Begoña Gómez, tres escándalos precedentes

Antes de Begoña Gómez, en España ya se desataron tormentas políticas por escándalos similares a los que se le atribuyen ahora a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De modo que lo único que no cabe esperar, ni tolerar, del Gobierno ni de un partido como el PSOE, es el asombro ni el berrinche porque ellos mismos han secundado y fomentado episodios similares. Todo lo demás, el acoso al medio de comunicación que le pone delante su espejo, pertenece ya a otro género. Pero, en sí mismo de lo que hablamos son al menos de tres escándalos conocidos, con la única salvedad de que, por primera vez, le afectan a un presidente del Gobierno de España. Habrá que contabilizarlo como los otros episodios, ya anotados, de este tiempo de las primeras veces en España.

El primero de los escándalos tiene que ver con la incompatibilidad del presidente Sánchez al no ausentarse de las reuniones del Consejo de Ministros en las que se aprobaron las ayudas para la UTE, con cartas de apoyo que llevaban la firma de su mujer. El segundo se refiere a la importancia penal que pueda tener el simple hecho de firmar una de esas cartas de apoyo a una empresa. El tercero, finalmente, está relacionado con las dudas que existen sobre el currículum de Begoña Gómez y su vida profesional anterior, si está acreditada la licenciatura que afirma tener. Escándalos que se denominan así como escándalos, no porque impliquen, necesariamente, consecuencias penales, como veremos ahora sino porque se instalan en el debate político y, en ese aspecto, sí pueden tener repercusiones si los afectados no saben gestionar la crisis con acierto.

La incompatibilidad del presidente. De todas las aristas que se identifican en el comportamiento de Begoña Gómez desde que llegó a la Moncloa, en julio de 2018, la que afecta de una forma más directa a su marido, Pedro Sánchez, es aquella que tiene que ver con las incompatibilidades y conflictos de intereses de los gobernantes y altos cargos del Gobierno de España. El problema que observamos, a menudo, en la clase política española es que, por etapas, se defiende y se aprueban leyes rigurosas para perseguir cualquier tipo de corrupción y, posteriormente, cuando se ven afectados por esa rigurosidad, son los propios legisladores los que denuncian ese rigor. En el caso que nos ocupa, el conflicto de intereses, artículo 11 de la ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que “un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos” y, por intereses personales se entienden también “los intereses familiares incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva”.

A pesar de la contundencia que podemos entender que se contiene en esa literalidad la interpretación jurídica puede ser distinta. Así ocurrió, por ejemplo, en la primera década del siglo, cuando en Andalucía se denunció que el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, incurrió en incompatibilidad por no ausentarse de un Consejo de Gobierno en el que se autorizó una subvención de más de diez millones de euros para la empresa, Matsa, en la que trabajaba su hija, Paula Chaves. La hija de Chaves llevaba poco trabajando para esa empresa, como apoderada intervino en el proceso de solicitud de la subvención, y su padre no tuvo ni la prudencia de ausentarse de la reunión en la que se concedió el dinero. Aun así, la subvención acabó finalmente anulada por los tribunales de Justicia, pero no por esa circunstancia, sino porque, además de todo, la ayuda se había concedido cuando el proyecto ya estaba iniciado, circunstancia prohibida expresamente por la normativa europea. Ya veremos qué recorrido tiene el caso de Begoña Gómez porque, como en el caso de Chaves, puede que acabe en nada por las incompatibilidades pero, evidentemente, constituye un escándalo político.

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La importancia de firmar una carta. Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno, y por distintos portavoces del PSOE, tiene que ver con la escasa relevancia que le conceden al hecho de que Begoña Gómez haya firmado una carta de apoyo a una UTE para que recibiera subvenciones del Gobierno que preside su marido, Pedro Sánchez. Algunos juristas han recordado, a raíz de este caso, el ocurrido en 2009 cuando se supo que el juez Baltasar Garzón solicitó por carta al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, financiación para unos cursos universitarios. “Querido Emilio, te agradezco la financiación”, decía alguna de aquellas cartas del juez al banquero, cuando el Banco Santander accedió a pagar 260.000 euros para esos cursos.

Cuando escribió la carta, Garzón ni siquiera ejercía como juez, porque estaba en Nueva York disfrutando de una peculiar ‘licencia de estudios’ que le había concedido el Consejo General del Poder Judicial, pero cinco meses después, cuando volvió a España, ya reincorporado a la Audiencia Nacional, recibió una querella contra Botín y, con total descaro, no solo no se abstuvo, sino que la rechazó, la inadmitió a trámite. Se interpusieron querellas contra Botín, por presunto cohecho, y contra Garzón, pero acabaron todas en nada porque los hechos habían prescrito. La carta de Begoña Gómez, por los intereses personales descritos en la legislación sobre incompatibilidades, puede acabar con la impugnación del proceso de concesión de subvenciones, o directamente contra ella, pero ya veremos, de igual forma, el recorrido judicial que pueda tener. Objetivamente, en todo caso, una simple carta, como aquella de Baltasar Garzón, constituye un escándalo político.

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El currículum de Begoña Gómez. Pocos asuntos han provocado en España debates más llamativos, y populares, que los referidos a los currículums de algunos líderes políticos, cuando se descubre que estaban adulterados o, directamente, falsificados. Es lo que ocurre con Begoña Gómez, en relación con su afirmación curricular de que es licenciada en Marketing y que es “experta en captación de fondos públicos europeos”. De las dos afirmaciones la única que se puede constatar con un documento es la primera, pero eso es, precisamente, lo que se cuestiona en el ámbito académico. Afirman que esa licenciatura, como tal, no existe. El escándalo se incrementó cuando se supo que dirigiría una cátedra extraordinaria, auspiciada, curiosamente, por la empresa que respalda por carta para la obtención de subvenciones del Gobierno. “¿Cuál es el currículum académico de Begoña Gómez?, ¿qué títulos tiene?, ¿qué artículos ha publicado?, ¿qué tesis ha dirigido?”, preguntaron en redes sociales algunos académicos.

Tampoco este escándalo, del que no se conocen las respuestas, puede resultarle nuevo al PSOE ni a Pedro Sánchez. Recordarán lo ocurrido con Pablo Casado, cuando presidía el Partido Popular, y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid: ambos fueron acusados de haber obtenido el título de posgrado sin haber acreditado los méritos y conocimientos requeridos. Se sometió a investigación judicial y los tribunales constataron el trato a favor, pero no apreciaron ninguna irregularidad. En esa época, el PSOE se empleó a fondo en la crítica a los dirigentes del PP. “Para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis, acabemos con la sospecha”, decía entonces Pedro Sánchez. Pues eso, lo mismo en el caso Begoña Gómez. No más. En vez de amenazar que se limite a responder ahora que es él quien está bajo el foco de las preguntas.