Privilegios en la hucha vacía de las pensiones

En política, un decreto vale más que mil palabras. Cuando un político gobierna por decreto, es mucho más sincero que cuando lo hace con leyes y, por supuesto, mucho más transparente que cuando promete reformas y mejoras en el atril de un mitin y las plasma luego en un programa electoral. El decreto, diáfano o directo, ayuno de retórica, es un espejo claro del gobernante, porque lo retrata. Lo pensaba hace unos días cuando, accidentalmente, presencié una discusión sobre un extraño decreto del Parlamento de Andalucía que concede a los funcionarios de esa institución un “premio especial” de más de 36.000 euros cuando se jubilan. Tal y como están las cosas conla caja de las pensiones en España, ¿cómo es posible?, pensé al oírlo.

Pero no, la raquítica situación de la hucha de las pensiones no era el motivo de la discusión que presencié accidentalmente, sino la controversia interna que se ha creado en la Junta de Andalucía, con más de 257.000 funcionarios, por el agravio que supone que se otorgue ese ‘premio especial de jubilación’ a un puñado, en torno a 200 funcionarios, y al resto, nada. Y es ahí, justo ahí, donde radica el mayor interés de este despropósito: ¿por qué se otorga ese privilegio solo a los funcionarios del Parlamento y no a los demás de la Administración? Porque la diferencia está en el Parlamento, en el hecho de trabajar ahí, en esa burbuja. Por eso es tan reveladora esa noticia de la psicología de la clase política.

Se trata, además, según señala la norma aprobada por el Parlamento de Andalucía, de una distinción que, antes que en esta comunidad, ya se ha aprobado en muchas otras, como son la Asamblea de Madrid, el Parlamento de las Islas Baleares, el Parlamento de Canarias, la Asamblea de Extremadura, el Parlamento de Cataluña, las Cortes de Castilla y León y el Parlamento de Cantabria. Como se observará, por tanto, no hay color político detrás de esta decisión; seguro que en todos los casos de trata de ‘decretazos’ de la Mesa de la Cámara aprobados por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. ¿Y qué sentido tiene ese ‘premio especial’ de jubilación para los trabajadores del Parlamento andaluz? ¿Acaso se les compensa por jornadas laborales más intensas que las del resto de trabajadores públicos de la Administración o por haber tenido que soportar peores condiciones laborales? No es ese el caso de los funcionarios de los parlamentos autonómicos.

[Consulte aquí el acuerdo registrado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía]

El ‘premio de jubilación’ tiene como único objetivo el que se menciona en el enunciado: es un premio. Un premio para “incentivar la no prolongación de la jubilación después de cumplirse los 65 años, facilitándose el descanso del personal, al servicio del Parlamento de Andalucía, con una edad avanzada”. También se añade, como un beneficioso efecto paralelo, la obviedad de que las jubilaciones ofrecen “la posibilidad de acceso de nuevas generaciones a la función pública parlamentaria y/o la promoción de funcionarios a los puestos que dejen vacantes los jubilados”, pero ya se entenderá que esa es una dinámica natural que no precisa de incentivos.

El premio busca “incentivar la no prolongación de la jubilación después de cumplirse los 65 años, facilitándose el descanso del personal"

Conste, por si algún remilgado deduce lo contrario, que no se trata de atacar o menospreciar el trabajo de los funcionarios de los parlamentos autonómicos, y mucho menos de aventar un fogonazo de críticas tópicas contra los funcionarios en general. De hecho, puestos a criticar alguna inutilidad en los parlamentos autonómicos, la censura se dirigiría exclusivamente a la inutilidad intrínseca de muchos parlamentos autonómicos, como el andaluz, por las horas que dedican a servir de correa de transmisión de los debates y los intereses políticos nacionales, como si fueran filiales, postergando y manoseando aquellos asuntos que les competen en exclusiva.

La cuestión radica, meramente, en el valor extraordinario que tiene ese ‘premio’ a un grupo de funcionarios que se ha mantenido incluso en los peores tiempos de la crisis, sin afectarle recorte alguno. Se concede ese ‘premio’ a los funcionarios de los parlamentos autonómicos porque forman parte de la burbuja institucional en la que se desenvuelve la clase política, un mundo irreal de coches oficiales, magníficos edificios históricos restaurados, flamantes y remozados, confortables despachos, buenos sueldos, dietas y gastos de representación; el café a 80 céntimos como metáfora sencilla que pasará a los anales como símbolo de la desconexión de la clase política de la realidad de la calle.

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Isabel Morillo. Sevilla

Pues en ese ambiente es en el que se explica y se entiende que se haya aprobado un ‘premio especial’ de 36.000 euros solo para los funcionarios de algunos parlamentos autonómicos, y en ese ambiente es en el que se explica y se entiende que la hucha de las pensiones pueda quedarse seca el año que viene. De tanto tirar de ese fondo, el mismo Gobierno español ya ha advertido en Bruselas de que en diciembre de 2017 se habrán agotado todas las reservas; llegaron a reunirse hasta 60.000 millones de euros en el fondo y este año se acabará con poco más de 10.000 millones.

En Andalucía, ajenos a la realidad, en la oficina del Defensor del Pueblo, algunos funcionarios han comenzado a exigir el mismo ‘premio’ y, para perplejidad de muchos, han acordado concederlo. Suma y sigue. El propio defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que tantas penurias para las que no hay presupuesto habrá visto pasar por su despacho, guarda silencio y en vez de denunciar la injusticia de ese ‘premio’ de jubilación para unos pocos, se suma al disparate. Porque también él, incluso él, vive en una burbuja, ficción de clase política. Cuando trascienda, lo normal será que otros funcionarios de la Junta de Andalucía, legítimamente, reclamen el mismo premio. En Andalucía y fuera de Andalucía. Hasta completar el malabarismo de extraer privilegios de la hucha seca de las pensiones de todos.