Matacán
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Cronología de una estafa andaluza
El Gobierno y la Junta de Andalucía han firmado un protocolo mediante el cual la Administración del Estado se compromete a financiar una parte de las depuradoras que quedan pendientes
Los mayores timos de la Junta de Andalucía tienen un plan previo perfectamente detallado, con un prólogo ampuloso que hablará de solidaridad y progreso. Es posible que esta máxima sirva para otras muchas administraciones, pero deben creer que Andalucía, con su acreditada trayectoria de subvenciones amañadas, falsos ERE y cursos de formación fraudulentos, presenta un currículo casi imbatible. Por eso es posible determinar que todo despilfarro de dinero público comienza con un ambicioso plan que se elabora durante años y que, al final, acaba convertido en una vulgar estafa. Esta de ahora comienza en el año 2000, cuando la Unión Europea aprueba una directiva medioambiental que obliga a todos los municipios a depurar sus aguas residuales.
Por supuesto, como ocurre con otros objetivos de esta naturaleza, Bruselas no se limita a ordenar algo, sino que ofrece importantes ayudas económicas para llevar a cabo las obras y concede un plazo generoso: 15 años para poder ejecutar todas las obras. Es decir, que en 2015 todos los municipios tendrían que contar con un sistema integral de depuración de aguas. ¿Acaso no estamos hartos de oír lo importante que es cuidar el medio ambiente? ¿No se gastan cientos de miles de euros en campañas de publicidad para convertirnos a todos en ciudadanos ‘eco responsables’ y otros inventos similares? Pues en consecuencia, un plan de inversión así, que además supone generación de empleo y de riqueza, tendría que ser prioridad absoluta, sobre todo en una región como la andaluza.
La Ley de Aguas imponía un nuevo impuesto a los ciudadanos andaluces para poder financiar las obras de las 300 depuradoras
En el año 2000, como queda dicho, se aprueba la directiva europea que ordena la construcción de las depuradoras. Pues bien, 10 años tarda el Gobierno socialista andaluz en aprobar la correspondiente ley para dar cumplimento a la normativa. ¡10 años para aprobar una ley! Y eso, con sucesivas mayorías absolutas del PSOE en el Parlamento andaluz. En fin, que la ley se aprueba y, como es costumbre, se le agrega su prólogo correspondiente de boato autonómico: “El Estatuto de Autonomía para Andalucía ha puesto un acento especial en el cuidado y protección del medio ambiente, a través de una serie de preceptos relativos a derechos de la ciudadanía, políticas públicas, principios rectores y otras fórmulas de intervención, que demuestran el interés de Andalucía por la preservación del mayor bien colectivo que en los tiempos actuales pueda imaginarse”.
Tras esa melaza, lo fundamental de esa Ley de Aguas es que imponía un nuevo impuesto a los ciudadanos andaluces para poder financiar las obras de las 300 depuradoras que, según se calculó, había que construir para cubrir el 100% de la depuración de aguas, como exige la Unión Europea. “Para la recuperación de los costes derivados de las instalaciones de depuración, se crea como ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía un canon de mejora que grava la utilización del agua de uso urbano”, se dice en la ley. Con lo cual, con efecto inmediato, todos los ayuntamientos se ven obligados a subir el precio del agua a los ciudadanos. En plena crisis económica, en plenos recortes sociales, con salarios más bajos y más apreturas para llegar a fin de mes, se aprueban nuevos impuestos. Pues eso.
Dos años después, en diciembre de 2012, se alerta de la lentitud del plan porque de las 300 depuradoras que hay que construir solo se ha acometido un 14%, y están en la fase de redacción del proyecto; es decir, todavía no se ha colocado ni un ladrillo y ya ha transcurrido casi todo el plazo de 15 años que concedió la Unión Europea. Por supuesto, los ciudadanos ya están pagando el canon en los recibos del agua y la Junta de Andalucía está ingresando el dinero. Tan crítica es la situación y tan lento va todo, que hasta los constructores se ofrecen a pagar de su bolsillo las obras con tal de que empiecen, y que luego se les abone la factura. En concreto, la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua (Aeopa) se ofreció a financiar un plan de ejecución de las depuradoras con 638 millones de euros, lo que conllevaba la creación de 3.149 puestos de trabajo.
"Las ejecuciones presupuestarias escasamente llegan al 40%, y lo poco que se está licitando no se está pagando", afirman los constructores
Por incomprensible que parezca, la oferta de las constructoras no va a ninguna parte y lo que sí hace el Gobierno andaluz es declarar formalmente en el Parlamento que 2013 será el año de “máxima prioridad” para las políticas de agua. Pero tampoco ocurre nada. Así que llega 2015 y lo que hacen las empresas constructoras es que llevan el dicho plan de aguas a los juzgados porque han hecho las cuentas y han desaparecido más de 300 millones de euros. "Cinco años después [de la aprobación de la Ley de Aguas] solo se han invertido 59 millones, mientras que el Gobierno autonómico ha recaudado 346 millones a través del canon del agua", afirmaron entonces los constructores. Y daban más detalles: "Las ejecuciones presupuestarias escasamente llegan al 40% de lo que se presupuestaba (…) y lo poco que se está licitando no se está pagando". Por tanto, si los impuestos se habían cobrado, las ayudas de la Unión Europea se habían recibido, y la inversión se había consignado en los Presupuestos de la Junta de Andalucía, ¿dónde han ido a parar esos más de 300 millones de euros que tenían un carácter finalista?
Ya han pasado 17 años desde que se aprobó la directiva europea, siete años desde que se aprobó la correspondiente ley, seis años desde que se empezó a cobrar el impuesto y dos años desde que expiró el plazo concedido para que se depurase el 100% de las aguas residuales. Y todo sigue igual. La única novedad es que hace unos días se ha llegado a un apaño entre el Gobierno español y la Junta de Andalucía para tapar ese agujero inexplicable. Parece lógico pensar que lo único que se persigue es evitar que la Unión Europea intervenga en el desastre y le imponga una sanción a España por saltarse a piola las directivas comunitarias, o que se le retengan nuevos fondos a Andalucía, como ya ocurrió en 2014 por las irregularidades en los cursos de formación con el dinero que llegaba del Fondo Social Europeo.
Así que Gobierno y Junta de Andalucía han firmado un ‘Protocolo sobre la depuración de aguas en Andalucía’ mediante el cual la Administración del Estado se compromete a echarle una mano a la andaluza y financiar, con 230 millones, una parte de las depuradoras que quedan pendientes. El nuevo objetivo es que todas estén acabadas en 2021. Y es así como pasa el tiempo en Andalucía: casi un cuarto de siglo para hacer depuradoras. Aunque cada vez que la presidenta andaluza, Susana Díaz, se refiere al asunto, lo que recalca es el compromiso ineludible de la Junta de Andalucía “para dar servicios públicos de calidad y sostenibles”. O como diría el otro, y dos huevos duros.