Rebrotes de caos autonómico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descubrió durante la pandemia la piedra Rosseta de la gestión pública, pero ya se le ha olvidado. Entendió que aunque España sea un Estado autonómico, hay problemas que afectan a todos los españoles y que es mejor solucionarlos conjuntamente. Algún día, pasados los años, es posible que alguien recapitule sobre los debates que se plantean en nuestro país y tendrá que restregarse los ojos, por la incredulidad.

Ha tenido que llegar una pandemia para que el presidente del Gobierno y muchos más en España comprendan lo que tanto repiten, en cada discurso, también como si fuese un hallazgo trascendental: “El virus no distingue entre territorios”. Tener que remarcar esto dentro de un solo país ya lo dice todo, pero en fin… Que la cuestión es que, pese a lo dicho, la clarividencia de lo obvio se ha extinguido con el estado de alarma y otra vez cada cual batalla por su cuenta contra la pandemia.

De nuevo, avanzamos hacia la incertidumbre; rebrotes de la pandemia que representan rebrotes de caos autonómico. Tan pronto como expiró el último decreto de medidas excepcionales aprobado por el Gobierno, el pasado 21 de junio, han desaparecido todos los mecanismos de coordinación y, lo que aún inquieta más, aumentan las dudas sobre lo que sucederá cuando se haya apagado el verano y lleguen los fríos del otoño. La ‘nueva normalidad’ no ha debido suponer nunca el regreso abrupto a la España de las 17 políticas sanitarias. La responsabilidad desatendida del Gobierno de Pedro Sánchez, en primer lugar, y de los presidentes autonómicos, a continuación, es no haber dispuesto mecanismos de coordinación, políticos, judiciales y sanitarios, para aplicarlos tras el estado de alarma. Analicémoslos uno a uno.

Coordinación política. En una de sus últimas comparecencias, Pedro Sánchez recalcó lo que se indicaba antes, que España tiene problemas comunes aunque sea un Estado compuesto por 17 comunidades autónomas. La ‘conferencia de presidentes’ solo se había reunido en seis ocasiones durante 40 años, y muchas de ellas sin que participaran aquellos que se creen distintos a los demás. Con el miedo en lo alto al coronavirus, la asistencia ha sido plena en las 14 reuniones que se han celebrado en tres meses. “Lo novedoso —dijo Pedro Sánchez— es convertir en estructural este tipo de celebraciones de conferencias de presidentes en un Estado compuesto como el nuestro, donde hay competencias tan importantes como son la sanidad y también la educación en manos de las comunidades autónomas (…) hemos comprobado que podemos trabajar juntos”.

Su compromiso fue el de convocar una nueva reunión, previsiblemente después del verano, para abordar otros asuntos, como ‘la reconstrucción’ o la financiación. Bien, pero ¿por qué no se ha seguido convocando, al menos, una especie de ‘gabinete de crisis’ al más alto nivel político para coordinar, colaborar e implantar semanalmente algunas medidas sanitarias, como la obligatoriedad de las mascarillas? ¿Llegaremos a la prohibición de paso entre algunas comunidades, por disputas entre las medidas que se adoptan? No solo por la eficacia obvia en el progreso de todos los españoles, sino porque la pandemia no ha pasado, es inexplicable que el final del estado de alarma haya dado paso a la descoordinación.

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Coordinación judicial. Es una evidencia que el Estado de derecho se ha tambaleado en muchos países, sobre todo en España, por la emergencia y el caos mundial de la pandemia de coronavirus. Muchos derechos fundamentales se han visto restringidos o anulados durante tres meses; los últimos, en las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia, donde hemos asistido, como si tal cosa, a que se privase del derecho al voto a casi 500 votantes de estas dos comunidades. Pocas cosas hay en una democracia más sagradas que el sufragio universal, que solo se restringe a los condenados con sentencia firme, a las personas que padezcan alguna incapacidad para ejercer ese derecho y a quienes estén “internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.

En este caso, ni autorización judicial ni medidas especiales, como un sistema de recogida de votos o un horario especial para los afectados. Se trata, en suma, de una vulneración más que sale adelante por la urgencia de la pandemia. Pero transcurridos cuatro meses desde el inicio del confinamiento, los responsables políticos no pueden seguir pensando que esa misma práctica la pueden mantener 'sine die'; que la misma excusa de la urgencia sanitaria, aunque exista, puede usarse mientras dure la pandemia.

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Que se miren en el espejo de los disparates que está diciendo el presidente catalán, Quim Torra (“No puede haber ninguna interferencia judicial que entorpezca el combate contra la pandemia”, como si jueces y fiscales quisieran que se extiendan los contagios…), para concluir que tendrían que haberse dotado de los mecanismos legales necesarios para abordar la urgencia sin ignorar o despreciar la legalidad. Modificaciones legales, sí, para atender, ahora y en el futuro, las situaciones similares que se puedan presentar.

Coordinación sanitaria. El estallido de la pandemia en España nos sorprendió con una absoluta carencia de medios sanitarios para combatirla; otras veces se ha repetido aquí que el duro confinamiento decretado en España ha sido directamente proporcional a la falta de medios sanitarios. ¿Estamos seguros de que la precariedad no nos sorprenderá de nuevo cuando, al fin, se descubra la vacuna?

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Ya hay algunos profesionales médicos que han comenzado a alertar de que la distribución de la vacuna, para la que se prevé una lógica demanda masiva, requerirá de una enorme cantidad de agujas y jeringuillas, en torno a los 100 millones de unidades para la población española. Y, de nuevo, como ocurrió con las mascarillas, todos los países del mundo demandarán lo mismo, con lo que de nuevo se colapsará el mercado. Por lo que ha trascendido, en España tampoco ha cambiado nada con respecto al inicio de la pandemia.

El Ministerio de Sanidad, cuya estructura sigue siendo esquelética y desfasada, ha vuelto a delegar en los gobiernos regionales: “La gestión y compras de material sanitario deben realizarlas las comunidades autónomas, independientemente de que haya una reserva estratégica a nivel nacional con todo tipo de material”. Es decir, lo mismo que ya se ha vivido y que, como es sabido, ha provocado, además de enormes carencias que aún se mantienen, como los test, que se multipliquen las estafas de material defectuoso en España por parte de los desaprensivos que aprovechan estas tragedias para lucrarse de los rebrotes de caos.