Centros de menores, un despropósito andaluz

Solo con el nombre, ya se anticipa el rechazo: ¿Quién quiere un centro de menores en su barrio? Si es un centro de menores inmigrantes, los 'menas', ya no es necesario ni siquiera hacer la pregunta, porque los menores inmigrantes se han convertido, los ha convertido la extrema derecha, en una exigencia política: ¡Qué se vayan de España!

Si ese es el ambiente, se comprenderá que lo que no le interesa a nadie es saber qué ocurre de verdad en los centros de menores, cómo se gestionan y cuánto nos cuestan. ¿O por qué fracasa la tutela de la administración cuando muchos de esos niños o jóvenes en desamparo acaban en bandas de delincuentes? El interés fundamental que tiene el informe que acaba de hacer público la Cámara de Cuentas de Andalucía radica en el descubrimiento de esa paradoja, que el rechazo, o el odio, que previamente siente la sociedad hacia los centros de menores consigue que la gestión de ese servicio público pase absolutamente desapercibida. A nadie le interesa si son eficientes y, mucho menos, qué sucede con los menores cuando cumplen la mayoría de edad.

Por eso, cuando se fiscaliza la gestión pública, como ha ocurrido ahora en Andalucía, y se descubre el fiasco, no se alcanza a comprender cómo es posible que todo eso suceda ante nuestras narices. El ejercicio fiscalizado corresponde aún a la etapa socialista, año 2017, con Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, aunque es del todo imposible que ese caos haya variado tras el cambio de Gobierno, con Moreno Bonilla al frente, si es que se ha emprendido alguna reforma.

Los menores inmigrantes se han convertido, los ha convertido la extrema derecha, en una exigencia política: ¡Qué se vayan de España!

El envoltorio grueso de prejuicios con el que contemplamos siempre a los menores en acogida nos hace olvidar, constantemente, la verdadera naturaleza de este problema: ¿tiene la sociedad alguna obligación con un niño que ha nacido en el seno de una familia de padres drogadictos, de enfermos mentales, o que lo maltratan a diario? ¿Qué hay que hacer con una niña a la que sus padres obligan a prostituirse desde los doce años? Nadie elige su lugar de nacimiento, tampoco el bebé que nace en la cuna de unos camellos de barrio.

Que vivamos en una sociedad de la que cabe esperarse una gran movilización en las redes sociales para la adopción de un perrito recién parido, o de un gato callejero, no debería llevarnos a la normalización de la indiferencia cuando el cachorro es humano. Cuando los menores viven en condiciones infrahumanas, de explotación o de salubridad, o no tienen ninguna cobertura familiar, es la administración pública la que obtiene la patria potestad y adquiere una obligación con ese menor hasta la mayoría de edad. Son derechos universales que no cabe pensar que nadie cuestione en un país desarrollado como España. Se trata, por tanto, de una obligación y es al contemplar los centros de menores como servicio público cuando aparece el despropósito; el despropósito andaluz, en este caso, que, con seguridad, será equivalente al de otras comunidades autónomas.

Lo primero que descubren los investigadores de la Cámara de Cuentas de Andalucía es una especie de oxímoron contable: la evaluación de los centros de menores se tiene que realizar sobre criterios teóricos o generales porque no existen objetivos ni planes públicos que marquen unos logros: “No se han establecido indicadores que midan la eficiencia y la economía”. Es decir, los centros de menores, por buenos y vocacionales que sean muchos de los profesionales que trabajan en ellos, no se gestionan de acuerdo al logro de unos resultados concretos; más bien parecen, en ocasiones, contenedores en los que guardar a los menores hasta que cumplan la mayoría de edad, cuando la Administración pública pueda sacudirse toda responsabilidad.

“El 62% de los menores que cumplen 18 años -dice la Cámara de Cuentas-, y, por tanto, dejan de estar tutelados, no van al Programa de Mayoría, por lo que se quedan sin atender”. Sin embargo, en la legislación andaluza lo que se exige es que el cuidado de los menores debe extenderse más allá y “disponer de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección". ¿No es acaso el comportamiento normal de todas las familias o es que conocemos muchos casos de padres que echan a sus hijos a la calle al cumplir los 18 años?

Pues eso es lo que ocurre con la mayoría de estos menores y solo encuentran el apoyo de alguna ONG, como Voluntarios por otro Mundo, del sacerdote José Chamizo, ex defensor del pueblo andaluz. Por hacernos una idea del problema: las deficiencias en el Programa de Mayoría de Edad son tales que ni siquiera se tiene certeza de los menores que son ex tutelados al cumplir la mayoría de edad.

Dice la Cámara de Cuentas: “Los datos facilitados por la Dirección General de infancia, de los menores que han cumplido la mayoría de edad durante el 2017 (648 menores), no coinciden con los datos de los menores dados de baja en el Registro de tutelas y guarda por cumplir la mayoría (809 menores)”. Tan desastroso puede llegar a ser que se dio el caso, durante la inspección, que estando en un centro de menores “se detectó que no había sido dado de baja un menor, habiendo cumplido el mismo los 18 años, procedieron a darlo de baja durante el control realizado”. Quizá se explique, en parte, porque según la fiscalización lo primero que falla es que la Junta de Andalucía ‘se olvida’ de inscribir a los menores en el Registro Civil cuando obtiene la tutela: “En 17 de los 23 expedientes analizados no se ha obtenido evidencia de la inscripción de la tutela del menor en el Registro Civil”.

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EFE

En Andalucía existen alrededor de doscientos centros de menores, 20 de titularidad pública y 174 concertados. La conclusión más impactante del informe es la disparatada diferencia que existe entre lo que cuesta la atención de un menor en un centro público y en uno concertado.

Atención a este párrafo del informe de la Cámara de Cuentas: “El gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado asciende a 2.035 euros y en un centro público a 9.813 euros, por lo que hay una diferencia de 7.778 euros. Una plaza de un menor en acogimiento familiar supone un gasto mensual medio de 424 euros”.

Lo que no explica el informe de fiscalización es cómo es posible que exista esa diferencia enorme, tanto que con el mismo presupuesto anual (en torno a 53 millones de euros, en cada uno de ellos) los centros públicos de menores atienden a 450 personas, mientras que los centros concertados llegan hasta las 2.173 plazas. ¿Dónde se va el dinero de los centros públicos si, para más inri, el informe señala deficiencias enormes, como que todos ellos carecen del seguro obligatorio; deficiencias que la propia administración sancionaría con toda dureza en el caso de que fuesen centros privados?

Con el mismo presupuesto anual, los centros públicos de menores atienden a 450 personas, los centros concertados a 2.173

Hay hasta 7 centros públicos que, por no tener, no tienen ni la autorización de funcionamiento que es obligatoria. Eso, sin contar con la inexplicable racanería con la que se paga el acogimiento familiar -424 euros, más de veinte veces menos de lo que cuesta una plaza en centro público- a pesar de que es el mejor modelo para lograr la integración de los menores en la sociedad. Lo dice la propia Ley que se ignora: “Prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor”.

Están bien las medidas como el Ingreso Mínimo Vital, pero ¿por qué no fomentan las administraciones este tipo de acogimientos, como recomienda la Cámara de Cuentas? Y todo ello para que, al final, el resultado sea la desatención de los menores al cumplir la mayoría de edad y la indiferencia de la sociedad que, quizá, aunque solo fuera por el despilfarro del dinero público, debería comenzar a contemplar los centros de menores con exigencias de eficacia en vez de desprecio.