Quim Torra, ajuste de cuentas

Adiós, Quim Torra, adiós, y en la despedida de todo cargo público siempre debe adjuntarse una rendición de cuentas que, en el caso de un político tan fullero, tendrá que ser un ajuste de cuentas, porque nada adorna más el carácter de este hombre que la ocultación y el engaño. Tan acusada es la impostura de Quim Torra que, ahora que ya es expresidente de la Generalitat de Cataluña, los primeros que se tienen que sentir engañados son aquellos que le han apoyado, incluso quienes todavía saldrán a la calle a defender ciegamente a quien solo ha mirado por sus intereses.

Lo primero que hizo Torra cuando llegó a la presidencia de la Generalitat, en mayo de 2018, fue anunciar la independencia de Cataluña, a pesar de que quienes lo intentaron antes que él estaban en la cárcel o fugados de España, como Carles Puigdemont, el hombre que mueve los hilos de sus chaquetas gris marengo. Si Torra fue nombrado presidente, según nos dio a entender, era de forma provisional hasta que se instaurase la república de Cataluña y pudiesen volver al Palau de la Generalitat aquellos que huyeron en el maletero de un coche. Lo repitió tanto durante sus primeros meses de mandato que, en 2019, en el aniversario del 1 de octubre, le añadió un detalle más al compromiso: “avanzar sin excusas hacia la república catalana para que sea una realidad”. Subrayemos eso: “sin excusas”.

Eso fue lo que prometió y, en cada ocasión que ha tenido para declararse en rebeldía y proclamar la república de Cataluña, lo que ha hecho Quim Torra ha sido acatar las decisiones de los tribunales de Justicia. No solo ahora, que finalmente tiene que dejar el despacho que ha ocupado, sino cuando tuvo que dejar el escaño en enero pasado o, durante toda la legislatura, cada vez que ha querido aprobar resoluciones que, previamente, habían sido vetadas por los propios letrados del Parlamento de Cataluña.

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De la rebeldía al acatamiento; que lo piensen un momento aquellos miles, o cientos de miles, de catalanes que creyeron como ilusos las fantasías de este impostor, incluso para los suyos propios, aquellos a los que alentaba para que salieran a las calles a “apretar más”. Ese era el discurso, sí, una simple tapadera para encubrir la inoperancia de este Gobierno de independentistas que, con todas las competencias propias de un Estado federal, se mantiene en el desgobierno y la inoperancia desde el comienzo de la fantasmal ‘hoja de ruta’ de la república. En los peores tiempos de crisis económica, primero, y de pandemia, en la actualidad, la clase dirigente de Cataluña, que es la misma desde hace décadas, ha encontrado la excusa perfecta para justificar su propio caos y asentar sus privilegios.

Cuando Torra acabe de recoger su despacho de presidente de la Generalitat, solo podrá aportar una mejora objetiva de la realidad catalana, la suya propia: lo último que hizo en junio pasado fue subirse una vez más el sueldo, un total de 153.235 euros anuales. En porcentajes, un 2% de subida, para él y para todos sus asesores, cuando el resto del país tiene los sueldos congelados o con recortes mensuales, si es que no están pendientes de una ayuda por desempleo. ¿Se han puesto a sumar los ciudadanos catalanes cuánto les cuesta el inmenso entramado burocrático de asesores a dedo del independentismo, incluyendo el sueldazo que seguirá cobrando Torra como expresidente? Pues se trata de sumar y compararlo, por ejemplo, con los recortes en la sanidad catalana, que en los últimos años han sido los mayores de España.

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Al margen de eso, el apunte biográfico de Quim Torra como presidente será en la historia tan escueto como elemental es la sentencia que lo condena. Nadie, ningún demócrata en ningún país del mundo, discutirá que los primeros que están obligados a cumplir las leyes son aquellos que representan a la ciudadanía en las instituciones del Estado, como era el caso. Por mucho que lo sigan repitiendo, ningún líder independentista catalán está condenado porque se coarte su libertad de expresión sino por desobediencia, como bien saben los propios independentistas de las tribunas y de las aceras.

Pretender, como hacen repetidamente, anteponer la ‘legitimidad democrática’ a la legalidad constitucional es retroceder a los tiempos del Rey Sol: “El Estado soy yo”. Frente a esa concepción absolutista y tiránica del poder, la civilización democrática evolucionó hasta el gobierno de las leyes, el imperio de la ley, que nos obliga a todos, como el Estado democrático y de derecho que impera en España desde la Constitución de 1978. Esa es la forma de convivencia en libertad más avanzada que ha alcanzado la Humanidad, como se encarga de explicar el Tribunal Supremo en su sentencia, que, una vez más, es contundente y didáctica para que la entiendan bien dentro y fuera de España.

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Se va Quim Torra, que ya se ha ido, y, como colofón de su torpeza, solo habría que recomendarle la lectura de los párrafos de la sentencia en los que el Tribunal Supremo desmonta su queja de indefensión durante la causa que se ha seguido en su contra. La sentencia le recuerda que “no hay indefensión si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de delito señalado”. Tanto es así, que lo único que le falta por decir al Supremo es que el principal acto de indefensión que ha padecido Quim Torra en el juicio ha sido, en sentido literal, el de su propia defensa. Ya sea por consejo de su letrado o por su demostrada torpeza, su defensa durante el juicio ha sido la más eficaz de las acusaciones. Hasta el abogado más novato le hubiera aconsejado que, para no sumar motivos a la sentencia condenatoria, lo mejor hubiera sido callarse. Pero nada, lo dijo: "Sí, desobedecí. No vengo aquí a defenderme. En todo caso, vengo a acusar al Estado". Pues vale, ya está cada uno en su sitio.