City-Managers: Despedir a todos los alcaldes

Hemos cometido el mayor error de nuestra vida política, al encargar la administración de nuestros intereses municipales a los cargos electos. Pensar que por ser candidatos a cubrir las distintas listas electorales municipales, sabrían cómo administrar nuestro dinero, es la extravagancia más cara y tal vez la más estúpida,  de nuestra corta democracia.

Hemos dado la oportunidad de un expolio continuado de nuestras carteras a tipos a los que jamás nadie pidió cualificación ni probidad alguna para gestionarlas. Gentes que pasaron como un huracán por encima de una función poco garante de Secretarios e Interventores, ante casos de desfalco tan evidentes como el de Marbella o tantos otros municipios, a través de las más burdas maniobras imaginables.

¿O cómo habríamos de llamar, a que después de pagar religiosamente impuestos y tasas municipales, nuestros proveedores lleven entre uno y dos años sin cobrar, y nadie sepa cuantificar la deuda acumulada por los ayuntamientos? Lo que si sabemos, entre tanto, es que las Cajas de Ahorro, incomprensible refugio natural de los políticos municipales, han perdido decenas de miles de millones de euros, de los que muchos constituyen una simple malversación de caudales públicos. Razón por la cual, más de 200 ediles pasaron por la cárcel en los últimos años. Pero mucho nos tememos, que la corrupción hasta ahora descubierta, no sea más que un pequeño porcentaje del total malversado.

Valga como ejemplo de esta cleptocracia descarada, que en una Caja, la CCM, con pérdidas estimativas de hasta 9.000 MM de euros (1 billón y medio de las antiguas pesetas, frente a los 600.000 MM de desfase patrimonial de Banesto en la intervención, recordemos), se producía el caso de colusión más asombroso de entre los conocidos. El Director General de la misma, era, a su vez, Director General de Tinsa, la entidad que tasaba y que se ponía de acuerdo en la valoración más conveniente a sus promotores asociados. De este modo, se hacían con terrenos a recalificar por los correspondientes alcaldes afectos, sin desembolso, como así parece deducirse de lo comentado sobre el texto de la demanda interpuesta por el ex-fiscal Gordillo.

¿Pero cómo no habríamos de acumular 1 billón de euros de Deuda, si esta actuación se hizo posible en cada Caja y en cada municipio de España? Con posterioridad, todo suelo sin licencia, o con ella, pero sin viabilidad comercial a causa de la crisis, dejaría prácticamente a valor cero lo financiado, y con una pérdida a trasladar mediante el FROB,  a todos los españoles. Entre tanto, los autores del montaje, ajenos a cualquier responsabilidad, pasaban  a formar parte de unas fundaciones de esas Cajas, creadas para seguir manteniéndoles el sueldo y privilegios anteriores, como si nada hubiese sucedido y como si su gestión mereciese tal recompensa.

Los mecanismo urdidos para tales desfalcos eran de sobra conocidos: creación de empresas y entes municipales para eludir el control de la Ley de Contratos Oficiales, sobrecoste sistemático en las licitaciones con retorno en efectivo que sufragaba operaciones tránsfugas y bolsillos privados, financiación irregular de actividades de los partidos, obras y otras prestaciones a los políticos favorecedores, aprovisionamientos ficticios, contrataciones masivas de personal fuera de criterios objetivos, solo por su pertenencia a las redes de los partidos y familiares, ocultos como asesores personales, subvenciones por múltiples pequeños importes, gastos improcedentes, teléfonos móviles sin asignación específica, viajes familiares encubiertos, etc.

El resultado de nuestra imprevisión y absurda tolerancia, es esta gran pira en la que hemos estado quemando billetes sin parar. Con el resultado de que lo tributado, ha desaparecido sin pagar a los proveedores. Por lo que el Gobierno ha de provisionar ese importe, vía Deuda, a causa de nuestro déficit presupuestario, adicionalmente al dinero que hemos quemado con la actuación de las Cajas. Un dinero que, además, resultó no ser nuestro: lo debemos a acreedores extranjeros, que ante el menor desfallecimiento, podrían solicitar la intervención de nuestra economía.

Los politólogos expertos, consideran que la corrupción es el peor enemigo de  la democracia y un impedimento para lograr la necesaria confianza social de los administrados en sus representantes. La razón que aduce uno de los más reconocidos expertos en la materia, el Profesor Victor Lapuerta, del Quality of Government Institute de Gotemburgo, es la red clientelar que acompaña a cada cargo electo, que propicia la sensación de impunidad y facilita la comisión del delito. Y el que en muchos municipios se vote mayoritariamente a partidos con integrantes denunciados por corrupción, obedece, también, a esa red clientelar de contraprestación de favores masivos, que entre otras cosas, ha devenido en la compulsiva y nepotista contratación  de casi un millón de personas en los últimos 15 años, justo cuando mayor desarrollo informático se alcanzó.

Podríamos debatir, si fue por falta de principios o por culpa de los procedimientos. Pero la pasada semana, bien claro dejó este foro, que esa discusión no era tan pertinente como la necesidad de proponer alternativas consistentes. Y la fórmula más procedente, vistos los antecedentes, sería impedir que los cargos electos dispusiesen de firma para gestionar nuestros recursos, o para otorgar licencias o modificaciones de planes urbanísticos.

Los dos modelos de gestión municipal, objetivamente más útiles en el mundo desarrollado son : a) la Meritocracia Administrativa, seguida por los eficientes países escandinavos; y, b) la licitación pública de la gestión municipal, los llamados City-Managers, en uso en UK, Estados Unidos, Canadá y Australia. Nos inclinamos por estos segundos para España. La razón, no es demérito de nuestro funcionariado, sino la sospecha de que la clase política, no se mantuviera convenientemente alejada en el proceso.

De los más de 8.000 municipios, frente a 450 en UK, con más habitantes,  los pequeños podrían agruparse en comarcas y convocarse licitaciones públicas para la gestión profesional e independiente de los entes resultantes, en los que las decisiones, serían de exclusiva responsabilidad del adjudicatario de la contrata, cohesionado provincialmente, para generar economías de escala en su gestión, a través de las diputaciones provinciales. 

Para los medios y grandes, la licitación, sería indicada para las grandes consultoras y auditoras, como un nuevo nicho profesional de mercado, en el que aplicar su talento y capacidad para la contratación objetiva. Con este tipo de organizaciones profesionales, los objetivos a cumplir serían mucho más de servicio público, que de rendimiento político y limitarían el fácil acceso al dinero y a  la red clientelar, que viene corrompiendo sin descanso nuestra vida municipal.

¿Qué tendríamos para nuestros electos, alcaldes y concejales? En los grandes, solo un consejo de deliberación municipal, que prepara los plenos y escucha y sintoniza con los problemas de la sociedad local. Por ello, recibirían una compensación objetivada para una empresa de esa dimensión. Y para los pequeños y medianos, una importante reducción del número de concejales, solo deliberantes, con compensaciones y gastos de acuerdo niveles comparativos de empresa.

Creo que el recto sentido y la experiencia acumulada en su vida profesional por una sociedad civil consciente de este persistente comportamiento anómalo y de los riesgos de continuar así, obliga a debatir sobre la propuesta de una urgente agrupación de pequeños municipios y a  la reducción del número de cargos electos, así como a la completa tercerización de la administración municipal, siguiendo pautas de los países mejor gestionados.

Despertar una mañana con la sensación de que tu municipio no paga desde hace años por los servicios que te cobra, de que acumula deudas multimillonarias persiguiendo proyectos políticos personales y manteniendo monstruosas redes clientelares, destinadas a la ficción contable y a dificultar la exigible transparencia, es una razón de peso, para expulsar a los alcaldes y demás cargos electos, de la gestión económica municipal, para apartarles del dinero y de las decisiones con las que, tan astuta y fraudulentamente, se lo venían procurando.