Andalucía y Murcia, epicentro de la falsedad

Nada explicaría la doble vara de medir de Ciudadanos que, en el caso de Pedro Antonio Sánchez, ha roto el pacto de gobierno​ antes incluso de que el presidente de Murcia vaya a declarar ante el juez

Foto: El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (i), junto al lider regional de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez. (EFE)
El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (i), junto al lider regional de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez. (EFE)

La falsedad, la impostura y el cinismo es el común denominador de todos los partidos políticos en la lucha contra la corrupción. Y la expresión más clara es la perniciosa manipulación que se realiza de la presunción de inocencia de los investigados por corrupción política: de forma sistemática se vulnera la presunción de inocencia y se presenta como símbolo de la lucha contra la corrupción. No solo no es verdad, sino que supone una atrocidad en un Estado de Derecho. La mera comparación de cuando se dice y se hace en Murcia en comparación con lo que se dice y se hace en Andalucía sirve para desmontar estrategias y discursos de conveniencia; el simple contraste de los discursos en estas dos comunidades vecinas es un potente aguarrás para borrar las capas de pintura con las que se encubre todo. Entre Andalucía y Murcia se puede trazar un eje imaginario de corrupción política y señalarlo, en la comparación, como el epicentro de la falsedad. Vayamos por pasos con los tres principales actores de este espectáculo, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, que es quien sustenta con sus votos a los gobiernos de las dos comunidades, a los socialistas en Andalucía y a los populares en Murcia.

¿Por qué se resalta ahora, en el caso del presidente de Murcia que “no ha metido la mano en el cajón”?Manosea la realidad y la pervierte el Partido Popular cuando defiende el respeto de la presunción de inocencia para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando acusa a la oposición de no respetar la presunción de inocencia y cuando se excusa en la naturaleza del delito, que no equipara a otros escándalos de corrupción política. Podría ser creíble el razonamiento y la defensa si no fuera porque las hemerotecas están plagadas de otros muchos casos similares, singularmente los de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE. Nadie, nunca, ni siquiera el propio Partido Popular que está personado en ese proceso, acusa a Chaves y Griñán de haberse enriquecido con ese fraude multimillonario. Sin embargo, incluso antes de que fuesen, siquiera, llamados a declarar se viene pidiendo su dimisión por parte de los portavoces andaluces del Partido Popular. ¿Por qué se resalta ahora, en el caso del presidente de Murcia, que “no ha metido la mano en el cajón”?

Pero es que, en el caso del Partido Popular, ni siquiera hay que recurrir a la confrontación entre partidos políticos: en sus propias filas hay ejemplos elocuentes de la doble vara de medir de acuerdo a rivalidades internas y guerras de poder. No hay más que reproducir las palabras del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, forzado a demitir por su partido tras una rocambolesca y anómala detención que mereció la reprobación hasta de la Fiscalía, que lo acusaba. Y dice Torres Hurtado: “Granada ha sufrido un golpe de estado municipal (…) Tenían que haber tenido en cuenta la presunción de inocencia hasta que el juez decida si eres culpable o no, pero, por favor, que no te sacrifiquen. Y a mí, personas del PP de Granada, empezando por su presidente, me han fusilado políticamente en las tapias del cementerio”.

Manosea la realidad y la pervierte el PSOE cuando su líder en Murcia, Rafael González Tovar, afirma que, con independencia del procesamiento del presidente de la comunidad, lo que se merecen los ciudadanos en un cambio total, que eso es el mejor para la región. “La situación –dice González Tovar- que se está viviendo lesiona gravemente los intereses y la imagen de Murcia. Por eso, para nosotros no es solución que quiten a Pedro Antonio para poner a otro miembro del Partido Popular. Lo que aquí está en cuestión son veintidós años de corrupción con 120 imputados en distintos juzgados. Lo que Murcia necesita en estas circunstancias es un cambio y que haya regeneración democrática”. Este discurso es especialmente irritable porque todo se reviste de una especie de sacrificio, “asumimos la responsabilidad”, de honradez y ética política, “que están por encima de cualquier cosa” y de un generoso compromiso con los ciudadanos, “ponemos Murcia encima de la mesa”. Si el Partido Socialista creyese, de verdad, en todo lo que dice en Murcia, qué debería ocurrir en Andalucía. En la comunidad andaluza, no son veinte años de gobierno de un mismo partido, sino treinta y cinco años de hegemonía. Y no son más de 100 imputados por casos de corrupción, sino más de quinientos imputados en distintos procesamientos que, en términos económicos, sumarían un fraude de mas de cinco mil millones de euros.

Manosea y pervierte la realidad Ciudadanos cuando asegura que el procesamiento del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es un caso claro de corrupción política y que, como tal, vulnera lo pactado con el Partido Popular. De hecho, tanto en el pacto firmado por Ciudadanos con el PP en Murcia, como el firmado con el PSOE en Andalucía, se incluye un punto en el que se expresa que se deberá “separar de inmediato a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política”. ¿Y qué es corrupción política? Aquí es donde comienza el disparate, porque Ciudadanos es quien lo decide, quien determina, según su propio criterio, qué casos son los de ‘corrupción administrativa’ y cuales deben encuadrarse en la ‘corrupción política’.

Si ya es una atrocidad la vulneración de la presunción de inocencia, el despropósito mayor llega con esta decisión de Ciudadanos de erigirse en ‘juez político’ que deciden, antes incluso de que haya empezado la instrucción de un caso, si las acusaciones a un cargo público deben ser consideradas corrupción política o no y si, en consecuencia, debe ser apartado fulminantemente de un caso. Y lo hace arbitrariamente: En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia procesó a imputó al consejero al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, de un delito de prevaricación continuada y falsedad de documento público por las irregularidades detectadas en la contratación discrecional de un edificio que costó 34 millones de euros. Los hechos sucedieron cuando el consejero era rector de la Universidad de Sevilla. En Murcia, el Tribunal Superior de Justicia ha procesado al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, y le ha imputado de varios delitos, entre ellos prevaricación continuada y falsedad en documento público, por las irregularidades detectadas en la construcción de un edificio público, un auditorio, en Puerto Lumbreras con un coste de seis millones de euros. Los hechos sucedieron cuando el presidente era alcalde de Puerto Lumbreras.

Los dos casos, como puede observarse, se parecen como dos gotas de agua y, sin embargo, en el caso de Andalucía Ciudadanos ‘exculpó’ al consejero, ni lo obligó a dimitir ni rompió el pacto con el PSOE, al considerar que se trataba de un caso de "corrupción administrativa"; en Murcia, sin embargo, afirma lo contrario, que es un caso de "corrupción política". Con el paso del tiempo, el consejero andaluz fue absuelto, porque el tribunal archivó la denuncia, pero esa circunstancia sólo puede demostrar la atrocidad de estos juicios paralelos que se han implantado en el política española, pero para nada explicaría la doble vara de medir de Ciudadanos que, en el caso de Murcia, ha roto el pacto de gobierno antes incluso de que el presidente vaya a declarar ante el juez.

Matacán

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