El virus, las playas y el absurdo andaluz

Nadie ha probado, ni siquiera insinuado, que pasear por una playa sin mascarilla sea un posible foco de contagio del coronavirus pero en Andalucía está expresamente prohibido. Desde Ayamonte hasta el Cabo de Gata. Mascarillas obligatorias, bajo amenaza de sanción, a todo aquel bañista sin mascarilla que no esté en el mar o debajo de la sombrilla, pero solo si es con la familia. Ni siquiera tomando el sol, tendido en la arena, se puede librar un bañista de una reprimenda si al tumbarse sin mascarilla no ha guardado la distancia de seguridad con la siguiente toalla.

Desde el principio de esta crisis sanitaria del coronavirus venimos observando un vicio de ordeno y mando en las administraciones públicas que, si se analiza con detenimiento, suele esconder un defecto interno o una carencia. Se pretenden compensar con prohibiciones y limitaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos las deficiencias del sistema sanitario, muchas de ellas provocadas por la torpeza o la irresponsabilidad de los cargos públicos. Los excesos del Gobierno de la nación durante la vigencia del Estado de Alarma se correspondían con la precariedad de medios y de planificación ante la pandemia y, ahora que la responsabilidad corresponde a las comunidades autónomas, los gobiernos regionales han calcado la estrategia. Regulación por exceso para paliar los defectos.

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¿En qué comunidades es obligatoria la mascarilla en todo momento y en cuáles no?

EC/Agencias

Hace unos días, en la orilla de una playa de Cádiz, una mujer, a pocos metros de la orilla, donde rompían las olas, se sobresaltó al oír a su espalda la voz crispada de un Policía Local. “¡Señora! ¿Acaso quiere que la multe, no sabe que está prohibido?” Su nieto, de dos años, levantó la mirada y arrojó una bola de arena mojada que casi se estrella en las botas del agente, malhumorado. En esa playa estaba prohibido que padres e hijos jugasen en la arena mojada, como en otras playas obligan a los veraneantes a colocar las sombrillas sólo en la parte de arena seca, para separarla de la ‘zona de paseo’ con mascarillas y tránsito hasta el baño.

Como son los ayuntamientos los encargados de aplicar la orden y como nadie quiere ‘pillarse los dedos’, puede darse el caso, incluso, de que se aumente la prohibición a partir de la orden genérica de la Junta de Andalucía, que lo que determina es que la mascarilla es obligatoria en playas y piscinas salvo “durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad”. En definitiva, que un día de playa, entre tanta prohibición, tanta imposición, tanta amenaza de multa y tanta mirada inquisidora de los vecinos de sombrilla, se puede convertir en un infierno para cualquiera. Y eso, como se decía al principio, en el entorno que, hasta ahora, se consideraba menos propicio para la expansión del virus. Por el disfrute de un espacio al aire libre que reúne otros elementos naturales que los científicos consideran favorables para reducir la posibilidad de contagios, como es la salinidad, la brisa marina y las altas temperaturas (según un informen del CSIC del pasado mes de mayo).

Se quiere compensar con limitaciones las deficiencias del sistema sanitario provocadas por la torpeza o la irresponsabilidad

Cualquiera puede entender que es completamente absurdo que las medidas preventivas contra el coronavirus sean exactamente las mismas en un vagón del Metro de Madrid o sentado en un AVE que recorre España durante horas que paseando por la orilla de una playa de Andalucía. Pero, trascendiendo de eso, es igualmente absurdo que en una comunidad autónoma como Andalucía, un territorio tan extenso como Portugal, las medidas no distingan entre provincias, por muy distintas que sean las circunstancias de cada una de ellas con respecto a la pandemia.

Por ejemplo, en una comunidad con más de ochocientos kilómetros de litoral, ¿cómo se puede entender que las prohibiciones sean las mismas en una playa de Huelva o de Cádiz y en una playa de Málaga o de Almería? Además de las diferencias radicales entre las playas del Mediterráneo y las del Atlántico -las segundas suelen ser playas mas amplias, con grandes superficies de arena-, la incidencia del coronavirus en las provincias más occidentales de Andalucía es inferior a las más orientales. La tasa de contagio (número de casos por cada 100.000 habitantes) en Huelva es de 0,98 y la de Almería es de 46,73. ¿Tiene sentido que las dos provincias se rijan por las mismas prohibiciones y limitaciones? Durante el Estado de Alarma, los gobiernos regionales censuraban al Gobierno de Pedro Sánchez por no atender las peculiaridades de cada comunidad autónoma pero ahora, cuando son las autonomías las encargadas de la gestión de la pandemia, vuelve a ocurrir lo mismo: tabla rasa.

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El principio inspirador del actual Estado de las Autonomías fue acercar la administración a los ciudadanos, además de todas las adendas de apasionamiento territorial e ideológico y del fomento de los rasgos identitarios. Acercar la administración a las necesidades de cada pueblo, de cada ciudad, de cada uno de nosotros; un objetivo que se alcanza más fácilmente si la toma de decisiones desciende y se acerca a los problemas reales de esas gentes.

Con gestiones como la de esta pandemia de coronavirus ya estamos viendo cómo uno de los problemas de ese Estado de las Autonomías es que los gobiernos regionales han acabado adoptando los mismos vicios e inercias de gestión que se le achacaban al Estado centralizado. El ‘viejo maestro’ Lao Tsé sostenía que “gobierna mejor quién gobierna menos”. En las democracias actuales esa máxima de hace 2.400 años es un símbolo de sociedades avanzadas y gobiernos eficaces.