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Los sanitarios y la ruleta rusa
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Javier Caraballo

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Los sanitarios y la ruleta rusa

Para cada mujer y para cada hombre que trabajan en un hospital, la protección que ha ofrecido el estado de alarma ha acabado convirtiéndose en una ruleta rusa de los contagios

Foto: Foto: EFE.
Foto: EFE.

Reparemos en esta contradicción conceptual: el estado de alarma en España es también un estado de miedo, de desconfianza, antes que de seguridad, de tranquilidad, que es lo que persigue la ley. Para los médicos, para los enfermeros, para los celadores, para todo el personal sanitario, para cada mujer y para cada hombre que trabajan en un hospital desde el principio de la crisis sanitaria, la protección que ha ofrecido el estado de alarma ha acabado convirtiéndose en una ruleta rusa de los contagios, porque se les facilitaban medios para evitar contraer la enfermedad que, como han conocido después, muchos estaban defectuosos y resultaban ineficaces.

Un 20% de los contagiados por coronavirus es personal sanitario

Confiaban en la seguridad del estado de alarma, de la excepcionalidad, confiaban en las alabanzas diarias de todas las autoridades a la labor que desempeñaban, pero cuando llegaban a su trabajo y se colocaban una mascarilla, no podían saber si les iba a proteger del virus, y cuando se hacían un test para determinar si tenían la enfermedad, no se podían fiar de los resultados. ¿Por qué en España tenemos uno de mayores porcentajes del mundo de personal sanitario contagiado por coronavirus? Esa ruleta rusa de las pruebas fallidas y de los medios deficientes no puede ser ajena a este resultado fatal.

Es probable que no exista en el mundo un caso igual al de Cádiz, donde en el último recuento efectuado por la propia Junta de Andalucía, constaba que en esta provincia hay más sanitarios enfermos que pacientes civiles, por decirlo de alguna forma. “La paradoja es clara: en esta provincia andaluza, los sanitarios afectados por el covid-19 son 1.669, entre contagiados, en aislamiento domiciliario, en estudio y de baja, mientras que los ciudadanos que han dado positivo desde el principio de la pandemia ascienden a 1.310, según datos de la Junta de hace una semana” ('El País').

Foto: Foto: EC.

Cádiz es, desde luego, un caso único pero, como es evidente, no es la única provincia en España en la que ha ocurrido algo parecido, la sobreexposición al virus del personal sanitario cuando pensaban que contaban con los medios de protección necesarios. El Colegio de Médicos de Cádiz ya había advertido unas semanas antes del terrible fiasco y exigía “a las autoridades sanitarias que, ante la negligente exposición al virus a la que se ha sometido a los profesionales como consecuencia del uso de las mascarillas defectuosas, no demore ni un día más la realización de test diagnósticos con estudio inmediato y preferente de estos profesionales y que se realice su obligado seguimiento mediante los test necesarios para confirmar o descartar posibles contagios”. Pero ¿acaso se puede confiar en los test que se han realizado? Veamos.

De forma simultánea, en Madrid y en Sevilla, han surgido en los últimos días dos denuncias inquietantes: muchos de los test a los que se ha sometido al personal sanitario eran defectuosos, de forma que hay quien se ha sometido a la prueba y el resultado ha sido negativo, a pesar de que tenía algunos síntomas de la enfermedad. El Sindicato Médico de Sevilla dice tener constancia de numerosos casos en los que personal sanitario ha recurrido a test privados que han confirmado que estaban contagiados de coronavirus, después de que los test públicos hubieran descartado la enfermedad.

Foto: Acceso principal del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. (EFE)

“No podemos tolerar que compañeros sintomáticos sean obligados a trabajar, tengan dificultades para obtener la baja o esta no sea registrada como accidente de trabajo, todo ello porque sus ‘test de la Señorita Pepis’ arrojan resultados negativos. Es preferible no tener ningún test que unos cuyos resultados no te puedes creer. Es mejor basarse en criterios clínicos que en pruebas con una sensibilidad tan baja que las priva de utilidad práctica”, señala el sindicato. Algún caso habrá, seguro, de una médica, un enfermero o un celador que han contraído la enfermedad por haber usado una mascarilla defectuosa y que luego, cuando se han hecho el test, les ha dado negativo, con lo que, a su vez, han seguido propagando la enfermedad en su entorno.

Una denuncia simétrica se ha realizado en la Comunidad de Madrid, por la escasa fiabilidad de muchos test rápidos empleados con el personal sanitario. Madrid, Andalucía… En fin, que dentro de que las principales críticas en un estado de alarma se focalizan en el Ministerio de Sanidad, que es quien se arroga el mando único, los distintos dirigentes autonómicos, como los de esas dos comunidades gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, se deberían abstener, por lo menos, de incluir vanagloria alguna en sus discursos semanales.

Foto: Descarga de un avión A400M que aterrizó esta semana en Getafe. (EFE)

La única realidad es esta: en el último recuento, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que el total de profesionales sanitarios que han dado positivo por coronavirus covid-19 desde el inicio de la crisis ya es de 44.758; más de 5.500 en la última semana. España es la decimotercera potencia económica del mundo pero, en lo referente al contagio del personal sanitario por esta pandemia, ocupa uno de los últimos lugares del planeta, muy por detrás de muchos países con menos recursos y posibilidades que el Estado español.

Nunca antes se había declarado en España el estado de alarma (la referencia que se hace a la declaración durante la huelga de controladores de 2010 no tiene nada que ver y no debe contemplarse como tal) porque, por suerte, desde que está en vigor la Constitución, nunca hemos padecido algunas de las calamidades que se recogen en esa Ley Orgánica 4/1981: “Terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, tales como epidemias, situaciones de contaminación graves” o desabastecimiento general de la población de productos de primera necesidad. Es decir, se recurre a la ley cuando una enorme tragedia puede poner al país de rodillas. Entonces, el Estado se enroca, se hace fuerte, para vencer la adversidad. El estado de alarma tiene que ser seguridad, confianza. Para todos ellos, los miles de hombres y mujeres que sostienen el sistema público de salud en España, no ha sido así. Tampoco lo será hoy, cuando cojan su bata camino del hospital silbando una canción de la radio, “facciamo finta che, tutto va ben”.

Reparemos en esta contradicción conceptual: el estado de alarma en España es también un estado de miedo, de desconfianza, antes que de seguridad, de tranquilidad, que es lo que persigue la ley. Para los médicos, para los enfermeros, para los celadores, para todo el personal sanitario, para cada mujer y para cada hombre que trabajan en un hospital desde el principio de la crisis sanitaria, la protección que ha ofrecido el estado de alarma ha acabado convirtiéndose en una ruleta rusa de los contagios, porque se les facilitaban medios para evitar contraer la enfermedad que, como han conocido después, muchos estaban defectuosos y resultaban ineficaces.