Dos absoluciones de escándalo

La lentitud de la Justicia es una condena ilegal, como tiene establecida la sabiduría jurídica desde tiempos inmemoriales. Pero existe una condena mayor, la de un proceso largo y tortuoso que, al final, acaba en nada porque se ha acusado a una persona sin pruebas suficientes. A una sola persona o a más de veinte a la vez y que todas ellas resulten absueltas. ¿Qué ocurre entonces? En esos casos, solo queda la disculpa de alguno de los actores inculpatorios en el proceso penal. Pero no siempre es así; es más, casi nunca pasa así.

Solo en ocasiones excepcionales sucede lo que ocurrió en Mallorca hace unos días, cuando el fiscal anticorrupción, en su turno de palabra, al borde del llanto, cargó contra la investigación y las decisiones de sus colegas: "Este procedimiento es un fracaso, un fracaso de la administración de justicia, un fracaso total". Este era el fin desastroso del llamado caso Cursach, una investigación que se ha prolongado durante casi una década por una supuesta trama empresarial y policial que no existía como tal. O que no se ha podido demostrar, que es un principio fundamental, no solo del proceso penal, sino de la civilización: onus probandi, el que acusa tiene que probar.

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EFE

Las disculpas no han existido en otro final desastroso de un proceso penal, este en Sevilla, centrado en la figura de un político de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, un histórico dirigente de Comisiones Obreras, que fue procesado en cuatro causas por supuestos delitos de corrupción y de los cuatro, de todos, ha quedado absuelto tras una década de investigaciones. En este último caso, ha sido el afectado quien está clamando al menos una disculpa, pero no ha sucedido.

De estas dos absoluciones de escándalo, la más llamativa es la que se refiere al proceso de Mallorca, la que ha sentado en el banquillo al empresario Bartolomé Cursach, dedicado al ocio nocturno, y a dieciséis personas más, que llegaron a ser hasta veinticuatro al inicio de la investigación; personas del entorno del principal acusado, políticos, policías y funcionarios. Es conveniente detenerse en los primeros días de este caso, en los delitos por los que se procesó al empresario y en el tiempo que estuvo en la cárcel, trece meses, con acusaciones por cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, pertenencia a organización criminal, fraude fiscal, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores, delito contra los trabajadores, falsedad documental, estafa procesal, tenencia ilícita de armas y narcotráfico.

¿Puede alguien entender que todo esto suceda en un Estado de derecho como el español, que, de facto, se arruine la vida de una persona, y que luego se desvanezca todo porque no existen pruebas de nada? La única explicación que existe en este caso está en la catadura moral y profesional de quienes iniciaron esa investigación: el juez de instrucción, Manuel Penalva, y el fiscal, Miguel Ángel Subirán. Son ellos dos, actualmente jubilados por incapacidad, sobre quienes recaen todas las sospechas por detenciones ilegales, coacción de testigos y obstrucción de la justicia. El llanto y el reconocimiento del fiscal Tomás Herranz, que le honran como persona y como profesional, no pueden, sin embargo, quedarse ahí. Ya ni siquiera es suficiente que paguen sus culpas aquellos que cometieron las irregularidades que ahora se destapan. Este caso debería servir para una revisión general del procedimiento penal en España, porque resulta inexplicable e insostenible que una investigación así se mantenga durante diez años sin que en el Poder Judicial ni en el Ministerio Fiscal salten todas las alarmas.

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El caso del sindicalista y ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, tiene la misma gravedad en lo que afecta a esta persona, pero no así en el resto de la causa, por la que sí ha habido personas condenadas y otras que, tras pactar con la Fiscalía, han admitido la corrupción por la que estaban procesados. Por ello, solo puede hablarse de un "fracaso total de la Justicia" en lo que concierne a este hombre que ha sido acusado en cuatro causas distintas —¡cuatro!— por numerosos delitos de prevaricación, de fraude, de delitos societarios, de financiación ilegal de su partido a través de mordidas con empresas que contrataban con el Ayuntamiento, y en todas ha salido libre.

En el último juicio celebrado, conocido como caso Fitonovo, le bastó decir en el juicio que no tenía nada que ver con lo que allí se estaba juzgando para que el fiscal retirase las peticiones de penas, porque no se podían sostener con nada más. "No había pruebas ni ahora ni entonces, pero la Abogacía del Estado presentó escrito contra Antonio Rodrigo Torrijos por delitos más graves que los sostenidos por el Fiscal, y años después, con el mismo material probatorio, retiró la acusación", sostiene ahora la defensa de Torrijos.

El exconcejal carga, fundamentalmente, contra la jueza instructora, Mercedes Alaya, a la que acusa de un proceso inquisitorial y de engordar artificialmente las causas para perjudicarle políticamente. En esto último, se puede entender la queja, no solo por su cuádruple absolución, sino también por las de otros imputados en algunas de las macrocausas que impulsó Alaya. Pero es evidente que la jueza no se inventó lo sucedido porque, como queda dicho, en este último caso en el que Torrijos ha salido absuelto, otros diez acusados han admitido la culpa. La cuestión aquí se ciñe a una única pregunta: ¿cómo pueden mantenerse tan graves acusaciones durante tantos años contra una persona sin la más mínima base probatoria?

¿Cómo pueden mantenerse tan graves acusaciones durante tantos años contra una persona sin la más mínima base probatoria?

"Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", nos dejó dicho Séneca hace 2.000 años, pero en España sigue siendo el peor mal al que nos enfrentamos en los tribunales. Conviene recalcarlo justo en estos momentos de grave deterioro de las relaciones institucionales de los poderes del Estado, por la invasión del Ejecutivo y Legislativo en la autonomía e independencia del Poder Judicial, imprescindible en una democracia.

Se ha consumado lo que ya, en septiembre, se vaticinó aquí como un intento de golpe de Estado de facto contra el Poder Judicial por parte de los otros dos poderes, los poderes políticos. Si contemplamos el origen y el objetivo de esta crisis institucional, observaremos que nada tiene que ver con los problemas reales de la Justicia, los que padecemos todos los ciudadanos, los que conllevan situaciones extravagantes o grandes injusticias. Además de poner en peligro la estabilidad democrática, añaden problemas a los que ya existen. Estas dos absoluciones, que no son las únicas, que solo sirven como símbolo de un desastre mayor, tienen que hacernos ver que el escándalo principal es este al que asistimos, una crisis institucional nunca vista por el simple reparto de cuotas entre los partidos políticos. En vez de mejorar la Justicia en España, la empeoran; en vez de solucionar problemas, los añaden. Todo por ambición de poder. Nada que impulse el progreso de la Justicia, nada que beneficie a los ciudadanos.