La indignidad de Companys

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido la reparación histórica de la memoria de Companys entre los 44 puntos que negociará con los independentistas catalanes en su mesa de diálogo

Foto: Lluís Companys, en un cartel de la Guerra Civil.
Lluís Companys, en un cartel de la Guerra Civil.

Franco le quitó la vida a Companys, pero la dignidad se la quitó la República. Con lo cual, la democracia española no puede devolverle ahora ninguna dignidad institucional porque la perdió por traidor y por desleal. Hablamos de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña antes de la Guerra Civil, que vuelve a la actualidad porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido la reparación histórica de su memoria entre los 44 puntos que negociará con los independentistas catalanes en su mesa de diálogo para intentar reconducir el conflicto catalán.

El asunto, como se observará, se ha pasado por alto pero merece la pena detenerse porque, como comprobaremos, algo se esconde. Como premisa, lo que se ha apuntado aquí en otras ocasiones: deben considerarse favorables todos los intentos de solventar con diálogo político la enorme crisis institucional de Cataluña, pero lo que no puede suceder de ninguna forma es que el resultado de esas negociaciones suponga el menosprecio o descrédito de los poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial que es uno de los objetivos de los independentistas, o la aceptación institucional de la manipulación grosera que se hace de la historia reciente de Cataluña. Por mucho que el independentismo quiera convertir a Companys en un mártir de la lucha antifranquista por su defensa de la II República, no fue ni una cosa ni la otra: ni antifranquista ni defendió la República. Así que vamos por partes.

Lluís Companys traicionó a la República que, al igual que la democracia actual, fue la que le concedió a Cataluña un estatuto de autonomía

Lluís Companys declaró la independencia de Cataluña, el 6 de octubre de 1934, y un año después fue juzgado y condenado a 30 años de cárcel. La sentencia por responsabilidad criminal dictada por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española, de fecha 6 de junio de 1935, incluyó en los hechos probados que “los procesados se alzaron en armas contra la Constitución de la II República, proclamando el Estado Catalán de la República Federal Española, y dando órdenes de defenderlo por la fuerza; lo que implica fundamentalmente la subversión del régimen constitucional en lo que a la organización nacional afecta”. Con esa condena de cárcel por rebelión, Companys perdió toda dignidad institucional: traicionó a la República que, al igual que la democracia actual, fue la que le concedió a Cataluña un estatuto de autonomía que aprovecharon para declarar la independencia.

Está bien que un régimen democrático como el que se instauró en España tras la dictadura, anule los juicios y las condenas del régimen franquista; la memoria de decenas de miles de personas que acabaron fusilados en una cuneta o en una fosa común. Entre ellos, evidentemente, el juicio que condenó a muerte a Companys, después de que los alemanes de la Gestapo lo detuvieran en Francia y se le entregaran a Franco. Pero esa atrocidad, esa barbarie, no convierte a Companys en un héroe de la lucha antifranquista, como se decía antes, porque no es cierto.

El presidente de la República, Manuel Azaña, dos veces traicionado por los independentistas catalanes, se quejó en sus diarios de que Companys, al que indultaron al año de ser condenado, utilizó la algarada de Franco para su propio beneficio, con lo que debilitó aún más a la República beneficiando a los sublevados. “Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuic, los cuarteles, el parque, la Telefónica, Campsa, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir su guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para conseguir la gran Cataluña”, escribió Azaña en sus 'Diarios'.

El presidente de la República acabó tan harto de los independentistas catalanes que, en otra parte de sus 'Diarios', anotó: “La Generalidad, cuyo presidente, como recuerda Companys, es representante del Estado, ha vivido no solamente en la desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación (…) Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos”.

Cuando dice el presidente Pedro Sánchez, punto número 4 de las negociaciones con el Gobierno de la Generalitat, que se compromete a “homenajear a las víctimas de la dictadura y anular las condenas y sanciones a las mismas, como la del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys”, ¿a qué se refiere? Deberían aclararlo porque lo que menos se entiende de todo es la insistencia en este aspecto cuando en, al menos, tres ocasiones ya se ha resuelto y aprobado.

En 2010, la Fiscalía General del Estado avaló un informe que concluye que la Ley de Memoria Histórica de 2007 declara la ilegitimidad de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra de la dictadura. Siete años más tarde, en 2017, el Congreso volvió a lo mismo y declaró que las sentencias dictadas contra Companys por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas (en diciembre de 1939), y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales (en octubre de 1940), son “ilegítimas, radicalmente nulas e injustas y carecen absolutamente de eficacia y validez”. Un año más tarde, otra vez lo mismo: El Consejo de Ministros, que se reunió en Barcelona en diciembre de 2018, volvió a aprobar la nulidad de la condena, por tercera vez, para “una mayor reparación y reconocimiento del que Companys recibió en su momento”.

La entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, incluso llegó a decir que con esa declaración, el Gobierno “proclama, además de su reconocimiento, la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat”. ¿Qué dignidad? ¿La dignidad institucional que le arrebató la II República por traidor? ¿Por qué sigue incluyendo Esquerra Republicana a Companys en todas sus negociaciones? ¿Se persigue la destrucción de las sentencias de la República? ¿Su anulación? ¿La condena de los tribunales republicanos? ¿Acaso la reprobación y la condena de Azaña? Veremos… Pero, de momento, vamos a repetirlo: una cosa es la dignidad humana y otra la dignidad institucional, y Lluís Companys carece de la segunda.

Matacán
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