Indultar a Puigdemont, sí o no

El nuevo respaldo de la Justicia europea a la causa judicial española contra el independentismo catalán plantea una pregunta urgente para esta campaña electoral: "En el caso de que sea condenado Carles Puigdemont, ¿le concedería usted el indulto? ¿Sí o no?". Eso es todo, que lo respondan los candidatos, porque estará bien conocer su opinión sobre el futuro del individuo que más daño ha intentado ocasionar a la democracia española y al prestigio internacional de España en las últimas décadas. Como las elecciones han arrancado con un debate cruzado sobre qué es mentir, faltar a la palabra o cambiar de opinión, como estamos en ese rasero del compromiso político, que se responda a la pregunta con claridad para poder conservar las respuestas.

Ya sabemos que el indigno expresidente de la Generalitat de Cataluña es un escapista experimentado, un trampista consumado gracias a la financiación que recibe para pagar durante tantos años las minutas de sus abogados, pero, aun así, aunque consiga alargar el proceso algún año más, finalmente acabará sentándose ante un tribunal de Justicia de España. Y por los precedentes que tenemos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los secesionistas que no se fugaron, podemos apostar a que será condenado por lo que hizo. Incluso con las rebajas penales aprobadas por este Gobierno, que eliminó el delito de sedición y amortiguó la malversación, Puigdemont se enfrenta a una pena de cárcel de 12 años. Eso ocurrirá y, si es condenado, ¿quién es partidario de indultarlo? Dígase.

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Además, Puigdemont no es Oriol Junqueras. También es preciso establecer una diferencia entre ambos. Los dos participaron en la comisión del mismo delito, la declaración de independencia de Cataluña, pero Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, permaneció en España, fue encarcelado y afrontó un juicio en el que fue condenado. Y cumplió tres años y casi ocho meses de cárcel de los 13 años a los que estaba condenado (menos de un 20% de la pena impuesta). Luego fue indultado y, desde que salió de la prisión, no ha vuelto a vulnerar la ley, por mucho que en los mítines sigan repitiendo aquello de "ho tornarem a fer". Sí, que sí, "lo volveremos a hacer"; lo dicen, pero no lo hacen, porque ya saben lo que ocurre. En todo caso, incluso con las diferencias políticas abisales que se puedan mantener con Junqueras, como demócratas, debemos reconocerle el acatamiento del Estado de derecho, que no es algo baladí.

En el caso de Junqueras, y los demás de la revuelta independentista que fueron a la cárcel, podría entenderse, y hasta compartirse, la decisión del presidente Pedro Sánchez de concederles el indulto (no así la reforma penal) para contribuir a la reinstauración de la normalidad autonómica en Cataluña. Nada de eso afecta a Carles Puigdemont. Ninguna de las razones políticas que justificaban el indulto a los independentistas encarcelados podría aplicársele al indigno expresident de la Generalitat de Cataluña. Ya ni siquiera se trata de una cuestión meramente española porque, en todos estos años en los que ha estado en su retiro dorado de Waterloo, el fugado se ha ido enfrentando, progresivamente, a todas las instituciones europeas. Primero fue el Estado español, pero ahora es la propia Unión Europea a la que acusa de vulnerar derechos fundamentales. Antes, culpaba a España de tener presos políticos, ahora culpa a toda la Unión Europea de ser un "perseguido político". Antes, no cabía en España; ahora, no cabe en todo el continente europeo.

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Si la acción de la Justicia penal siempre persigue la prevención del delito, ese principio básico debemos considerarlo especialmente cuando se trata de un tipo como Puigdemont que, desde que se fugó de España escondido en el maletero de un coche, ha intentado por todos los medios desacreditar y ridiculizar a la Justicia española y, por extensión, a todo el Estado español. Prevención del delito, que no es ni venganza ni humillación; ese concepto figura entre los principios rectores de las Naciones Unidas en justicia penal, porque se trata simplemente de que una sentencia sirva de escarmiento público para disuadir a quienes pretendan cometer nuevos delitos similares. Prevención del delito, sí, la especial, que es la que afecta a los delincuentes, y la general, que es la que va dirigida a toda la sociedad, sobre todo a quienes han jaleado la revuelta independentista catalana, dentro y fuera de Cataluña.

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Gracias a la acción contundente de la Justicia en España, a la rigurosidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, y a la persistencia implacable del juez Llarena; gracias a la independencia de jueces y fiscales, junto al trabajo de las fuerzas de seguridad, se pudo desmontar, anular y condenar aquel intento golpista contra la Constitución española. Por ese efecto de la prevención de todo proceso penal, pudimos oír a uno de los consejeros de Puigdemont, Santi Vila, narrar la epatante frivolidad con la que organizaron aquel escándalo monumental, que hizo tambalearse la democracia española. "La mayoría del Gobierno de Puigdemont éramos supercatalanistas, pero también españoles. Solo queríamos eso, tensar la cuerda para conseguir algo del Gobierno de Rajoy", como dijo en El Confidencial. Y hemos podido ver cómo el mayor de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, reconocía ante un tribunal que el procés independentista era una locura, cada acto. "Una barbaridad más de las muchas que estaban haciendo en ese momento y que los jueces acabarían poniendo en su lugar". Esa es la prevención, aquello ilegal que la Justicia pone en su lugar. De modo que, ahora que estamos en campaña electoral, conviene ser claros con respecto al futuro de ese individuo, Carles Puigdemont. Una sola pregunta: si es condenado, ¿lo indultaría usted? ¿Sí o no? Dígase.