La gran tarta andaluza

En Andalucía, la creación de empleo es un negocio en sí mismo. Acaso, la empresa que, sin serlo, ha resultado más estable en los últimos 30 años, el negocio más sólido que ha creado el régimen autonómico. Se trata de la concertación social que, de forma periódica, firman sindicatos, patronal y gobierno andaluz. No es algo privativo de esta comunidad autónoma, pero sí es en Andalucía donde se produce el contraste más llamativo por la brutal descompensación que existe entre los recursos destinados a la concertación social durante más de 20 años y la nula eficacia producida en la realidad socioeconómica de esta región, que sigue a la cola del paro.

¿A dónde han ido a parar las decenas y decenas de miles de millones destinados a la concertación social? Cuando se hace la pregunta y se mira hacia atrás, produce tanto vértigo que yahasta los propios escándalos judiciales que han sacudido a la administración andaluza, como los EREo los cursos de formación, se quedan en un segundo plano ante la magnitud del dinero invertido en concertación social. Tanto es así, que desde hace unos años, el Gobierno andaluz, su presidenta, Susana Díaz, mantiene ‘congelada’ la firma de un nuevo acuerdo de concertación para no caldear más los ánimos contra el dinero despilfarrado. Pero ya han comenzado, de nuevo, a activar los acuerdos, con nombres distintos, pero con los mismos actores de hace 30 años.

Desde 1983 elGobierno andaluz, siempre en manos delPartido Socialista, ha firmado distintos acuerdos con sindicatos y patronal por separado hasta que, en 1993, los reunió a todos y suscribió el primer acuerdo de concertación social. Desde entoncesse han firmado siete acuerdos, todos iguales, todos con los mismos protagonistas. El montante destinado, aunque no existe un balance oficial, podría estar por encima de los 100.000 millones de euros.

¿Con qué resultado? El prestigioso historiadorCarlos Arenas Posadas, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla, es uno de los investigadores que se ha hecho esa misma pregunta y ha llegado a conclusiones contundentes: “En todos los acuerdos firmados los asuntos prioritarios fueron la solución del problema deldesempleo masivo, uncambio en el modelo productivoy, como consecuencia del mismo, la superación del atraso relativo económico y social de Andalucía.

Veinte años después, siendo los interlocutores los mismos en este largo periodo, no se puede decir que el balance sea satisfactorio; lo que resalta ante la opinión pública es que lo único conseguido en este período de corporativismo a la andaluza ha sido un ‘intercambio político’ que ha favorecido a las entidades participantes en la concertación: al menos hasta 2012 [fecha del último acuerdo firmado], el PSOE ha podido seguir ampliando su clientela; la patronal y los sindicatos han ensanchado sus estructuras. Por el contrario, el paro nunca ha bajado del 15% en estos años y la convergencia económica y social con la media española, y no digamos con las regiones más ricas, se estancó o incluso ha retrocedido”.

Los planes y programas parece que se han concebido como fines en sí mismos, con escasos logros en los objetivos perseguidos

Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada, concluye en un informe elaborado para el Observatorio Económico de Andalucía que la política económica del Gobierno andaluz, plasmada en esos acuerdos de concertación, ha tenido siempre un contenido más retórico que práctico. “Los planes y programas parece que se han concebido como fines en sí mismos, existiendo un bajo nivel de ejecución de las acciones programadas y escasos logros en los objetivos perseguidos. Además, buena parte de la política ejecutada no se encuentra planificada ni programada (…) La participación de la patronal y los sindicatos no ha mejorado ni la definición ni la aplicación de las políticas, pero los participantes han recibido cuantiosas transferencias cuya entidad, aplicaciones y resultados se desconocen por su opacidad”.

El último acuerdo de concertación que se firmó en Andalucía fue en 2010, el séptimo, y tenía una vigencia de cuatro años. Lo que ocurrió cuando se extinguió y se comenzó a especular sobre la firma de uno nuevo, es que todo el mundo empezó a renegar públicamente de los acuerdos; nadie quería vincularse con ese maná en plena oleada de escándalos judiciales que afectaba a la Junta de Andalucíay a los sindicatos por la aparición de facturas falsas y subvenciones millonarias que nunca se justificaban. Susana Díaz se comprometió entonces a revisar en profundidad “todas las herramientas” de la política económica, “abrirla en canal, incluyendo la concertación social”.

El líder andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, exigió un “cambio radical” porque “el actual modelo de concertación está muerto y ha inducido a prácticas irregulares, anómalas y absolutamente desechables”. Más contundente aún, el entonces secretario general del Partido Popular, José Luis Sanz, reprochó el fondo clientelar de todo ese entramado: “La concertación social no puede ser solo una forma de repartir dinero a manos llenas para taparle la boca a los agentes sociales”.

Pero han pasado los años ydebe interpretar la presidenta andaluza, Susana Díaz,que ya se han calmado las aguas porque ha vuelto a convocar a todos los participantes de la concertación para firmar otra vez acuerdos con todos ellos. La foto que se ha estado evitando durante todos estos años ha vuelto a producirse. Se trata, por el momento, deacuerdos parciales, pero por el contenido que ha trascendidose aprecia claramente la misma retórica ineficazde los pactos anteriores, se llamen o noconcertación social. En concreto, se firmó un acuerdo para “la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales” en los contratos de las empresas que quieran trabajar con la administración autonómica.

Por el contenido que ha trascendido se aprecia claramente la misma retórica ineficaz de los pactos anteriores, se llamen o no concertación social

Con ese fin, se reunieron en el ampulosoPalacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, el presidente de la patronal andaluza y varios consejeros del Gobierno andaluz y Susana Díaz convocó a los fotógrafos para que les hicieran fotos mientraspaseaban por los jardines del palacio, como si acabaran de firmar el tratado deadhesión a laUnión Europea o similar.

Sin embargo, solo se trataba de un acuerdo menor que contenía exigencias tan irrisorias como la exigencia de un determinado papel higiénico en las empresas que contraten con la Junta de Andalucía: “El papel higiénico deberá ser 100%reciclado y libre de cloros, tampoco podrá ser coloreado ni perfumado”, dice una de las cláusulas del acuerdo. O la prohibición de contratar con empresas morosas, cuando es la propia administración andaluza una de las principales morosas de Andalucía. Todo vuelve a su ser, en definitiva. Ya falta menos para que a la gran tarta andaluza le coloquen una vela más, que serán ocho, y los invitados de siempre comiencen a servirse porciones.