La corrupción y la burocracia política paralizan la Junta de Andalucía

Las estimaciones que se han realizado hablan de más de un millar de imputados o investigados, y cinco o seis mil millones de euros defraudados en varios casos

Foto: Marisma del Guadalquivir. (Fernando Ruso)
Marisma del Guadalquivir. (Fernando Ruso)

Son tan gruesos algunos de los grandes casos de corrupción que se investigan en Andalucía –como el de los ERE, los cursos de formación o Invercaria– que la sombra que proyectan tapa otros escándalos que ni siquiera logran trascender a la opinión pública. El ‘caso Marismas’, por ejemplo. Podría apostarse que casi nadie en Andalucía conoce este caso que, al margen incluso del importe económico defraudado, sobre 40 millones de euros, que ya es una cantidad significativa, es uno de los mejores ejemplos del deterioro profundo en el que ha caído la Junta de Andalucía, lastrada por la corrupción y la parálisis. ¿Parálisis? ¿No es excesivo hablar de parálisis? Bueno, ha sido, precisamente, un interventor de la Junta de Andalucía quien lo ha dicho así ante el juez del ‘caso Marismas’, pero ahora vamos a eso; antes, reparemos en el extraordinario simbolismo de ese ‘caso Marismas’ para entender el por qué de la realidad andaluza.

Este es el caso: desde hace mucho tiempo, los regantes del Guadalquivir reclaman a la Junta de Andalucía la modernización de los regadíos y llega una subvención de 40 millones de euros de la Unión Europea para llevarla a cabo. Pasan los años y lo que descubre la OLAF, la Oficina Antifraude de la UE, es que las obras se financiaron, pero nunca se terminaron: el regadío que sigue funcionando es el que ya estaba caduco hace dos décadas. Y el dinero se ha esfumado en obras sin acabar y en facturas falsas. O mejor: la posibilidad de modernización de los regantes se ha esfumado.

Como este ‘caso Marismas’, absolutamente desconocido por la opinión pública, hay otros muchos que, gota a gota, componen el inmenso despilfarro y descontrol de los fondos públicos y explican, de paso, la dificultad de una región como la andaluza para progresar. ¿Cuántos casos como este hay en la actualidad? ¿Y cuántos implicados? Las estimaciones que se han realizado hablan de más de un millar de imputados o investigados, y cinco o seis mil millones de euros defraudados. Por poner un ejemplo, sólo en una de las ramificaciones del fraude en los cursos de formación, a finales del año pasado un juez de Huelva citó a declarar a más de cien personas imputadas y otras mil como testigos. Y como el de Huelva, hay 17 juzgados más que investigan ese fraude. ¿A cuantas personas afecta? Cientos y cientos. Ni se sabe.

Desde 2014, la Unión Europea ha bloqueado toda subvención a Andalucía procedente del Fondo Social Europeo por las irregularidades que existen

Es en ese contexto en el que cobra sentido la declaración de un interventor de la Junta de Andalucía, cuando acudió a declarar como imputado ante el juez del ‘caso Marismas’. Lo que le dijo al juez es que “por la cascada de imputaciones judiciales, se ha llegado a un estado de parálisis” en la Administración andaluza porque nadie se atreve a tomar una decisión, a estampar una firma, pensando en lo que le puede ocurrir. Los casos de corrupción acaban salpicando a interventores, letrados, asesores técnicos y funcionarios de la Junta de Andalucía y la consecuencia inmediata es este “estado de alerta y prevención”, como lo definió ante el juez ese interventor, Juan Luque Alfonso, salpicado él mismo en dos procesos judiciales.

Pero no es sólo por abajo, a ras del suelo que pisan interventores y técnicos, donde los casos de corrupción acaban generando un clima de desconfianza y parálisis; también por arriba, a nivel político, se bloquea todo. Esta misma semana se ha conocido, por ejemplo, y tampoco ha trascendido en exceso, que la Unión Europea ha bloqueado toda subvención a Andalucía procedente del Fondo Social Europeo por las irregularidades que existen. Desde 2014, en Andalucía, que es la región europea con más paro, no se recibe ni un céntimo de esos fondos.

¿Qué impacto tiene una medida así, en plena crisis económica, para el progreso de Andalucía? Puede imaginarse, desde luego, con sólo ver las cifras de desempleo. Ahora, según María Teresa Arrieta, la interventora andaluza encargada de fondos europeos que desveló el bloqueo de la Unión Europea, en lo que está la Junta de Andalucía es en un proceso de reprogramación de los “planes de acción” y de revisión “de las circunstancias de la tasa de error tan elevada” para conseguir que la Comisión Europea vuelva a confiar en la Junta de Andalucía.

Pero no será fácil porque, por lo pronto, Andalucía es la comunidad autónoma de España que tiene un nivel más bajo de rendición de cuentas. A estas fechas, según el Observatorio de la Rendición de Cuentas, sólo ha justificado el 58 por ciento del ejercicio de 2014. El resto de autonomías, ha justificado más del 90 por ciento. Todo esto, obviamente, es consecuencia del propio montaje burocrático de la Junta de Andalucía, que se parece mucho a un monstruo ingobernable. Una sola muestra, también reciente, de lo se conoce como ‘administración paralela’, el entramado de empresas públicas, agencias y fundaciones que se ha creado en la Junta de Andalucía para eludir los controles públicos que se exigen en la Administración pública.

‘Amaya’ –todos los nombres son muy pintorescos; éste recuerda a la abeja de los dibujos animados– es la Agencia correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente, en la que se descarga la mayor parte de la gestión. Hace unas semanas, la Cámara de Cuentas hizo público su informe de fiscalización en el que decía que en esa agencia, Amaya, el personal contratado hace las veces de funcionarios, sin serlo, y toman decisiones de empleado público, sin serlo, ni tener competencias para ello.

Hay 19 agencias públicas como ésta que siguen funcionando a pesar de las advertencias de que se salta el procedimiento, como acaba de remarcar también en una sentencia el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: “No basta con que los actos finales sean dictados y firmados por el presidente de la Agencia, pues esa toma de decisión debe ir precedida de la instrucción de un procedimiento que incumbe exclusivamente a los funcionarios”. Pero la maquinaria política de la Junta sigue funcionando y lo que ocurrirá después es que muchas de esas decisiones, subvenciones y ayudas, acabarán anuladas, impugnadas o enmarañadas en un sumario judicial. Y el círculo vicioso que va de la corrupción a la desconfianza y a la parálisis volverá a activarse con un escándalo más.

Matacán

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