Una ley para amordazar a la autoridad

Abandonados, desprotegidos, utilizados, despreciados… Hablaban los portavoces policiales al comienzo de la manifestación de los cuerpos de seguridad del Estado, acaso la mayor que hayan celebrado nunca los policías y guardias civiles españoles, y podía intuirse en lo que decían un aire de desamparo que no suele ser habitual en las reivindicaciones sociales. Fijémonos antes que nada en ese detalle, porque resulta muy significativo para entender el porqué de esta protesta. Esta es la primera gran manifestación sectorial que se produce en España contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el motivo de la movilización no tiene nada que ver ni con los salarios, ni con las plantillas, ni con los medios de los que disponen para desarrollar su tarea.

Nada que tenga que ver con un interés económico o material, a pesar de que acabamos de atravesar una pandemia que nos ha dejado como sociedad múltiples secuelas y de que los tiempos que vivimos, de encarecimiento del coste de la vida, acaban convirtiéndose en la gota que colma el vaso de muchas situaciones laborales precarias. Las quejas de este colectivo por la ridiculez de algunas remuneraciones en quienes se juegan la vida a diario son antiguas y casi siempre desatendidas, especialmente en la Guardia Civil, pero no son esos los motivos que los han llevado a esta gran manifestación sino ese otro intangible de desprecio, de desprotección, de abandono como agentes de la autoridad que son.

Los Echeniques de la vida siempre contemplan estos conflictos como si fueran el enfrentamiento de dos bandas rivales

Por encima, incluso, de la literalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana que se quiere reformar, como veremos ahora, el mayor riesgo que detectan los policías y guardias civiles en este Gobierno es esa tendencia a cuestionarlos en su trabajo. Es esa constante de algunos de los portavoces gubernamentales o parlamentarios que apoyan al Ejecutivo que presentan a policías y guardias civiles como sospechosos agentes salidos de una cueva oscura de fascismo y represión, cada vez que los envían como antidisturbios a disolver una protesta. Lo hemos visto hace unos días en Cádiz; ya podían los exaltados manifestantes prenderle fuego a una barricada de neumáticos junto a un colegio o junto a un bloque de viviendas, que el único 'exceso' que removió al Gobierno fue el de la Policía por haber utilizado un vehículo blindado con la pala excavadora, presentado como si una división acorazada hubiera tomado la ciudad frente a los indefensos trabajadores. Quiere decirse, en suma, que es el concepto de autoridad lo que está en cuestión, el cuestionamiento permanente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que realiza el sector de extrema izquierda y antisistema que respalda al líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.

En la tensión que se crea en cada altercado entre manifestantes y antidisturbios, siempre surge un Pablo Echenique que alienta a los que protestan, ‘jóvenes antifascistas que luchan por la libertad’, como suelen decir, y condena la actuación de los policías y guardias civiles, olvidando siempre que son funcionarios públicos que si acuden a disolver una manifestación o una concentración es porque existe una grave alteración del orden público y los han enviado allí, por una orden judicial o gubernativa, para restablecerlo. Los Echeniques de la vida siempre contemplan estos conflictos como si fueran el enfrentamiento de dos bandas rivales, fascistas contra antifascistas, obviando lo más elemental. Por eso, el aire que trae la reforma de esta ley de Seguridad Ciudadana, que la izquierda siempre denominó la 'ley mordaza', es que lo que se pretende ahora es invertir los términos y que, en adelante, los manifestantes, los antisistema y los profesionales de la violencia callejera gocen de un plus de credibilidad en cualquier altercado en el que intervengan las fuerzas de seguridad del Estado. Utilizando la misma terminología, quizá lo que temen policías y guardias civiles es que se acabe aprobando en el Congreso una reforma de la ley para amordazarlos a ellos. Que, en adelante, por ejemplo, cuando otra vez un policía tenga que ir al médico por la patada de un diputado, como ocurrió en el polémico caso de activista canario de Podemos, Alberto Rodríguez, su palabra no tendrá más credibilidad que la de su atacante.

La peculiaridad fundamental de esta protesta, más allá de la reforma, es el sentimiento de abandono y de desprotección policial

De todas formas, aunque la reforma de la Ley aún está en trámite de enmiendas, lo que se conoce hasta ahora matiza mucho la lógica alarma que ha causado entre policías y guardias civiles. Por ejemplo, en esto que se citaba sobre la credibilidad del testimonio de un agente de la autoridad. Lo que dicen los sindicatos policiales es que se resta credibilidad a su relato porque la reforma indica que tiene que ser "coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario"; es decir que no basta la mera palabra del policía o el guardia civil. Es verdad que la elasticidad de esos conceptos puede llevar a numerosas interpretaciones, pero se omite que la presunción de veracidad de los agentes se mantiene y que lo único que se incluye es el término "razonable", aplicado solo a las actas policiales para faltas y no a los atestados, que incluyen delitos penales.

Es verdad también que se eliminan requisitos administrativos para convocar una protesta 'espontánea', pero no es menos cierto que podrá ordenarse su disolución si degeneran en protestas violentas y si alteran el orden público. Lo mismo ocurre con la controversia sobre la grabación de imágenes y difusión de policías y guardias civiles, porque los sindicatos policiales no tienen en cuenta que ya se pronunció sobre ello el Tribunal Constitucional, que avaló lo esencial de esa ley —incluidas las 'devoluciones en caliente' de inmigrantes, que tampoco se tocan— y que la reforma se hace en ese sentido. En definitiva, como se decía al principio, la peculiaridad fundamental de esta protesta, más allá de la reforma, es el sentimiento de abandono y de desprotección en el que se encuentran los miembros de las fuerzas y cuerpos del Estado por parte de quien tiene la obligación de protegerlos y defenderlos, como es el caso del Gobierno de España.