Lecciones andaluzas para catalanes cínicos

Lo que pretenden hacer ver es que en la Transición​ se vulneró la legalidad para que Andalucía obtuviera una autonomía de ‘vía rápida’ a pesar de haber fracasado en el referéndum

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

“La ‘salida andaluza’ puede ser una buena opción para Cataluña”, se oye decir estos días para que lo ocurrido en Andalucía en los primeros años de la Transición, cuando esta región se opuso al modelo territorial inicialmente diseñado, pueda servir ahora de solución a la amenaza independentista. “La misma fórmula que se aplicó para resolver el conflicto andaluz, que se aplique ahora en Cataluña”, sostienen. Quizá fueron los de Podemos, sobre todo Pablo Iglesias, los primeros en defenderlo y ahora se han sumado a su causa importantes sectores catalanistas, deseosos de encontrar una vía de escape a la deriva secesionista catalana sin que suponga la aplicación severa del artículo 155 de la Constitución.

Pero ¿qué es lo que ocurrió en Andalucía? Conviene recordarlo porque, entre algunos bienintencionados, también se ha colocado en este debate mucho cínico catalanista dispuesto a desvirtuar la historia, como durante todo este proceso desquiciado. Y lo que pretenden hacer ver ahora, como si fuera cierto, es que en la Transición se vulneró la legalidad para que Andalucía obtuviera una autonomía de ‘vía rápida’, como las consideradas históricas, a pesar de haber fracasado en el referéndum del 28 de febrero de 1980. Afirmar eso, así, es falso, y equipararlo con lo que ha ocurrido en Cataluña es obsceno. Por eso, conviene recordar lo ocurrido.

La primera perversión del modelo territorial español, en esta democracia, fue la consideración de unas ‘nacionalidades históricas’ y otras de menor rango en función de una terrible coyuntura, el golpe del Estado fascista de 1936. Es decir, por presión de nacionalistas vascos y catalanes —y también de otras fuerzas políticas que querían un sistema centralizado—, solo se consideraban ‘históricas’ aquellas autonomías que tenían un estatuto aprobado antes del estallido de la Guerra Civil, es decir, Galicia, País Vasco y Cataluña.

Se consideraban ‘históricas’ aquellas autonomías que tenían un estatuto aprobado antes del estallido de la Guerra Civil: Galicia, País Vasco y Cataluña

Al margen del agravio que supone la consideración de ‘nacionalidad histórica’ con respecto a otros territorios, exista o no exista un modelo descentralizado de Estado, el dislate se amplía cuando se repara en que, por ejemplo, Andalucía también estaba en la fase final de tramitación de su estatuto en la República, como otras regiones. Pero estalló la Guerra tres meses antes de aprobarse aquel estatuto, las tropas franquistas fusilaron al líder andalucista de entonces, Blas Infante, y Andalucía se quedó, obviamente, sin Estatuto de Autonomía.

Dividir las regiones entre ‘históricas’ y ‘no históricas’ en relación a la Guerra Civil es otorgarle a Franco la capacidad de distinguir y catalogar los territorios. Sin embargo, parece como si, después de 40 años, esa barbaridad se hubiera asumido como una realidad incuestionable. Si de historia se trata, ¿no tendría más historia la Corona de Aragón que el Condado de Barcelona? ¿Y el Reino de León, que está celebrando ahora el milenio de un fuero que fue pionero por el desarrollo de leyes, derechos y libertades en la Baja Edad Media, mientras que en el País Vasco se sigue considerando un derecho histórico los fueros sobre los que se asientan los privilegios económicos? Que el nacionalismo ha tenido siempre más fuerza y arraigo en Cataluña y en el País Vasco es irrefutable, pero no por ello deben considerarse esas comunidades distintas, con mayores privilegios que el resto. La historia de los pueblos de España no es la historia del nacionalismo.

Que el nacionalismo ha tenido más fuerza y arraigo en Cataluña y en el País Vasco es irrefutable, pero no por ello deben considerarse esas CCAA distintas

En cualquier caso, con esa distinción se dividieron las autonomías en dos grupos, las tres ‘históricas’, que alcanzarían un techo alto de competencias y de autogobierno, y el resto, que verían reducida su autonomía a una descentralización administrativa a través de una especie de Mancomunidad de las diputaciones provinciales. A esa decisión es a la que se oponen la mayoría de los andaluces de entonces, primero con una gran manifestación, celebrada el 4 de diciembre de 1977, y posteriormente con la celebración de un referéndum, el 28 de febrero de 1980, en el que se pedía la equiparación con las ‘autonomías históricas’.

Aquel referéndum se celebró en contra del Gobierno de España, en manos de UCD, contra buena parte de la izquierda española, socialistas y comunistas, siempre jacobinos, y contra los propios nacionalistas vascos y catalanes. Rafael Escuredo, principal protagonista de aquel momento, lo sigue recordando hoy: “Los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes no querían ni muertos que Andalucía obtuviera su autonomía por el artículo 151 y se equiparara a estas comunidades. Curiosamente, el único que me felicitó fue Tarradellas, pero jamás Pujol o Arzalluz. Pero ¿por qué no querían? Yo sé lo que yo viví y no me hago trampas al solitario: me consta de manera fehaciente que no querían la igualdad”.

El referéndum se celebró un 28 de febrero con una pregunta surrealista y unas exigencias democráticas que parecían insuperables

La cuestión, sin embargo, es que el referéndum se celebró un 28 de febrero con una pregunta surrealista (¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?) y unas exigencias democráticas que parecían insuperables, de acuerdo a la Ley de Referéndum que entonces estaba en vigor y que se derogó años más tarde: era necesario que los síes superasen en cada provincia el 50% del censo, no de los votantes. Como se ha repetido aquí en varias ocasiones, si esa Ley de Referéndum hubiera seguido en vigor, no se habría aprobado ninguna de las reformas de estatutos de la primera década de 2000 y no estaríamos ahora en este avispero. Tampoco el Estatut catalán, que no fue a votarlo ni la mitad del censo y solo lo apoyó el 36% del censo; ahora, sin embargo se repite que la mayoría de los catalanes “se hicieron independentistas por el agravio cometido por el Tribunal Constitucional” al corregir levemente ese Estatut, que la mayoría ni siquiera fue a votar.

En Andalucía, se superó el 50% de síes en seis de las ocho provincias, menos en Almería y Jaén, donde quedó el porcentaje de síes en un 42% y en un 48%, respectivamente. Es decir, que de acuerdo a la literalidad de la Ley de Referéndum, Andalucía no había superado la prueba. Ocurría, sin embargo, que fueron tantas las irregularidades en el censo oficial con el que se acudió a votar que era literalmente imposible no reconocer la aprobación del referéndum. Dice Escuredo: “En Almería, los muertos votaban y los vivos tenían muchas dificultades para hacerlo. Yo mismo fui a votar en Sevilla y la presidenta de la mesa me dijo que no podía votar. En el censo solo aparecía Patricia Escuredo, mi hija, que entonces tenía nueve años, pero yo, que era el presidente de la Junta de Andalucía, no figuraba en el censo”.

Todo aquello se resolvió con un acuerdo político y una modificación de la ley, para adaptarla al resultado y pasar por alto las irregularidades

Todo aquello se resolvió con un acuerdo político y una modificación de la ley, para adaptarla al resultado y pasar por alto las irregularidades denunciadas. ¿Tiene algo que ver todo esto con el referéndum ilegal del 1 de octubre del independentismo catalán, al que solo acudió a votar la mitad del censo, sin garantías, ni control, ni censo siquiera? Pues esa es la cuestión, ahora cuando se habla de la ‘vía andaluza’ para darle salida al conflicto catalán se intenta hacer ver que, igual que en Andalucía se ‘vulneró’ la legalidad para incorporarla a las ‘autonomías históricas’, ahora debe permitirse una ‘reinterpretación’ de la Constitución para Cataluña.

“En Andalucía se adaptó la legalidad al pronunciamiento popular. Esa es la clave para una salida inteligente en Cataluña”, dicen ahora. No es posible la comparación ni en los fines, ni en el momento histórico ni en lo sucedido. En Andalucía se pedía la igualdad entre todos los pueblos de España; en Cataluña se defienden diferencias y se reclaman privilegios. Nada es igual. Pero como lo repetirán, conviene recordar la verdad: es falso, incompleto y cínico. Una más, en cualquier caso.

Matacán

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