sueldos que estaban entre los 3.506 y 4.643 euros brutos al mes por 14 pagas, del total de 92 asesores previstos. El sindicato que denunció las colocaciones en Barcelona, la CGT, añadía que se trataba de nombramientos que, en muchos casos, ni siquiera tenían que pisar la Diputación porque, en realidad, no eran más que sueldos públicos que se otorgaban a dirigentes políticos para que se los ahorrase el partido para el que trabajaban.

¿Qué sentido tiene que sobrevivan las diputaciones provinciales en un país que ya descentralizó el poder?

Las diputaciones, cuya figura se incluye en la Constitución, tendrían que haber desaparecido hace años con la descentralización autonómica, como recuerdan ahora algunos expertos, pero en vez de convertirlas en apéndices provinciales de los gobiernos autonómicos, se mantuvieron como organismos de colocación de los partidos políticos y, además, se amplió la burocracia política con la red de delegaciones provinciales de las autonomías. Y en esto, clama en el desierto hasta Felipe González, que volvió a repetirlo en Sevilla a finales del pasado año: “Lo diré una vez más, siempre a contracorriente. ¿Qué sentido tiene que sobrevivan las diputaciones provinciales en un país que ya descentralizó autonómicamente el poder? ¿Por qué? ¿Porque estaba previsto en la Constitución? Claro. Era imposible que no estuviera previsto hasta que no se completara la descentralización. Ya parece que se ha completado. Por tanto, tenemos que hacer algo”.

Matacán

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