Tácito, el nuevo ogro del independentismo

Duros con las espigas, blandos con las espuelas; qué sensibles se vuelven los líderes independentistas cuando las críticas les afectan; ellos, tan contundentes siempre con la descalificación de todo lo que les rodea, que nadie les toque siquiera con un soplo de aire la precisa colocación del lazo amarillo en la solapa. Qué sensibles para exigir sus derechos y qué laxos para vulnerar y denigrar los derechos de un país entero.

En ese doble juego de hipocresía, durante el juicio del Tribunal Supremo por la revuelta de octubre de 2017, el independentismo ha señalado, como en un ejercicio de vudú jurídico, a tres o cuatro testigos que les sirven para retroalimentarse en el odio y el desprecio, componentes fundamentales de esa ideología. Son los nuevos ogros del independentismo, con los que se ceban en las redes sociales y en las pancartas, en los artículos de prensa y en las entrevistas; se ensañan y se mofan y los convierten en referentes de la realidad paralela en la que se han instalado desde hace años y que solo existe en sus cabezas.

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Como a la secretaria judicial, Montserrat del Toro, que se ha visto sometida a dos acosos distintos, el ocurrido en la sede de la Consejería de Economía catalana y el de las redes sociales cuando asistió a declarar en el juicio; cuando una multitud se congregó a la puerta hasta someter a los funcionarios judiciales a la humillante decisión de tener que salir a escondidas por la azotea y cuando se rieron de ella por su estatura, por sus zapatos, y colgaron su foto en las redes sociales, para que su deseo de intimidad quedase en nada.

Como al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, contra el que se sumó a la campaña de acoso hasta Gerard Piqué, porque les pareció insoportable tener que oírle decir que las concentraciones independentistas no eran pacíficas reuniones de reparto de claveles.

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El nuevo ogro es un teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de Cataluña durante la investigación del 'procés' independentista que ahora se juzga en el Tribunal Supremo. Cuando se siente enfrente del presidente del Supremo, Manuel Marchena, para prestar declaración como testigo, las defensas lo presentarán como exponente claro de la parcialidad de la Justicia española y de la nulidad de toda la investigación aportada al juicio.

Así, todo de golpe, por esa máxima de las espigas y las espuelas: aquellos que defienden su derecho a saltarse la Constitución consideran inaceptable que un guardia civil tenga una cuenta de Twitter bajo anonimato y exprese ahí sus opiniones. De hecho, antes de que comenzara el juicio, ya hicieron llegar su protesta al tribunal y el presidente de la Sala les aclaró que “no es objeto de la presente causa enjuiciar lo que la defensa denomina ‘indebida actuación’ de un teniente coronel de la Guardia Civil”.

Marchena les aclaró que “no es objeto de la presente causa enjuiciar lo que la defensa denomina ‘indebida actuación’ de un guardia civil

Y luego añadía Marchena: “Además, un previo filtro telemático acerca de los planteamientos ideológicos de los responsables y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad —estatales y autonómicos— no puede operar como presupuesto de validez de los actos de investigación que, por propia iniciativa o por orden judicial, lleven a cabo”.

¿Se imagina que el fiscal le hubiera exigido a los testigos de los Mossos que acarasen antes si fueron a votar en el ‘referéndum trampa’ del 1 de octubre o si apoyaron, como ciudadanos, su celebración? Las espigas y las espuelas…

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En cualquier caso, en el caso del teniente coronel de la Guardia Civil, partamos de la consideración de que, en efecto, utilizó el anonimato en las redes sociales para expresar su opinión sobre los líderes independentistas, los periodistas afectos a la causa o las actuaciones de los Mossos d’Esquadra. Presumir, a partir de ese hecho, que toda la investigación del 'procés' está viciada de parcialidad es tan absurdo como improbable.

En primer lugar, porque ese teniente coronel, como jefe de la Policía Judicial de Cataluña, tenía como misión fundamental la de servir a jueces y fiscales para la investigación de delitos o para garantizar el cumplimiento de las sentencias, con lo que las investigaciones siempre están dirigidas por una autoridad superior. Si cuando se conoció que ese teniente coronel tenía una cuenta anónima de Twitter pensaban que estaba actuando con parcialidad, lo que no se entiende es que no lo denunciaran entonces por prevaricación, como funcionario público que es.

Presumir, a partir de ese hecho, que toda la investigación del 'procés' está viciada de parcialidad es tan absurdo como improbable

Si no lo hicieron fue, quizá, porque los propios mensajes eran absolutamente inocuos a efecto de las investigaciones y, mucho más, del posterior juicio del Tribunal Supremo. Por ejemplo, decir que es delito de sedición “impedir a funcionario público el ejercicio de sus funciones, aunque sea con flores”, que es uno de los mensajes satíricos que puso Tácito, el seudónimo que supuestamente utilizaba el teniente coronel de la Guardia Civil, no parece que sea más que una opinión personal.

¿Quién puede sostener, con un mínimo de seriedad que esa fue la razón oculta por la que el Ministerio Fiscal presentó, días más tarde, una denuncia ante la Audiencia Nacional por sedición? Otro mensaje, días antes del 1 de octubre: "Ponga las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza. Sin movimientos bruscos. Gire. Firmado: Tácito”. ¿También eso tiene gravedad para desacreditar el proceso judicial del Tribunal Supremo, en serio? O que criticase a los Mossos: "Y esto es un dispositivo??!! Que vergüenza. Firmado: Tácito”.

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Los guardias civiles, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, tienen “derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos”.

En el caso del teniente coronel de la Guardia Civil, se puede considerar que su actuación es reprobable desde el punto de vista deontológico o estético, si se quiere, y a lo máximo que podría haberse enfrentado es a una falta leve (“Expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales o que afecten al debido respeto a decisiones de Tribunales de Justicia”), pero jamás se puede torcer la realidad, también en este caso, para seguir presentando España como un estado bananero, donde no rige el Estado de derecho.

Aquellos que lo quisieron destruir se erigen ahora en garantes. “Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio”. Eso sí que lo dijo Tácito, pero fue hace más de 2.000 años.