Reforma laboral: el PSOE, la teta y la sopa

La certeza, siempre vigente, de que el PSOE puede hacer cosas que solo el PSOE puede hacer, ya sea por la habilidad negociadora de sus dirigentes, demostrada históricamente, o por la patente de corso con la que se envuelve la izquierda en España, sigue presente en la política nacional y será determinante en la resolución final del conflicto gubernamental sobre la reforma laboral. El principio político, invocado aquí en otras ocasiones, lo que determina es que el Partido Socialista es capaz de salir airoso de algunas situaciones contradictorias y comprometidas que para otros partidos políticos supondrían un severo quebranto interno y externo.

El grado máximo de esa ‘habilidad’ política pudo estar, quizás, en aquel legendario referéndum de la OTAN: los socialistas ganaron unas elecciones con la promesa de sacar España de la Alianza Atlántica y, cuando llegaron a la Moncloa, convocaron un referéndum para reafirmar la pertenencia en la estructura militar. No solo ganaron la consulta gracias a que sus millones de votantes de entonces —década de los ochenta del siglo pasado— votaron una cosa y la contraria, sino que, pasados los años, uno de los ministros de Felipe González llegó a secretario general de la OTAN. Pues ese tipo de conversiones 'de facto', mientras se mantiene intacto el discurso del ‘no a la guerra’ en cuanto se plantea la oportunidad, puede servirnos de guía para entender el concepto, ese retruécano de que ‘el PSOE hace cosas que solo el PSOE puede hacer’.

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Como todo eso forma parte de la cultura política del Partido Socialista, el presidente Pedro Sánchez pensaba hacer efectiva la derogación de la reforma laboral, sin derogar la reforma laboral. Es decir, al mismo tiempo que se contenta al electorado de izquierda con la prometida ‘derogación’ de la normativa aprobada por el Partido Popular, se complace a la Unión Europea con una modificación superficial de la reforma laboral que no altere sustancialmente las reglas vigentes en la economía española.

En lenguaje castizo, se diría que se pretende soplar y sorber, por mucho que el mismo refranero español advierta de la imposibilidad de abarcar teta y sopa. Pero no sería la primera vez que los socialistas lo consiguen y en la propia Unión Europea deben estar convencidos de ello, como quedó de manifiesto hace unos días, en la visita a España del comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, socialdemócrata también como Pedro Sánchez. “El mercado laboral español —dijo Gentiloni— lleva años formando parte de las recomendaciones específicas de la UE para el país, y el fondo Next Generation está vinculado a que se aborden las recomendaciones del año 2019. Ahora necesitamos avanzar. Necesitamos un equilibrio entre la seguridad sólida de los trabajadores y el dinamismo de la economía. Lo que se conoce como flexiseguridad”.

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Ni el propio Pedro Sánchez, constante surtidor de eufemismos políticos, hubiera plasmado mejor la salida óptima de esta crisis para su Gobierno, la ‘flexiseguridad’. En la definición del término va implícita la carambola, contentar a los trabajadores y a los empresarios al mismo tiempo. Por esa razón, la Unión Europea solo ha puesto una obligación a los países, como España, que son receptores netos de ese fondo de recuperación llamado Próxima Generación: que el acuerdo que se alcance para modificar la reforma laboral se adopte de común acuerdo con los sindicatos y con la patronal. En el acuerdo firmado para la recepción de fondos no reembolsables (página 250 y siguientes del acuerdo), se repite varias veces la misma exigencia, que toda reforma se adopte “respetando el diálogo social y como parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y de seguridad en el mercado laboral”.

Cada vez que el presidente Pedro Sánchez ha afirmado que su objetivo es eliminar “los aspectos más lesivos de la reforma laboral”, o, como dice ahora, “reconstruir algunas de las cosas que se hicieron mal”, a lo que se está refiriendo es al punto medio que le señala la Unión Europea y que en absoluto significará la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado año, y la opinión no ha variado, ya lo dejó por escrito la Comisión Europea en un informe, de febrero de 2020, sobre la economía española: “Las reformas laborales adoptadas en 2012 y 2013 en respuesta a la crisis han demostrado haber jugado un papel importante en la promoción de una recuperación rica en empleo que comenzó en 2014”.

¿Tiene algo que ver lo que exige la Comisión Europea con lo que ha prometido Pedro Sánchez en el seno del Partido Socialista? En absoluto, claro, porque lo que dijo el líder socialista hace unas semanas, en el congreso en que fue reelegido secretario general, es que se comprometía a borrarla del mapa. Lo incluyó en un 'pack' de reformas varias y lo que dijo, literalmente, fue lo siguiente: “Avanzaremos poniendo punto final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios. Avanzaremos fortaleciendo Europa. Y avanzaremos aboliendo la prostitución, que esclaviza a las mujeres”.

Nadie debe poner en duda que, si el PSOE gobernara en solitario en este momento, y con respaldo parlamentario suficiente, sería capaz de satisfacer de un plumazo sus promesas en ese mitin con la aprobación de algunas modificaciones parciales de la reforma laboral, de acuerdo con lo que se le exige en Europa, sin que nadie rechistara en sus filas. Lo haría y, a continuación, defendería en otro acto público el cumplimiento de su promesa de izquierdas. Teta y sopa. Así ha sido hasta ahora. Si, además, en esta ocasión consigue convencer a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ni es socialista ni parece abducida por los encantos presidenciales de Pedro Sánchez, el retruécano de la ‘habilidad socialista’ habrá vuelto a demostrar su plena vigencia en la política española. Veremos.