Magdalena y los santos inocentes de los ERE

El Tribunal Constitucional ha sido más severo e implacable con los jueces de los ERE que con los políticos condenados por ese fraude. Esa es la gran novedad de la decisión del Constitucional cuando ha comenzado a resolver los recursos presentados, porque lo que se conocía desde hace muchos meses es que iba a darles la razón, al menos parcialmente, a los dirigentes de la Junta de Andalucía que perpetraron aquel sistema fraudulento para usar a su antojo los cientos de millones de euros en subvenciones.

Tan relevante es el sesgo de interpretación del Tribunal Constitucional que, de hecho, si hubiese aplicado la misma lógica jurídica y el mismo rigor ético con los condenados de los ERE, no habría tenido ninguna duda para ratificar de la sentencia. Pero entre amonestar, censurar y criticar con dureza el comportamiento de los gobernantes socialistas de la Junta de Andalucía y hacerlo con los jueces y magistrados que les condenaron, ha optado por lo segundo. Quiere decirse con ello, como ahora detallaremos, que no se discuten las dudas y la discrepancia jurídica que existía sobre algunos de los delitos que se cometieron en ese escándalo, pero para inclinar la balanza hacia un lado, culpabilidad, o el otro, inocencia, hay que responder antes si, en algún momento, los gobernantes andaluces actuaron sin conocer, expresamente, que estaban incumpliendo la ley. Lo sabían, actuaron a conciencia para nutrir la red clientelar del PSOE de Andalucía, hegemónico durante cuarenta años en esa comunidad, y, ahora, muchos de ellos se libran de toda culpa porque, como queda dicho, el Tribunal Constitucional ha decidido ser más duro y exigente con el Tribunal Supremo que con los condenados del mayor fraude conocido.

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Entre las ‘evidencias bobas’ que, en otras ocasiones, hemos señalado aquí para intentar despejar la duda de si los máximos responsables del Gobierno andaluz conocían que estaban cometiendo un fraude con la adjudicación de esas subvenciones, la más contundente de todas es que esos mismos gobernantes actuaron de forma correcta antes y después de incumplir la ley. Fijémonos en los dos presidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Si sumamos las carreras de ambos, vemos que estuvieron en el Gobierno andaluz desde 1990 hasta 2013. De esos 23 años, las subvenciones de la Junta de Andalucía se otorgaron legalmente en los primeros diez años y, posteriormente, en los tres últimos.

El periodo del fraude de los ERE está justo en el medio de esas dos etapas de legalidad, con lo que queda claro que se distinguía perfectamente qué procedimiento era legal y cuál no lo era. El comienzo del fraude coincide con la primera mayoría absoluta del PP en Madrid, en el año 2000, y el final de la ilegalidad se produce en 2011, al poco de que el famoso director general de Trabajo, Javier Guerrero, ya fallecido, desvelara ante la juez Mercedes Alaya que existía un ‘fondo de reptiles’, opaco, para conceder las subvenciones sin seguir las exigencias de transparencia, publicidad y libre concurrencia. Es decir, el fraude empieza con la intención indiscutible de asegurar la hegemonía socialista en esa comunidad, hasta entonces considerada como ‘el granero electoral’ del PSOE, y se acaba en cuanto se descubre y estalla el escándalo. Añadamos a todo ello que tanto Chaves como Griñán, sobre todo este último, eran especialistas en derecho laboral y conocían a la perfección la normativa vigente, y que Magdalena Álvarez, la primera de las exculpadas por el Constitucional, es inspectora de Hacienda, con sobrados conocimientos sobre cómo debían figurar en los presupuestos las partidas presupuestarias que se dedicarían al ‘fondo de reptiles’ para que no fuera fácil localizarlas.

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La sentencia del Tribunal Constitucional, siguiendo la tesis de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán y de la Fiscalía, lo que sostiene es que la aprobación de un proyecto de ley de presupuestos no puede ser perseguido jurídicamente por las propias características de ese texto: es un proyecto, no una realidad. Tienen razón, sin duda alguna, porque quien aprueba los presupuestos, como todas las leyes, no es el Gobierno, sino los parlamentos. Por esa razón, se pone de parte de los condenados de los ERE que recurrieron la sentencia del Tribunal Supremo, y de la Audiencia de Sevilla, y deja claro que los tribunales de Justicia "pueden reaccionar contra la forma jurídica que resulte de esas intenciones, pero la intención misma y su debate o discusión son inmunes en una sociedad democrática a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate público". A partir de ese criterio, el Tribunal Constitucional se emplea con dureza contra los magistrados, los acusa de haberse extralimitado, de haber infringido la separación de poderes, y les recrimina, para que vayan asumiendo los varapalos que seguirán llegando, que "el contenido de los anteproyectos y proyectos de ley no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial".

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Como se decía antes, lo que no se puede obviar es que el debate jurídico sobre la aplicación de algunos delitos en el fraude de los ERE, como este de la prevaricación continuada que se elimina, existe desde la misma fase de instrucción, con lo que no se le puede reprochar nada al Tribunal Constitucional en ese sentido. Salvo que esa controversia fue la que resolvió, definitivamente, el Tribunal Supremo, que es el “órgano jurisdiccional superior a todos los demás” en nuestro Estado de derecho, como dice la Constitución. Para el Supremo, a la vista de toda la montaña de pruebas y de indicios, y de la perseverancia de un sistema ilegal de concesión de ayudas durante un decenio, lo que no se puede defender es que un Gobierno es del todo inocente de cuanto aprueba y remite al Parlamento, año tras año, un proyecto que contenía el engaño masivo, envuelto en el papel disimulado de un epígrafe insulso: ‘partida 31.L’.

El mismo presidente de la Junta, como muchos de sus consejeros, eran también diputados elegidos en las urnas, formaban parte del grupo parlamentario socialista, con mayoría absoluta, y no tenían ninguna duda de que el Parlamento andaluz aprobaría sin dificultad el proyecto de presupuestos que presentaban. Solo ellos conocían la trampa que se escondía. ¿Acaso el comportamiento de ese Ejecutivo no es también una forma de infringir la separación de poderes, por la falta de respeto al Legislativo? El “derecho a la legalidad penal” que les reconoce el Tribunal Constitucional a los condenados de los ERE está mancillado, pisoteado, por los propios protagonistas desde el momento en el que idearon este sistema para, precisamente, utilizar el dinero sin que nadie lo pudiera detectar ni fiscalizar. No existen santos inocentes de los ERE, que no, de modo que, al menos, nos ahorren el agravio de querer presentarse ahora como víctimas injustamente perseguidas por los demonios.