El imposible metafísico de los ERE, caos y desconcierto judicial

Ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera; nadie sabe cómo puede acabar el escándalo de los ERE de la Junta de Andalucía. Es verdad que este macro proceso, desde el principio, ha estado lleno de dudas procesales y de incertidumbre sobre el verdadero alcance penal del fraude, quizá porque nunca, hasta ahora, la Justicia había abordado un procedimiento como este. Desde muchos puntos de vista se asemeja a una causa general contra la Junta de Andalucía por la cantidad de años que abarca (un decenio) y por la variedad de los imputados, políticos de todos los niveles, sindicalistas, intermediarios y simples aprovechados que acudieron a olor de las sardinas, como aquella canción infantil del “señor don gato”. Siempre, en suma, han existido serias sospechas de que ese enorme escándalo podría acabar derrumbándose o empantanándose pero es ahora, en la recta final, cuando esas mismas sospechas se han amplificado hasta crear un ambiente generalizado de caos y desconcierto judicial.

El pasado viernes, de hecho, según han confirmado a El Confidencial fuentes de la Audiencia de Sevilla, varios magistrados de los que deberán instruir los ERE trasladaron esta misma inquietud al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, pero no hubo respuesta alguna. Los números que hacen los magistrados de Sevilla son, sin embargo, muy fáciles de entender. Después de que se decidiera trocear la macrocausa que había instruido Mercedes Alaya, con el objetivo e facilitar y agilizar el enjuiciamiento, el escándalo de los ERE quedó dividido en 86 piezas distintas. Ochenta y seis juicios, por tanto, que tienen que celebrar las tres salas de penal de la Audiencia de Sevilla, ya que la cuarta sala que existe está inhabilitada al haber estado resolviendo los recursos de la instrucción. Se trata de una sencilla división: cada sala va a tener que celebrar 28 o 29 juicios distintos.

“En la actualidad -explican en la Audiencia de Sevilla-, se están fijando juicios con un retraso de un año, que es la sobrecarga de trabajo que ya se soporta. Con lo cual, si ahora mismo entrasen en una sala uno de esos juicios de los ERE, la vista oral se fijaría para septiembre de 2018. Y a partir de ahí, todos los demás”. ¿Seguirán celebrándose juicios de los ERE en 2020 o en 2021? Pues es muy probable porque, evidentemente, cada una de esas salas tendrá que seguir asumiendo los otros asuntos penales que se generan a diario, desde violaciones hasta menores, pasando por recursos contra sentencias de juzgados de primera instancia. Y por supuesto, otros macroprocesos como el caso Invercaria o el juicio contra el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

Puede compararse el ‘tapón’ judicial por los ERE con lo ocurrido, por ejemplo, en la Audiencia de Mallorca, que también se ha visto muy afectada con el macro caso Palma Arena. Pero en ese procedimiento, la macrocausa está dividida en 28 piezas separadas y la más famosa de todas ellas, la del caso Nóos, ya se ha celebrado y se ha dictado sentencia. El caso de los ERE, que comenzó unos meses después del caso Palma Arena, es por tanto el triple en dimensión; cada sala de Sevilla se va a llevar el equivalente a la macrocausa de Mallorca.

¿Qué pasa si en una sala un ponente sentencia que el sistema de ayudas de los ERE era legal y, en otra, otro magistrado sostiene que era claramente ilegal?

“Podría evitarse el colapso que va a llegar si se crearan dos nuevas salas en la Audiencia de Sevilla que ya, de hecho, son necesarias para evitar que siga aumentando el retraso de un año que se tiene, pero la Junta de Andalucía ya ha expresado su negativa a financiar ampliaciones, aunque el Ministerio de Justicia lo ordenase”, afirman las fuentes consultadas en referencia a la negativa de la administración andaluza en 2010 cuando rechazó la creación de nuevas plazas judiciales que se habían concedido.

Hasta ahora sólo ha llegado una pieza, la más destacada por ser la que afecta a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y nada más llegar, ya se ha visto rodeada de polémica por haberle correspondido a una sala de la Audiencia Provincial presidida por un magistrado, Pedro Izquierdo, que fue secretario general de Justicia en el Gobierno andaluz desde 2008 a 2014. Estuvo a las órdenes de los dos los dos ex presidentes a los que ahora tendrá que juzgar, en el improbable caso de que la recusación no prospere porque, además, le ha tocado ser el ponente. En fin, a efectos prácticos, la cuestión es que ha llegado el primer juicio de los ERE y, nada más llegar, ya se produce el primer conflicto y el primer retraso. Sólo queda calcular mentalmente los conflictos que han de llegar, multiplicados por 86.

El mismo cálculo se puede aventurar sobre el contenido de las sentencias. ¿Quién dice que los tribunales de esas 86 sentencias van a opinar lo mismo sobre el alcance penal del escándalo de los ERE? ¿Qué pasa si en una sala un ponente sentencia que el sistema de ayudas de los ERE andaluces era legal y, en otra sala, otro magistrado sostiene que era claramente ilegal? Como la instrucción del macroproceso ha sido solo una, ahora a cada uno de los ponentes que deba sentenciar las piezas separadas de los ERE le llegará un tocho con toda la documentación del caso, desde que empezó a investigar la juez Alaya. Y a partir de esa lectura, -el sumario de los ERE tiene aproximadamente 200.000 folios-, deberá decidir sobre el aspecto concreto que le corresponda, ya sea sobre la participación de los intermediarios y los comisionistas, la responsabilidad de los cargos políticos, de las empresas que aceptaron subvenciones o de los intrusos que se beneficiaron de las prejubilaciones sin haber trabajado nunca en la empresa.

La juez Mercedes Alaya, sobre la que puede haber diferencias sobre cómo ha llevado a cabo la instrucción pero de la que nadie duda de su capacidad, su determinación y su valentía para sacar adelante este procesamiento contra la poderosa hegemonía socialista en Andalucía, se marchó de su juzgado y desde entonces, según cuentan algunos de sus compañeros, no ha conseguido superar los problemas de salud que le dejó los cinco años de tensiones, presiones y zancadillas. Tuvo que ser incluso hospitalizada por una durísima crisis de cefalea que, según cuentan, todavía arrastra. La misma cefalea que puede contagiarle ahora a toda la Audiencia Provincial de Sevilla.