Los ERE, el caso 'matajuezas'

Nada tienen que ver entre sí, ni profesional ni personalmente, las juezas Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, pero las dos han acabado igual, desquiciadas y enfermas, desbordadas y acosadas, vituperadas por unos y defendidas por otros. A las dos las han acusado de politización y a las dos las han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial; al final, las dos han acabado enfrentadas a todos y envueltas en polémica. El debate, entonces, sigue, se incendia más y más, pero en lo que nadie repara es que, quizá, con sus virtudes profesionales y sus defectos, Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños son dos víctimas que un sistema que no funciona, el sistema judicial español, anacrónico y duramente castigado con un permanente racaneo de medios y recursos por parte del poder político.

Alaya tuvo el mérito de haber sido la primera funcionaria de Justicia que supo desmadejar la enorme trama de la Junta de Andalucía

Mercedes Alaya tuvo el mérito incuestionable de haber sido la primera persona de la administración de Justicia que, tirando de un hilo, supo desmadejar la enorme trama de irregularidades y de corrupción de la Junta de Andalucía. Este hecho no es baladí: durante cuatro décadas el poder omnímodo del PSOE en Andalucía provocó una especie de aura de impunidad en los gobernantes andaluces que nadie se atrevía a perturbar siquiera. Es más, quien traspasaba esa línea y 'osaba' poner en cuestión los métodos y los usos del Gobierno socialista andaluz ingresaba en una 'lista negra' de proscritos y olvidados.

Ni empresarios, ni periodistas, ni sindicatos ni asociaciones ni, a veces, los propios políticos de la oposición cuestionaban ese 'estatus quo' del poder socialista, como una especie de bula que los convertía en intocables. La jueza Alaya fue la primera que se enfrentó a esa apisonadora y, a partir de un caso ordinario de unas ayudas a una empresa local, Mercasevilla, supo desvelar el entramado inmenso de arbitrariedad, sectarismo, despilfarro y de enriquecimiento que se escondía en la Junta andaluza. El escándalo de corrupción que descubrió en los Expedientes de Regulación de Empleo que tramitaba el Gobierno andaluz desembocó en investigaciones paralelas que, por momentos, tenían la apariencia de una ‘causa general’ contra la Junta de Andalucía. Ahí fue donde comenzaron los problemas de Mercedes Alaya su desconexión con la realidad por la imposibilidad física de poder controlar todo aquello.

Cayó enferma, pidió voluntariamente su traslado a la Audiencia Provincial y, cuando se marchó, obviamente, perdió la instrucción de los casos que llevaba. Fue entonces cuando Mercedes Alaya comenzó a disparatar, acusando a todos y a todo de una supuesta conspiración contra ella. "Me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos (…) Había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas", llegó a decir en una entrevista.

Sus propios compañeros le pidieron al Consejo General del Poder Judicial que la sancionara; el 'mito' de Alaya comenzó a desmoronarse. Lo realmente extraordinario es que la persona que la sustituyó en el juzgado número 6, la jueza María Núñez Bolaños, comenzó con el ímpetu de intentar resolver y acelerar los macroprocesos judiciales y ha acabado enredada en un escándalo similar, aunque de signo contrario: Si a Alaya la acusaban de protagonizar una instrucción inquisitorial para beneficiar al PP, a Núñez Bolaños la culpan de beneficiar al PSOE con el archivo injustificado de muchas causas judiciales. Igual que Alaya terminó pidiendo una baja por enfermedad, Núñez Bolaños se ha dado de baja por motivos de salud al cabo de cuatro años de investigaciones. Y lo mismo que Alaya acabó denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial por sus propios compañeros, los fiscales de Anticorrupción han denunciado a Núñez Bolaños por paralizar la instrucción del caso de los ERE.

"Había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades"

Es importante reseñar esto último porque los mismos fiscales a los que Mercedes Alaya culpaba de estar 'teledirigidos' por el PSOE, son los que, ahora, denuncian a su sustituta por beneficiar a los socialistas con su indolencia profesional. Lo penoso de todo esto es que, en todo momento, las dos juezas han encontrado a quienes las jaleaban o la criticaban por su actuación, dependiendo del interés político que supuestamente beneficiara o perjudicara. Pero en lo que no se repara es que, ni con Alaya ni con Bolaños, han avanzado las causas de la forma que es deseable y exigible en un Estado de Derecho; no puede ser Justicia aquella que se eterniza en un juzgado y mantiene a los acusados, durante años y años, en una situación de permanente sospecha y culpabilidad, a veces con vidas y patrimonios arruinados.

¿Quién tiene razón, Alaya o Bolaños? ¿Quién está más politizada? Sinceramente, esas cuestiones, aunque sean las que se plantean, deberían ser las que menos deberían ocuparnos. Porque, igual, lo que está ocurriendo es que es el propio sistema judicial es el que colapsa cuando se enfrenta a una investigación como la que afecta a la Junta de Andalucía. Quiere decirse que la barbaridad es que una persona, una sola persona, tenga que instruir una causa de 1.063.928 folios que, además, se conecta con otros procesos de enorme complejidad y muchas decenas de miles de folios añadidos, como el de los ERE. En vez de debates estériles e interesados sobre supuestas conspiraciones políticas, el desastre de las macrocausas a lo que debería llevarnos es a un cuestionamiento integral del modelo de instrucción que sigue vigente en España, que es la reforma pendiente que nunca se ha querido abordar. Una fiscalía independiente, con los medios y recursos adecuados, sobre la que recaiga toda instrucción judicial que los jueces vigilan como garantes de derechos fundamentales.