Corruptelas borbónicas y aviso a oportunistas

En el juicio a don Juan Carlos, Rey emérito de España, el primero que ha dictado sentencia ha sido su hijo, el rey Felipe, y lo ha condenado por corrupción. Ninguna otra conclusión se puede extraer de los tres folios de comunicado de la Casa Real en los que el monarca comunica que renuncia a la herencia de su padre (léase que, en el futuro, cuando herede, si hereda, promete que renunciará) y que, además, le retira la asignación de 194.000 euros al año que percibía del Estado.

Con la traducción al román paladino, ese comunicado nos dice que Felipe VI considera que el origen del dinero que posee su padre Juan Carlos en algunas cuentas en el extranjero es ‘ilegítimo’ —la legalidad o ilegalidad ya la determinarán los tribunales de Justicia— y que, además, ya no es digno del título de monarca emérito, y por eso le deja de pasar una asignación de dinero público, que le correspondería como exjefe del Estado de España. Debe considerarse, además, que Felipe VI no ha elaborado y difundido ese comunicado con las prisas por salvarse de la polémica de ver sometida la riqueza de su padre bajo investigación judicial en tres países distintos, sino que él mismo admite que era conocedor de la situación desde hace un año. Esa es la principal controversia que le afecta a él ahora, pero luego repararemos en eso; antes conviene hacer una advertencia a los oportunistas.

La posible ilegalidad cometida por Juan Carlos I no invalida el legado impresionante que deja en herencia a la historia de España

La posible ilegalidad cometida por Juan Carlos I no invalida el legado impresionante que deja en herencia a la historia de España, la democracia de la que disfrutamos, y que ha sentado un precedente insólito de transición de una dictadura a una democracia plena, utilizando la ley. Ocurra lo que ocurra, sea cual sea el final personal de don Juan Carlos de Borbón, ese legado solo puede despreciarse desde la ingratitud o la miseria moral. La democracia que disfrutamos, la misma que permite al heredero de la Corona desacreditar y desposeer de honores cívicos a su propio padre, es la que se consiguió y se consolidó en los peores momentos gracias a la determinación expresa de Juan Carlos I de que eso fuera así. Don Juan Carlos heredó de Francisco Franco todos los poderes del jefe de Estado de la dictadura y los cedió a la soberanía del pueblo español a través de la Constitución.

Quiere decirse con todo esto que la posible corrupción de Juan Carlos de Borbón no debe afectar en nada al modelo de Estado de España, a la monarquía parlamentaria que tenemos. Quienes, con legítimas inclinaciones republicanas, pretenden utilizar el escándalo de Juan Carlos de Borbón para desestabilizar, o tumbar, la monarquía deberían pensar solo en los múltiples casos de corrupción que han afectado a las demás instituciones del Estado. ¿El dinero que Jordi Pujol también tenía oculto en el extranjero ha supuesto alguna merma para la Generalitat de Cataluña? ¿Y el caso de los ERE supone algún descrédito institucional para la Junta de Andalucía? Desde Filesa, con Felipe González, hasta la Gürtel, con Aznar, o la Púnica, con Rajoy, se pueden citar muchos ejemplos contrarios al intento de extender ahora la riqueza oculta de Juan Carlos al resto de la Casa Real. Quienes, legítimamente, pretenden un cambio de modelo de Estado en España tienen un cauce establecido para lograrlo, la reforma de la Constitución. Es posible, como apuntaba certeramente en El Confidencial José Antonio Zarzalejos, que don Juan Carlos tenga, incluso, que marcharse a vivir al extranjero, en un obligado exilio, pero hasta ahí llegan las consecuencias institucionales para la Casa Real.

Sentado eso, la contundente reacción de Felipe VI, su cruda reprobación, ante las investigaciones judiciales a las que se está viendo sometido su padre solo tiene un flanco de debilidad: la tardanza en comunicárselo a la opinión pública. Si el Rey de España supo en marzo de 2019, a través del bufete de abogados de Corinna, la examante de Juan Carlos I, que era beneficiario de esos fondos en paraísos fiscales; si, al tener conocimiento de todo ello, decidió acudir a un notario para renunciar a una futura herencia; si el propio Juan Carlos ha admitido que no le comunicó a su hijo que lo había incluido en esas sociedades; si todo eso, en fin, se conocía hace un año, ¿por qué lo ha mantenido oculto y solo lo ha admitido públicamente cuando se ha visto cercado por las informaciones que, dentro y fuera de España, han venido ofreciendo algunos medios de comunicación?

Las circunstancias excepcionales que está atravesando España, este estado de alarma desconocido por una pandemia global, unidas al escándalo del anterior jefe del Estado, merecen una comparecencia de Felipe VI para dirigirse a los españoles, en el tono sensato y convincente que lo ha hecho siempre. Es posible imaginar que Felipe VI, cuando acudió al notario en 2019 y no dijo nada ante la opinión pública, acaso pretendía, simplemente, dejar constancia de su inocencia en este asunto y no contribuir, con una declaración pública en ese momento, a aumentar el escándalo. En la primavera pasada, en España se estaba celebrando el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes de la revuelta independentista de Cataluña y, además, tras las elecciones de abril de 2019, el Congreso de los Diputados mantuvo un vacío de poder que se prolongó hasta enero de este año. Es posible que Felipe VI no hiciera mención al escándalo de su padre aconsejado por la prudencia de su cargo, pero a partir de ahora, a partir del comunicado, cada día de silencio incrementará la incomodidad y enrarecerá el ambiente. No debe esperar al discurso de Navidad para mirar a la cara a los españoles. En este momento, por todo lo que está ocurriendo, Felipe VI tiene que hablar.