Torra y el escarmiento

Atender los hechos, desechar la palabrería. La constante provocación del independentismo catalán exige ese pragmatismo desde hace tiempo; pragmatismo democrático, creencia en la firmeza del Estado de derecho. ¿Cuántas veces han repetido que lo volverán a hacer? Pues ahí está el hecho y no hacen falta más declaraciones: Torra ha dejado de ser diputado catalán porque en el Parlamento de Cataluña ya no se atreve nadie a saltarse la ley. La prevención general de la que se habla en el derecho penal consiste en esto, que la condena de unos pocos por un acto delictivo sirve de escarmiento general para que esa conducta no se vuelva a repetir.

La mayor crisis institucional que se ha vivido en España desde el golpe de Estado de Tejero, en 1981, se produjo por la revuelta independentista de Cataluña en octubre de 2017, cuando el Gobierno y el Parlamento de aquella comunidad se declararon en rebeldía, desobedecieron toda legalidad, declararon la independencia y la apertura de un proceso constituyente. Desde que los cabecillas de aquel tumulto fueron procesados y condenados, no dejan de repetir lo mismo, “ho tornarem a fer”, pero la única realidad es que nadie se atreve ya a desobedecer la legalidad porque nadie quiere acabar en la cárcel, como Junqueras, o fugado, como Puigdemont. Prevención general, escarmiento.

Conviene repasar levemente lo ocurrido desde principios de año. El día 4 de enero, la Junta Electoral Central decidió, en aplicación de una condena por desobediencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, retirarle el acta de diputado a Quim Torra, presidente de la Generalitat. De forma inmediata, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, afirmó que la única legalidad reconocida, “a la que nos debemos”, era la de esa Cámara y que, por tanto, no se daban por aludidos. Y se comprometió en su declaración institucional —¡declaración institucional!— a que el condenado por desobediencia se vería arropado por una desobediencia mayor, la del Parlamento catalán. Fue literal: "No se puede inhabilitar a quien han votado los catalanes. El sistema jurídico español se sitúa fuera del ámbito europeo. El 'president' Torra es diputado a todos los efectos; en dos semanas, habrá pleno y podrá votar".

No fue el único, el disparatado Alberto Garzón, que ahora es ministro, también sumó un par de frases al despropósito: “La derecha española, a través de su reaccionario brazo judicial, inhabilita a Torra. La derecha española, contra la democracia y contra los resultados en las urnas que no le gustan”, dijo en sus redes sociales. No pudo ser más ‘oportuno’ porque, un par de semanas más tarde, fue el Tribunal Supremo el que ratificó la decisión de la Junta Electoral. Pero Garzón ya no se ha atrevido a repetir esta vez que los jueces del Tribunal Supremo son “derecha reaccionaria”.

En esas, llegamos al ‘lunes de la desobediencia’ independentista, ayer, lunes 27 de enero, con llamadas de la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, para rodear el Parlamento de Cataluña mientras se debatía la retirada del acta de diputado del presidente de la Generalitat. El propio Quim Torra repitió hasta el instante mismo de entrar en el pleno que iba a retirarle el acta: “Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament, primero en la investidura y ratificándolo después el 4 de enero. Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás”. Y ¿qué ocurrió? ¿Alguien desobedeció?

También esto conviene remarcárselo a algunos agoreros del apocalipsis diario: ni siquiera el propio afectado, Quim Torra, se atrevió a votar. El secretario general del Parlament acató la sentencia del Tribunal Supremo y comunicó la pérdida del escaño de diputado por parte de Torra; la Mesa del Parlamento acató la decisión del secretario, y durante la votación en el pleno, el presidente Torrent decidió ausentarse para no verse comprometido y Quim Torra no se atrevió ni a levantar el brazo. Al final, nadie votó y la sesión plenaria quedó suspendida hasta otro día, a la espera de que alguien encuentre una salida a la esperpéntica deriva del independentismo. ¿“No daremos marcha atrás”? Bueno, pues ya no es diputado y en Cataluña, los suyos y los contrarios están contando los días que le quedan como presidente de la Generalitat. La petición de asistencia masiva a la jornada de protesta de la ANC convocó a un centenar de activistas que quemaron contenedores y llamaron “traidores” a los dirigentes de Esquerra, como Roger Torrent.

Cuando, hace unas semanas, la Generalitat decidió conceder el permiso carcelario a los presos condenados por la revuelta independentista para que, encabezados por Oriol Junqueras, acudan al Parlamento de Cataluña —algo que ocurrirá hoy martes—, es posible que lo hicieran pensando en el broche final a una jornada completa de desobediencia, que devolvería a las instituciones catalanas al punto en el que ellos mismos vulneraron la legalidad y, por eso, fueron condenados. Primero un ‘lunes de desobediencia’ y, a continuación, un ‘martes de reafirmación’ con todos los presos en el Parlamento.

Pero no, esa ‘jugada’ no les ha salido. Dicen ahora los presos independentistas, aquellos mismos que mantienen paralizadas las instituciones catalanas desde hace años, que fue la aplicación del artículo 155 la que ha supuesto “un desastre para Cataluña” porque “se paró de golpe todo aquello por lo que habíamos estado trabajando, leyes y ayudas que habíamos puesto en marcha”. ¡El artículo 155, que solo estuvo en vigor unos meses! En fin, volvamos a lo sustancial: atender los hechos, desechar la palabrería. O mejor, palabrería escarmentada.